Entre Blanco y Urdangarín anda el juego de la corrupción

No son socios. Podrían, pero no lo son, y sin embargo a ambos les une la sombra de la sospecha. En los dos casos, y siempre según las conclusiones iniciales que no pueden oscurecer su legítima presunción de inocencia, existen aparentes indicios de que hayan podido cometer delitos ligados con la corrupción. Hablamos del ministro de Fomento y Portavoz del Gobierno, José Blanco, y del marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín. El título de este post recuerda, intencionadamente, al de aquella película de 1983 protagonizada por Eddie Murphy y Dan Aykroyd, Entre pillos anda el juego. Y es que, al final, si la Justicia acaba demostrando que esos delitos se cometieron, de lo que estamos hablando es de una verdadera pillería, de una sinvergonzonada que no solo deja en muy mal lugar a ambos personajes, a los que tendrán que castigar los jueces si constatan su culpabilidad, sino que además afecta muy directamente a la raíz del sistema y pone en entredicho la naturaleza misma de las instituciones a las que estos dos señores representan.

Blanco tendrá que rendir cuentas, no solo ante la Justicia si ésta lo estima oportuno, sino ante la propia opinión pública, porque si persiste en seguir adelante con su candidatura no le quedará más remedio que enfrentarse al examen del nuevo Parlamento que surja de las elecciones

José Blanco es miembro del Gobierno de España, y un miembro destacado además. Pero aunque no lo fuera, el hecho mismo de sentarse en la mesa del Consejo de Ministros exige a quien lo hace una conducta intachable, unos máximos de honradez y honestidad que superan los de cualquier otro ciudadano, precisamente porque ejerce un poder que afecta directamente a esos ciudadanos que inevitablemente tienen que confiar en él, porque lo ha nombrado para el cargo aquel a quien los ciudadanos han elegido para ser el presidente del Gobierno -no de manera directa, pero si indirecta-. De hecho, si no estuviéramos hablando de un caso que ha saltado a la luz de la opinión pública a las puertas de unas elecciones generales anticipadas a las que no se presenta el actual presidente del Gobierno, la consecuencia lógica sería exigirle responsabilidades políticas también a José Luis Rodríguez Zapatero, o al menos una comparecencia ante el Parlamento para que explique la situación de su ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, situación muy comprometida que debería llevarle de manera inmediata a presentar su dimisión.

Pero no ha lugar, aunque el propio Blanco debería haber comparecido ya ante la Diputación Permanente del Congreso para dar explicaciones. Eso, por desgracia, es algo a lo que estamos muy poco acostumbrados en nuestra democracia, que ya no es tan joven y que acumula importantes carencias que la debilitan. De hecho, al menos en el caso de ‘Pepiño’ sabemos que más pronto o más tarde tendrá que rendir cuentas, no solo ante la Justicia si ésta lo estima oportuno, sino ante la propia opinión pública, porque si persiste en seguir adelante con su candidatura en las elecciones no le quedará más remedio que enfrentarse al examen del nuevo Parlamento que surja de las elecciones del 20 de noviembre de 2011. Pero no ocurre lo mismo en el otro asunto que nos ocupa, y por eso me parece todavía más grave el caso de Iñaki Urdangarín ya que, de entrada, está poniendo en entredicho una institución tan íntimamente ligada a nuestro sistema democrático como es la Monarquía, porque aunque él no esté en ninguna línea sucesoria, sí que ha entrado a formar parte de la Familia Real como consorte de una infanta.

Con un agravante, y es que es la única institución de la democracia que no depende de la soberanía popular, por lo que Urdangarín escapa del tribunal de la opinión pública y sólo podrá someterse al Tribunal de Justicia si éste decide sentarle en el banquillo de los acusados. Eso significa que el marido de la infanta Elena se libra de una de las consecuencias propias de un sistema democrático como es la reclamación de responsabilidades políticas por aquellas actuaciones que en función de su cargo público son contrarias a la exigencia de honradez y honestidad que también le acompañan. Y esto, señores míos, es una más de las razones por las que este que suscribe se reafirma en lo anacrónico de la Monarquía en un sistema democrático como el nuestro. Pero, al margen de eso, lo que ahora mismo esta en juego es la dignidad de las propias instituciones a las que estos dos personajes representan, y aunque solamente sea por una cuestión de respeto a la democracia y al pueblo soberano, el uno debería dimitir ya de sus cargos, y el otro dar al menos una explicación pública de su comportamiento, porque no se puede dimitir de ‘marido de’ pero sí abandonar aquellos cargos que ostenta precisamente por serlo.