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Federico Quevedo

Dos Palabras

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Conozco a Rita Barberá desde hace ya unos cuantos años, y salvo que se esté haciendo con un patrimonio multimillonario en Honolulu, puedo asegurarles que no

Conozco a Rita Barberá desde hace ya unos cuantos años, y salvo que se esté haciendo con un patrimonio multimillonario en Honolulu, puedo asegurarles que no he visto persona más honesta, sencilla y austera que la alcaldesa de Valencia. Quizá seguida muy de cerca por el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps. Sin embargo, desde determinados medios de comunicación, en perfecta sintonía con la práctica totalitaria de un Gobierno que por el contrario sí que se encuentra bajo sospecha de casi todas sus actuaciones, se está llevando a cabo una estrategia de acoso sistemático a determinados dirigentes del Partido Popular que raya con lo obsceno, por un lado, y lo antidemocrático por otro.

La estrategia de acabar con el principal partido de la oposición no es nueva: Rodríguez ya la puso en práctica durante la pasada legislatura. Entonces lo intentó por la vía del aislamiento llevando a la práctica aquel precepto del Pacto del Tinell que impedía a sus firmantes llegar nunca jamás a ninguna clase de acuerdo con el PP, un pacto que recordaba mucho a otro suscrito unos cuantos años antes por Hitler y sus aliados. Pero aquella estrategia no dio resultado y, de hecho, el PP consiguió evitar la mayoría absoluta de Rodríguez en las elecciones de 2008 con un apoyo electoral que supuso el mejor resultado que había tenido nunca el centro-derecha.

La lógica dice que, a la vista del resultado de la estrategia del Tinell, y toda vez que el PP ha ido consiguiendo romper el aislamiento, el llamado "cordón sanitario" que quisieron imponer Rodríguez y sus secuaces al principal partido de la oposición, el presidente debería haber abandonado su propósito y, no digo yo que unirse a su adversario, pero sí al menos mostrar una actitud más solícita hacia quién ahora parece ser el partido preferido por los españoles –a tenor de las encuestas y los resultados electorales-.

Pero Rodríguez sufre una peligrosa enfermedad llamada "partidopopularfobia" -de la que no se conoce cura salvo la de marcharse a su casa lo antes posible-, y mientras siga en el poder hará lo posible por aniquilar a la oposición, lo cual por otra parte es un comportamiento muy democrático y que pone de manifiesto un gran talante. Y para ello ha escogido la vía del acoso judicial y policial. No es una vía nueva, porque el PSOE ya la ha puesto en práctica en lugares como Canarias, Murcia –estos dos con resultados inversos a los esperados- y Baleares. Pero en el caso del PP a nivel nacional Rodríguez ha conseguido una simbiosis de esfuerzos policiales, judiciales y mediáticos que para sí quisiera Hugo Chávez.

Fíjense: no seré yo quien niegue la existencia de una trama de comportamientos irregulares en torno al tal Francisco Correa y sus empresas. En efecto, este señor del que ahora sabemos que tiene todas las de ganar en cuanto a años de cárcel se refiere, parece ser que montó entorno a sus negocios toda una tupida red de intereses varios y diversos de la que participaban activamente algunos miembros del Partido Popular, principalmente alcaldes de la zona noroeste de Madrid y algún que otro destacado dirigente del PP en la región. De este tipo de negocios sucios que crecen en los estercoleros de la política tenemos ejemplos a ambos lados del arco parlamentario, para desgracia de una democracia incapaz de poner coto a los abusos del sistema.

Pero el PSOE se ha servido de un hecho cierto para utilizarlo como ariete contra el principal partido de la oposición en un intento por vincular a Génova y a sus dirigentes con una trama de corrupción que amenazara las estructuras del centro-derecha, como si esto fuese un nuevo caso Filesa o algo peor. La jugada les salió mal, entre otras cosas porque las chapuzas acaban teniendo siempre vías de agua, y en este caso fue la famosa cacería de Garzón y Bermejo, que puso en evidencia la confluencia de intereses contra el PP y la utilización de medios que son del Estado para fines particulares de un partido político, en lo que ya podríamos calificar como la peor de todas las corrupciones sistémicas que amenazan a este país.

Pero, lejos de amilanarse, la izquierda gobernante, con su talante totalitario y a veces casi fascista –hay declaraciones de Leire Pajín que escuchadas en boca de Goebbles no sorprenderían (otras sí, por estúpidas)-, vuelve a la carga utilizando los medios más sucios y rastreros, buscando la denigración de personas que como Camps y Barberá les dan mil vueltas en lo que a honestidad y honradez se refiere, queriendo hundir su imagen pública en ese estercolero en el que se mueven tan bien los medios del Grupo Prisa y Ferraz. Y si para eso tienen que aliarse con el diablo, no duden ustedes que ya lo han hecho. Aunque en este caso el diablo lleva barba y sea ministro del Interior.

Verán, hace unas semanas el ministro Rubalcaba me amenazó con una querella por decir en un programa de televisión que él había sido el jefe de los GAL. Obviamente me excedí en mi apreciación pues todos sabemos que detrás de aquella famosa X no se encontraba Rubalcaba y así lo hice saber unos días más tarde. Pero la rectificación de ese extremo no invalida lo más sustancial de mi argumento, y es que de aquellos polvos vienen estos lodos, que los mismos que actuaban entonces actúan ahora, y que el jefe de los cuatreros dedicados a subvertir la esencia de la democracia y aniquilar la única alternativa posible al poder de Rodríguez se llama Alfredo Pérez Rubalcaba: si hay un responsable político de la campaña de filtraciones contra el PP, es él.

Ahora, si lo que se proponen la izquierda gobernante y los medios que actúan como sicarios de la misma es cuestionar el comportamiento de la clase política en cuanto a dádivas y regalos se refiere, hagámoslo con todos y, por ejemplo, pidamos en el Parlamento que la vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega presente las facturas de todos sus trajes y complementos, así como de los tratamientos de belleza a los que se somete con cierta asiduidad. Y exijamos a Leire Pajín que explique de dónde salen sus numerosos sueldos y, sobre todo, que dé cuenta en las Cortes de las partidas que del área de Cooperación destinó a financiar los movimientos subversivos en América Latina. O que el presidente del Congreso, José Bono, explique y muestre con luz y taquígrafos el origen de su nada despreciable patrimonio inmobiliario –que ya le gustaría a Bárcenas-. Y eso es por poner solo algunos ejemplos.

Pero, da igual… ¿Saben una cosa? La diferencia entre Rita Barberá y Leire Pajín estriba en que la primera lleva muchos años entregada en cuerpo y alma a los ciudadanos de Valencia, a los que sirve con una lealtad y una vocación extraordinarias. La segunda todavía tiene que demostrar que además de acumular sueldos y descubrir conjunciones planetarias, sabe hacer otra cosa. Por eso, por muchos bolsos que le saquen a Rita Barberá, no van a poder con ella.

Conozco a Rita Barberá desde hace ya unos cuantos años, y salvo que se esté haciendo con un patrimonio multimillonario en Honolulu, puedo asegurarles que no he visto persona más honesta, sencilla y austera que la alcaldesa de Valencia. Quizá seguida muy de cerca por el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps. Sin embargo, desde determinados medios de comunicación, en perfecta sintonía con la práctica totalitaria de un Gobierno que por el contrario sí que se encuentra bajo sospecha de casi todas sus actuaciones, se está llevando a cabo una estrategia de acoso sistemático a determinados dirigentes del Partido Popular que raya con lo obsceno, por un lado, y lo antidemocrático por otro.