Rectificar es de sabios

El Gobierno del Partido Popular tomó ayer dos decisiones de indudable trascendencia: aceptar la tramitación parlamentaria de la iniciativa legislativa popular sobre la dación en pago y modificar la ley sobre tasas judiciales aplicando una reducción importante sobre lo inicialmente previsto. Hasta prácticamente unos minutos antes de la votación sobre la ILP, el PP mantenía su disposición a votar en contra de su tramitación -el PSOE pensaba abstenerse- con el argumento de que se solapaba con el proyecto de ley que el Gobierno tiene previsto llevar de inmediato al Parlamento.

Pero en el último momento, el portavoz ‘popular’, Alfonso Alonso, convocó a los medios para anunciar que su partido cambiaba radicalmente de opinión y donde antes había un ‘no’, iba a ser un ‘sí’, después de hablar con el presidente del Congreso y conseguir que la ILP se tramite de forma conjunta con el proyecto de ley del Gobierno. ¿Qué había pasado? Es probable que el suicidio de dos jubilados a los que se iba a desahuciar ayer mismo haya servido de detonante de una decisión que, sin embargo, sospecho que tiene mucho más que ver con la implicación directa en el asunto de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dispuesta a conseguir que el Ejecutivo empiece a ofrecer a la ciudadanía una cara más amable de la ofrecida hasta el momento.

El gesto de votar ‘no’ a una ILP nacida de la urgencia social ante el drama de los desahucios, aunque fuera para dar paso a una iniciativa parecida del propio Gobierno, infringía un daño de imagen considerable al Ejecutivo que, además, se mostraba muy poco abierto a un ejercicio tan democrático como el de la ILPEl gesto de votar ‘no’ a una ILP nacida de la urgencia social ante el drama de los desahucios, aunque fuera para dar paso a una iniciativa parecida del propio Gobierno, infligía un daño de imagen considerable al Ejecutivo que, además, se mostraba muy poco abierto a un ejercicio tan democrático como el de dicha iniciativa. Consciente de que el Gobierno necesitaba cambiar la imagen que de él tienen los ciudadanos, la vicepresidenta hizo las consultas pertinentes a los ministros implicados y, a continuación, llamó al portavoz del PP en la Cámara Baja para comunicarle la voluntad del Gobierno de admitir a trámite la iniciativa, adelantándose de esa manera, también, al PSOE en una maniobra política que demuestra que el Ejecutivo vuelve a retomar la iniciativa después de haberse visto contra las cuerdas en las últimas semanas.

En esa misma línea se enmarca otra decisión en la que también tiene mucho que ver la vicepresidenta del Gobierno: cambiar la ley de tasas, y reducirlas. Si la primera dice mucho del cambio de talante del Ejecutivo, la segunda no digamos. Gallardón ha conseguido aunar en su contra a colectivos vinculados a la Justicia de todos los colores e ideologías. No sé si las razones del ministro tienen que ver con un exceso de celo o de una jacobina propensión al control de las instituciones, pero lo cierto es que bajo su mandato al frente del Ministerio de Justicia se avecina una de las épocas más negras para la separación de poderes que haya vivido este país. Donde el PP decía, en su programa electoral, que iba a trabajar por la independencia del poder judicial y su despolitización, lo que ahora se lee es justamente todo lo contrario.

La rectificación en la ley de tasas es un paso en la buena dirección, pero la vicepresidenta del Gobierno, de quien me consta tiene una visión particularmente distinta a la de Gallardón sobre este asunto, debería ir más allá y obligar al ministro a retomar lo que en un principio tenía previsto hacer el PP, que no era otra cosa que devolver a los jueves la elección de los vocales del CGPJ. Y si no quiere, que dimita, que se vaya, pero el PP no puede hacerle el trabajo sucio al Partido Socialista y, encima, pasar por ser un partido opuesto a la esencia misma de una democracia liberal, que no es otra que la plena separación de los poderes del Estado.