¿Acabará Rajoy con la España de los chiringuitos?

En mi opinión no le va a quedar más remedio, bien por convicción propia, o bien por convicción impuesta, pero cometeríamos un gran error si no somos capaces de adivinar dónde está el ojo del huracán de nuestros males y ponerle solución, y no es otro que la desproporción con la que durante estos treinta años de democracia hemos alimentado el negocio del poder en los chiringuitos autonómicos. Ahí está la raíz de todos nuestros problemas, incluido el financiero. Atajémoslo y probablemente empecemos a poder ver de verdad la salida de esta situación.

Habrá quien me diga que la crisis del sistema financiero y la de la desmesura autonómica son crisis distintas, y es cierto que desde un punto de vista técnico los mercados las han tratado como tales. De hecho, parece que por fin le hemos puesto solución a la crisis financiera, y ahora toca centrarnos en el caos autonómico. Sin embargo, los hechos nos han demostrado que nuestra crisis financiera se ha concentrado principalmente en las cajas de ahorros. Es más, de no haber sido por culpa de estas entidades, seguramente en comparación con el resto de la banca europea la española estaría en una situación razonablemente mejor, con alguna excepción menor.

Han sido las cajas de ahorros las que han provocado el terremoto que ha hecho temblar a todo nuestro sistema financiero, y es que aun siendo cierto que todos nuestros bancos tienen una fuerte exposición al ladrillo, han sido fundamentalmente las cajas las que han concentrado la mayor parte del crédito hipotecario, hasta el extremo de que durante los años del boom concedían más préstamos que los bancos, entre otras cosas porque de esa manera crecían artificialmente para poder actuar como lo que realmente eran: brazos armados financieros del poder, gobernadas por políticos de turno puestos en esos cargos por los gobiernos autonómicos que, de esa manera, podían recurrir a una fuente ajena de financiación que escapaba al control parlamentario y contable. Luego volvemos al origen de todo: el Estado de las Autonomías se ha convertido en un monstruo que lo engulle todo y que está en el origen de nuestros principales problemas.

Lo que frena a la clase política a afrontar esta reforma no es la posibilidad de encontrar rechazo ciudadano, sino el temor a la pérdida de poder real

Lo que debía ser un modelo de descentralización administrativa que permitiera acercar la Administración a los ciudadanos, con algunas excepciones históricas a las que por tradición se concedió un grado mayor de autonomía, se acabó convirtiendo en un conjunto de 17 miniestados a los que se dotó de una increíble capacidad de gasto que, sin embargo, no se correspondió con la suficiente autonomía de ingresos para poder hacer frente a esa prerrogativa. Conclusión: a medida que el estado se iba desprendiendo de competencias que transfería a las Comunidades Autónomas, éstas incurrían en déficits excesivos para poder financiarse. Mientras el recurso al endeudamiento les fue garantizado, parecía que no había problemas y que su capacidad de gastar y gastar era infinita. Pero en cuanto se han cerrado los mercados, las autonomías se han quedado sin liquidez para poder hacer frente a sus enormes compromisos de pago y amenazan con el default.

¿Qué hacemos? Este es, sin lugar a dudas, el mayor reto al que se enfrenta el Gobierno de Mariano Rajoy en esta legislatura. Es evidente que el Estado de las Autonomías, tal cual lo conocemos, es inviable, y esa es una conclusión a la que parecen haber llegado de manera clara la gran mayoría de los ciudadanos según se refleja en las encuestas, luego lo que frena a la clase política a afrontar esta reforma no es la posibilidad de encontrar rechazo ciudadano, sino el temor a la pérdida de poder real. Pero va a ser inevitable hacer esa reforma, porque de una manera u otra nos lo van a exigir desde fuera, donde no se entiende ni se explica cómo es posible que los españoles hayamos dejado engordar este estado autonómico hasta el extremo de la obesidad mórbida.

¿Significa esto que hay que volver a recentralizar la administración? Dios me libre a mi, que me considero un federalista convencido, de proponer semejante cosa, pero habrá que replantearse hasta qué punto de descentralización somos capaces de financiar y cómo la financiamos, y si eso implica adelgazar -y mucho- nuestras comunidades autónomas, bienvenido sea; y si eso implica que donde antes había auténticas estructuras de poder que competían casi en igualdad de condiciones con el Gobierno central, ahora tiene que haber unidades administrativas con menos influencia política, pues todo lo que redunde en beneficio de la austeridad y la racionalidad será, también, bienvenido mientras a los ciudadanos se les garantice la prestación de determinados servicios básicos. Parlamentos más pequeños y con menos diputados, estructuras de Gobierno adelgazadas, administraciones territoriales más ligeras y con menos competencias…

Seguramente la mayor parte de la población aprobaría una reforma en esa dirección, aunque haya que ceder ante tres comunidades que por su tradición e historia puedan tener derecho a un grado mayor de autogobierno y, sobre todo, porque nadie quiere un conflicto territorial con el nacionalismo: Cataluña, País Vasco y Galicia. Pero esto corre prisa, mucha prisa, y están ya en manos de Rajoy los primeros borradores de reforma. En agosto, seguiremos informando.