Sexo, mentiras y libros de texto

Existen tres razones por las que yo no me considero una persona de izquierdas: primera, que creo firmemente en la libertad individual como germen y fundamento de las libertades colectivas; segundo, que creo en la fuerza de la persona frente a la fuerza del Estado y de los poderes públicos; y, tercera, que me repatea hasta el infinito esa pretendida superioridad moral de la izquierda que se auto atribuye el derecho de darnos a los demás lecciones de casi todo y en base a ese criterio establece un mecanismo de medición de las responsabilidades políticas siempre favorable a sus intereses. 

Vayamos a un hecho reciente que pone de manifiesto mi afirmación, y que tiene que ver con los recortes en Educación que están llevando a cabo las Comunidades Autónomas. Hace ya casi un año, la Consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, anunciaba un reajuste en los horarios de los profesores de primaria y secundaria según el cual éstos deberían de dar dos horas lectivas más a la semana, cumpliendo la ley que permite ese aumento dentro del horario escolar, lo cual permitiría prescindir de un importante número de interinos a los que no se renovaría el contrato de trabajo permitiendo así un importante ahorro en las cuentas de ese gasto social.

No significa acabar con el modelo público de educación, ni de sanidad, significa acabar con el despropósito, con el despilfarro, con la mala gestión, con la maldita demagogia y con el mantra insoportable de que solo la izquierda sabe salvaguardar lo público

Se puso en marcha entonces aquello que se llamó ‘marea verde’ y que básicamente movilizaba a profesores y alumnos contra unas medidas del PP que, según ellos, iban a acabar con la enseñanza pública en beneficio de la privada y que, además, iban a generar unas tensiones insufribles en los colegios públicos. Ha transcurrido el curso, y no ha pasado nada. Ni se ha privatizado la educación, ni ha habido tensiones, ni la calidad de la enseñanza de los alumnos se ha visto más mermada de lo que ya está, no por los recursos mayores o menores que se destinan al sistema educativo, sino por un modelo del mismo que deja mucho que desear desde que nuestro amigo Alfredo Pérez Rubalcaba impusiera aquella perniciosa ley educativa llamada LOGSE y de la que todavía no nos hemos librado -¡ministro Wert, haga algo, por favor!-. 

Bien, hace unas semanas el Gobierno de la Nación, cuyo timón lleva a hora el Partido Popular con mayoría absoluta parlamentaria mal que les pese a muchos militantes y simpatizantes de la izquierda dedicados a buscar cualquier resquicio que sirva para deslegitimar esa victoria –una actitud profundamente democrática, como puede observarse-, trasladó a las Comunidades Autónomas la exigencia de recortar en conjuntos 3.000 millones de euros en el capítulo de Educación y otros 7.000 en el de Sanidad.

La razón no era otra que la necesidad imperiosa de consolidar las cuentas autonómicas y sanearlas, porque junto a los problemas detectados en el sistema financiero, son el elemento esencial que alimenta la preocupación de nuestros socios comunitarios debido a la malísima gestión de sus cuentas públicas durantes estos años atrás. Es necesario cumplir con unos objetivos de consolidación fiscal, y eso lo han asumido las Autonomía, incluidas las socialistas como Andalucía, que ha anunciado un recorte de 3.000 millones de euros en sus presupuestos –aunque eso le está generando una enormes tensiones con IU, socio de gobierno del PSOE en la Junta, lo que ha retrasado la aprobación de ese plan-, incluyendo medidas de ahorro en el gasto educativo que suponen el aumento de horas lectivas para los profesores de primaria y secundaria y, por lo tanto, el ahorro en la contratación de unos 7.500 interinos según los primeros cálculos hechos por la consejera de Educación. ¡Vaya por Dios! Resulta que se trata de una medida idéntica a la llevada a cabo hace casi un año en Madrid. 

Y, ¿qué creen ustedes que ha pasado? Pues que para el PSOE lo que en Madrid era un recorte que iba a acabar con la Educación Pública, en Andalucía no pasa de ser un mero ajuste motivado por las circunstancias. Miren, en este asunto de los recortes en Educación la izquierda está traspasando la línea de lo tolerable. Es verdad que se están produciendo recortes, nadie puede negarlo, pero esos recortes se producen por una razón muy sencilla: no hay dinero, y para poder seguir garantizando una prestación universal de ese servicio es necesario hacer algunos ajustes en la financiación del mismo.

Esa es la razón por la que el Estado se ha visto obligado a responsabilizar a los alumnos de un pago mayor de las tasas universitarias, lo que al mismo tiempo compensará con becas dirigidas no solo a facilitar los estudios a aquellas familias con rentas más bajas sino, y esto es lo más importantes, a los que además cumplan unos necesarios requisitos de esfuerzo y mérito que de verdad les permitan ser destinatarios de esas ayudas. Y esto parece haber molestado mucho a los señores rectores de las universidades, la mayor parte de ellos muy vinculados a la izquierda –aunque también hay algunos más de ‘derechas’ que simplemente se han dejado llevar por la corriente, por aquello del que dirán-, y que llevaban desde hace varios días preparándole un auténtico boicot al ministro de Educación, José Ignacio Wert. 

El otro día, en un programa de televisión, defendí la postura del ministro porque me parecía impropio de los señores rectores ir por la vida dando plantones, y porque creo que Wert como parte del Gobierno del PP, y por supuesto el Gobierno del PP, están en su pleno derecho y tienen toda la legitimidad del mundo para llevar a cabo los ajustes y los recortes que considere necesarios, sin que nadie tenga que venir a exigirles más de lo que ya les exigirán los ciudadanos cuando acudan a las urnas y valoren si el acierto o el fracaso de su gestión.

No hay dinero, y para poder seguir garantizando una prestación universal de ese servicio es necesario hacer algunos ajustes en la financiación del mismo

Con esto no quiero decir que no deba haber diálogo. Debe haberlo, pero el diálogo no se favorece con posiciones de fuerza de unos señores que siempre han actuado con unas sobredosis de vanidad alimentadas por ministros de educación que, con perdón, se cagaban en los pantalones cuando sus excelencias llamaban a la puerta del despacho. Pues bien, hecha esa defensa, en las redes sociales enseguida me empezaron a llegar mensajes en los que se me decía si no me daba #wertgüenza apoyar una Educación para privilegiados. Vaya hombre, ya salía la puñetera demagogia, esa maldita superioridad moral de la izquierda según la cual si gobierna la derecha todo lo público va a desaparecer porque ellos son los únicos garantes del Estado del Bienestar. ¡Y una mierda! Es rotundamente falso que eso sea así. España es el país de Europa que más invierte en Educación y, sin embargo, es el que tiene los ratios más bajos de calidad en la enseñanza. ¿Dónde está, entonces, la bondad de tanto gasto público destinado al sistema educativo? Será mejor racionalizarlo, ajustarlo a nuestro verdadero nivel de ingresos, y buscar el máximo de eficiencia fomentando el esfuerzo individual, el mérito personal, en lugar de igualar por la base como se ha venido haciendo hasta ahora con tan pobres resultados.

Miren, ni la Sanidad universal ni la Educación pública y gratuita –que no es gratuita, porque la pagamos con nuestros impuestos-, son derechos consolidados al ser humano por el mero hecho de serlo. Si fuera así, en Botswana, además de elefantes, tendrían un Estado del Bienestar que te mueres. Pero no, ni por asomo. Se trata de servicios públicos que el Estado presta y lo hace asignando una cantidad de dinero que sale de nuestros impuestos. Es decir, a mayores ingresos, mayor capacidad de gasto, a menores ingresos, menor capacidad de gasto luego necesidad de ajuste. El problema ha venido porque incluso en tiempos de bonanza hemos gastado mucho más de lo que se ingresaba, y ahora nos cuesta Dios y ayuda devolver todo lo que hemos pedido prestado para poder, por ejemplo, ‘prestar’ los libros de texto a todos los alumnos de Castilla-La Mancha independientemente de cual fuera su nivel de renta. 

¡Hala! Para chulos, nosotros, que les regalamos los libros hasta a los hijos de Botín. Pero ahora hay que acabar con eso, y acabar con eso no significa acabar con el modelo público de educación, ni de sanidad, significa acabar con el despropósito, con el despilfarro, con la mala gestión, con la maldita demagogia y con el mantra insoportable de que solo la izquierda sabe salvaguardar lo público. Pues fíjense si sabe, que si estamos donde estamos es, precisamente, por su culpa.