Voladura controlada del Partido Popular

Dejemos clara una cuestión, para que no haya dudas: si se demostrara o demostrase que cargos del PP tuvieron alguna implicación, por pequeña que esta fuese, en la comisión de algún delito tipificado por la ley, este partido estaría en la obligación de apartar de militancia a esas personas e, incluso, de personarse contra ellas en la instrucción que el juez lleva a cabo, todo ello con el fin de limpiar el buen nombre del partido y de demostrar que no se actúa igual desde la derecha que desde la izquierda en estos asuntos. Como lo ha demostrado Alberto Núñez Feijóo, a quien solo cabe alabar por la inmediata reacción nada más conocerse que el cabeza de lista por Orense había tenido problemas con Hacienda en otros tiempos. Ojalá en política se actuara siempre así. Dicho esto, a lo que estamos asistiendo es a una ceremonia de totalitarismo y de violación de las reglas del juego democrático como nunca antes habíamos vivido en este país. Es muy grave, tanto que lo que está haciendo el Partido Socialista es vulnerar hasta tal extremo las leyes y el Estado de Derecho que sin duda alguna su actitud debería de ser objeto de investigación judicial y, si me apuran, de imputación de los delitos correspondientes en un asunto en el que es más que evidente que se están sobrepasando todos los límites de lo tolerable.

 

Todo esto forma parte de una estrategia perfectamente diseñada para acabar con el Partido Popular en unos meses. El primer paso fue el ‘caso del espionaje’. Con él se pretendía llegar hasta las elecciones de marzo, puesto que se trataba de un asunto lo suficientemente sustancioso como para mantener la tensión informativa entorno al mismo hasta esa fecha. El segundo paso se iba a dar en mayo, cuando el juez Garzón pusiera en marcha las diligencias que estos días estamos conociendo. Sin embargo, la noticia de que el principal responsable de la supuesta trama de corrupción, Francisco Correa, iba a viajar a África en esas fechas ha obligado a Garzón a adelantar sus movimientos a estas más próximas. El objetivo, sin embargo, se mantiene: perjudicar gravemente los intereses electorales del PP y que el partido de Rajoy pierda las elecciones europeas en medio de una marea intensa de acusaciones de corrupción que, probablemente, alcancen a algún ayuntamiento pero que, les aseguro, en ningún caso afectan a la actual estructura del Partido Popular. Si Rajoy pierde las elecciones europeas, el PSOE sabe que se abrirá de nuevo un proceso de cuestionamiento al líder del PP que con total seguridad desembocará en un nuevo congreso, de carácter extraordinario, para elegir un nuevo líder. Ese momento de extrema debilidad, de llegar a producirse, será aprovechado por Rodríguez Zapatero para adelantar las elecciones y en plena crisis económica pedir a los españoles una mayoría suficiente que le permita solucionar los problemas del país. Y no es descabellado pensar que con la oposición destrozada, Rodríguez consiga su objetivo.

En esa estrategia el Gobierno y el PSOE cuenta con un doble aliado: por una parte los medios de la izquierda y sus dos buques insignia, PRISA y Mediapró, dedicados en exclusiva a minar la imagen del PP y a atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, sin cuartel. Por otra, El Mundo, con la singular cooperación del programa de la mañana de la Cadena COPE –no así el resto de la programación, porque de hecho son muchos en esa radio y en la televisión del grupo los que no se identifican con la estrategia de La Mañana, y así me lo han hecho llegar-, cuyas baterías apuntan a la calle Génova con el único objetivo de cargarse a Mariano Rajoy, cueste lo que cueste y caiga quien caiga, y todo porque el líder del PP no se ha querido plegar a sus intereses. Este es el escenario, un escenario que cuenta, además, con la inestimable colaboración, a veces inconsciente y otras no tanto, de una militancia ‘popular’ desencantada y dispuesta en muchos casos a abandonar al partido a su suerte porque ha perdido la confianza en él y en su líder, al que no ven con la suficiente autoridad como para guiarles por la senda de la ilusión y la esperanza. Y todo ello en el marco de una profundísima crisis de la que vamos a tardar en salir lo que no está en los escritos.

El guión, como ven, es para una película de terror, en la que Rodríguez podría ocupar el papel protagonista, un Jason cualquiera dispuesto a llevarse por delante a todo el que le plantee la más mínima oposición a su particular Viernes 13 de derrota de la democracia y el Estado de Derecho. De la libertad, en suma. Rodríguez y el PSOE están demostrando que no tienen escrúpulo alguno a la hora de violar las reglas más elementales del juego democrático. Todo con tal de seguir en el poder. El fin justifica los medios, aunque lo medios impliquen la deconstrucción del edificio constitucional que levantamos en la Transición. La democracia se sostiene, entre otras cosas, por la garantía de la alternancia en el poder, y precisamente eso es lo que Rodríguez quiere destruir ahora que la crisis y la cifra maldita de los cuatro millones de parados hacia la que nos dirigimos de manera inexorable, ponen en peligro cierto su continuidad al frente del poder. Y para ello no tiene prejuicio alguno a la hora de utilizar las instituciones y a la Justicia en su favor, sobre la base seguramente cierta -ni en el PP lo ponen en duda- de un caso de corrupción en un ayuntamiento del noroeste de Madrid -Boadilla-, para extender el manto de la sospecha sobre todo el Partido Popular, sin excepción. Una acción para la que cuenta con la colaboración inestimable de un juez, Garzón, cuyo solo nombre desprestigia el noble ejercicio de la Justicia y al que el Consejo General del Poder Judicial debería haber apartado hace tiempo de su puesto. Pero, ¿cómo va a hacerlo si fue él quien recomendó a Rodríguez el nombre de Carlos Dívar para presidir ese órgano de los jueces?