Oportunismo y razones en la querella contra Rodrigo Rato

Siempre he dicho, me lo han escuchado y lo han leído, que uno de los grandes errores de este Gobierno ha sido no poner en marcha una comisión de investigación sobre lo ocurrido en el ‘caso Bankia’. Era necesario hacerlo, porque es evidente que un crack financiero que nos va a costar a los españoles miles de millones de euros, que ha llevado a la ruina a sus accionistas y que ha puesto en peligro los depósitos de sus clientes, no puede desaparecer de la atención político-judicial bajo la excusa de que la entidad ya está nacionalizada. También me han oído decir que las entidades financieras tienen una responsabilidad infinita en esta crisis profunda que estamos sufriendo españoles y europeos, y el ‘caso Bankia’ es la panacea de esa responsabilidad, la plasmación visual y dramática de hasta dónde ha llegado la miseria moral del capitalismo mal entendido -cuidado, no entiendan esto como una crítica al sistema capitalista, bajo ninguna circunstancia-.

Era por tanto necesario que los responsables de esta situación dieran cuenta, pero el Gobierno nos ha hurtado, por ahora, la posibilidad de exigírselo, aunque tengo para mí que es más que probable que a partir del otoño se dé cita en el Congreso de los Diputados esa Comisión de Investigación que afectaría, más que a todo el sistema financiero, a esa parte contaminada de la propia política que han sido y son las cajas de ahorros. Hay mucho que aclarar sobre lo que ha pasado aquí, hay muchas responsabilidades que exigir, no solo a los gestores de los bancos, sino también a quienes desde los organismos reguladores tenían la obligación de evitar lo ocurrido. Habrá que preguntarse, por ejemplo, por qué el Banco de España permitió a todas las entidades saltarse el listón del saneamiento que el ministro De Guindos puso en su primera reforma financiera, cuando era evidente a la vista de lo ocurrido después con Bankia que la mayoría no cumplían.

Hace tiempo que vengo diciendo que sería necesario que se impidiera, por ley, que los partidos políticos utilicen la justicia como arma arrojadiza de la lucha partidaria, y la querella de UPyD viene a darme la razón

De hecho, era tan evidente que detrás del ‘caso Bankia’ había algo más que una errónea gestión de la entidad, que el fiscal general del estado, Torres Dulce, dio orden a la Fiscalía Anticorrupción para que pusiera en marcha una investigación. Y en esas estábamos cuando un partido del arco parlamentario, un partido de reciente creación, de marcado tinte populista y de una indudable definición personalista, interpuso una querella contra la anterior dirección de Bankia y su consejo, querella que la Audiencia Nacional ha admitido a trámite por indicación de la propia Fiscalía, aunque también es verdad que la Fiscalía había recomendado al juez Andreu que no hiciera todavía imputaciones a la espera de completar la investigación que se había puesto en marcha.

Porque lo cierto es que más allá de una estrategia puramente oportunista, según me dicen juristas de prestigio, la querella de UPyD, que está bien armada en la forma, deja sin embargo mucho que desear en el fondo porque a estas alturas es muy difícil todavía saber lo que ha pasado y determinar las responsabilidades que puede tener cada unos de los directivos y miembros del Consejo ahora imputados por el juez. El partido de Rosa Díez ha actuado sobre la premisa de la obtención de un rédito popular-electoral, consciente de que la querella le iba a dar un protagonismo considerable en los medios de comunicación y redes sociales, y colocarse de esa manera como la avanzadilla de ese movimiento ciudadano contra la clase política, situarse fuera del establishment político-económico que dirige el país. Pero no deja de ser ciertamente jocoso que sea la líder de UPyD, Rosa Díez, una mujer que lleva toda su vida formando parte de ese establisment, la que ahora diga que ellos están fuera del sistema.

¿Alguien duda de que, si las circunstancias fueran otras, UPyD aceptaría puestos en los consejos de las cajas, al igual que lo han hecho el resto de formaciones políticas? Pero, ¿qué puede esperarse de un partido que califica de indecente e inmoral formar grupo parlamentario con la ayuda de terceros, pero que acepta la de Foro Asturias cuando se trata de formar el suyo propio? ¿Eso no es querer estar dentro del establishment? ¿Cuánta hipocresía hay que aguantar de labios de la exconsejera socialista vasca de Turismo, aquella del “ven y cuéntalo”, la misma que ahora rige los pasos de UPyD con mano férrea y hace rodar las cabezas de quienes disienten dentro de la organización?

Hace tiempo que vengo diciendo que sería necesario que se impidiera, por ley, que los partidos políticos utilicen la justicia como arma arrojadiza de la lucha partidaria, y la querella de UPyD viene a darme la razón. Es absolutamente necesario que la Justicia intervenga en el ‘caso Bankia’, pero que lo haga con elementos suficientes para poder determinar las responsabilidades penales de cada uno, si las hubiera, y no sobre la base de simples acusaciones que buscan el titular gratis y la propaganda, porque de ese modo se hace un flaco favor a la causa de la Justicia y a la de la necesaria explicación de lo ocurrido. Dicho de otro modo: Justicia, si, pero justicia cegada por el oportunismo político, no.