Malos gestores, castigo ejemplar: una exigencia ciudadana

Cuenta Bruno Leoni en su libro La libertad y la ley que en la Atenas de Pericles, allá por el siglo V antes de Cristo, a los políticos que incumplían sus programas y promesas y a los que se saltaban a la torera los presupuestos aprobados por el Ágora, se les imponía un castigo ejemplar: la muerte. Obviamente, en la Atenas de Pericles nunca hubo problemas fiscales, no sabían lo que era el déficit público y la transparencia en el gasto era absoluta, porque de lo contrario… Veintiséis siglos después, los seres humanos hemos evolucionado mucho en todos los sentidos y tenemos una justicia más ecuánime; en nuestro país no existe la pena de muerte aplicable a ningún delito, pero sin embargo sí que estamos siendo testigos de cómo los malos gestores han llevado a las administraciones que gobernaban a situaciones prácticamente insostenibles.

El caso más acuciante, el que está ocupando más titulares de prensa, es el de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, la realidad es que prácticamente en todas las Comunidades Autónomas, y ya no digamos en buena parte de los ayuntamientos españoles, la situación es casi de quiebra, de suspensión de pagos, por culpa de que durante estos años atrás los gestores de la res pública hicieron de su capa un sayo y se endeudaron -nos endeudaron- hasta las cejas. Hace ya tiempo, desde que el ciudadano es consciente en sus propias carnes de la gravedad de esta crisis, que la opinión pública reclama un cambio de actitud. Y no solo un cambio de actitud, sino la asunción de alguna clase de responsabilidad por parte de los gestores que nos han conducido a esta situación. Y tienen razón los ciudadanos al exigirlo porque, de alguna manera, el comportamiento inadecuado de ciertos gestores nos ha llevado también a esta situación, y está complicando aún más la salida de la crisis en la medida en que las administraciones públicas se han quedado sin recursos para atender incluso las necesidades básicas de los ciudadanos.

El Gobierno debe legislar para que aquellos responsables públicos que asumen compromisos de gasto que no pueden pagar sean apartados de la gestión de modo temporal o definitivo, según el caso. Es decir, tipificando el delito y sancionándolo con una pena de inhabilitación

Así, nos encontramos con que hay colegios en los que ya no pueden ni pagar la calefacción y los alumnos tiene que llevarse mantas a clase, como ocurre en la Comunidad Valenciana, donde pese a todo la Generalitat sigue gastando 30 millones de euros en un circuito de Fórmula Uno porque si no lo hace tendrá que pagar una multa de la mitad de ese dinero. Me consta que, incluso contra la opinión de algunos miembros de su partido, el actual presidente Alberto Fabra está haciendo lo imposible por revertir ese contrato leonino. Él mismo es consciente de la barbaridad que supone en estos tiempos; pero esa es la herencia que le han dejado y tiene que pedir favores hasta para que no le corten la luz en su despacho, igual que a Cospedal le dejaron en herencia miles de facturas sin pagar en los cajones, algo parecido a lo que quiere hacer Griñán en Andalucía, donde se produce el colmo del despilfarro y la corrupción cuando algunos políticos se van de putas y compran droga con el dinero de los parados.

Es cierto que el Código Penal tipifica el delito de malversación de caudales públicos y lo sanciona con penas de cárcel. Es cierto también que no todo puede englobarse bajo la premisa de una gestión desastrosa: el ex alcalde de Madrid endeudó las arcas de la capital, cierto, pero también lo hizo para llevar a cabo obras muy importantes de modernización de la ciudad. Sin embargo, entre la pena de cárcel por malversación y el castigo en las urnas -si se produce- por una mala gestión, existe un espacio muy amplio, ajeno a cualquier exigencia razonable de responsabilidades, en el que se mueven la mayoría de los responsables políticos, a sabiendas de que nada les va a pasar por muy mal que gestionen las cuentas públicas.

Vamos ver, ¿cómo es posible que Tomás Gómez deje al Ayuntamiento de Parla al borde del embargo judicial y no pase nada?; ¿cómo es posible que Camps deje las arcas de la Comunidad Valencia en un estado de ruina tal que el Gobierno tiene que salir en su auxilio por dos veces consecutivas en un periodo de tres semanas, porque de lo contrario la Generalitat se hundía en la más absoluta de las miserias y se vería inmersa en un continuo devenir de reclamaciones judiciales?;  ¿cómo es posible que Barreda deje miles y miles de facturas sin pagar en los cajones de los despachos de la Junta de Castilla-La Mancha para ocultar cual era el verdadero déficit autonómico, y no esté sentado ya en un banquillo como acusado de un delito de mala gestión?

Podemos seguir, porque casos, haberlos, haylos por ambas partes. De ahí la importancia de que el Gobierno se haya dado cuenta de la necesidad de introducir un elemento de ejemplaridad en la vida pública que sirva para regenerarla y para que los ciudadanos vuelvan a confiar en su clase política, que en su mayor parte en muy decente y muy honrada. ¿Cómo se hace esto? Es bien simple: el Gobierno debe legislar para que aquellos responsables públicos que asumen compromisos de gasto que no pueden pagar sean apartados de la gestión de modo temporal o definitivo, según el caso. Es decir, tipificando el delito y sancionándolo con una pena de inhabilitación. Sé que habrá quién prefiera llevarlos a la cárcel. A mí, sin embargo, me parece excesivo. Ya no vivimos en la Atenas de Pericles, pero en la España de Rajoy un mal gestor no debería de volver a gestionar nunca más nada que tenga que ver con el sector público. Sería, creo, ejemplar y suficiente.