Algo huele a podrido en la justicia y en la Policía

¿Podemos fiarnos de quienes se supone que están ahí para defendernos, para hacer cumplir la ley, para proteger a todo el mundo independientemente de sus ideas políticas o de su procedencia? La pregunta no es baladí. Ni la Justicia ni la Policía pasan hoy por su mejor momento. Realmente, no hay ninguna institución que se salve de la quema ciudadana, pero es especialmente grave que sean las dos instituciones sobre las que descansa el imperio de la ley las que más agujeros ofrecen y en las que, de manera más escandalosa, anida también el cáncer de la corrupción. Esto es grave, y debería hacer reflexionar al Gobierno, especialmente a los dos ministros encargados de estos asuntos, el de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y el de Interior, Jorge Fernández Díaz.

Pero tengo la impresión de que ninguno de los dos está haciendo lo que debería para limpiar toda la, y perdonen la expresión, mierda que hay tanto en la Justicia española como en los cuerpos de seguridad y, especialmente, en la Policía Nacional. “Ni Gallardón ni Fernández Díaz están a la altura de la circunstancias”, me decía días atrás un alto cargo del PP. “No están a lo que deben estar. Gallardón tendría que estar llevando a cabo una reforma que devolviera la independencia al poder judicial, que es lo que prometimos en nuestro programa electoral, y debería también proponerse la desaparición, de una vez por todas, de la Audiencia Nacional y el traspaso de sus competencias al Tribunal Supremo. Y si no se atreve, al menos crear en el Supremo una sala específica para los asuntos de corrupción para que estos dejen de depender de jueces claramente politizados en una sola dirección”, añadía.

Una opinión, perdónenme, compartida también por jueces de clara vinculación progresista que hace tiempo que vienen defendiendo esta posición. La prueba evidente de que es necesario acometer esa reforma está en la decisión del juez Gómez Bermúdez de asumir la querella -presentada en tiempo y forma oportunamente para que en el reparto de casos cayera precisamente en sus manos- de Izquierda Unida contra el PP, una querella tan apestosamente cargada de intencionalidad política que, si no fuera porque vivimos en una democracia, podría pasar perfectamente por una purga estalinista. A Mariano Rajoy se le olvidó una propuesta en su programa de regeneración política: prohibir por ley que los partidos políticos puedan querellarse unos contra otros, salvo en casos excepcionales.

Gallardón, en lugar de cumplir con el programa del PP y de llevar a cabo las reformas necesarias para devolver a la Justicia la dignidad y la confianza ciudadana que ha perdido, está a lo suyo, a volver a controlar el Poder JudicialLa vida política no puede estar permanentemente judicializada, y a eso es a lo que ha contribuido Gómez Bermúdez, a sabiendas además de que el caso estaba ya en manos del juez Ruz. ¿Por qué lo ha hecho? Por un lado, para meter presión al Gobierno y, por otro, para obtener rédito mediático. Pero a esto ya estamos acostumbrados en la Audiencia Nacional. Y Gallardón, en lugar de cumplir con el programa del PP y de llevar a cabo las reformas necesarias para devolver a la Justicia la dignidad y la confianza ciudadana que ha perdido, está a lo suyo, a volver a controlar el Poder Judicial.

Tampoco se salva Fernández Díaz. El hecho de que haya reconocido que el informe de la UDEF que publicó El Mundo, que implicaba a la familia Pujol y al propio Artur Mas en un escándalo de cuentas en Suiza, es falso y está confeccionado a base de un corta-pega es gravísimo y pone de manifiesto que en la Policía hay mucho que limpiar. ¿Qué fiabilidad tienen otros informes de la UDEF, como los relativos al caso Gürtel, a Bárcenas o al propio Blanco si sabemos que en esa unidad se confeccionan los informes ad hoc? ¿Cuánto va a tardar el ministro del Interior en hacer una limpieza a fondo de las cúpulas policiales que ha heredado del Gobierno anterior?

“Hace tiempo que venimos observando que en la Policía se trabaja en contra nuestra”, me dicen las citadas fuentes del PP. “Fernández Díaz no está siendo capaz de poner en orden a las Fuerzas de Seguridad, especialmente a la Policía Nacional y a esas unidades, como la UDEF, que antaño estaban muy controladas por la gente de Rubalcaba y por algunos jueces no precisamente amigos del PP”. Esto es corrupción en estado puro. La Justicia y la Policía dedicadas a trabajar contra un partido político, algo propio de repúblicas bananeras, propio del chavismo.

Hace falta una limpieza, y no para que los jueces o la Policía cambien de bando, sino para que no haya bando alguno, para que la independencia de los jueces sea absoluta, y para que los cuerpos policiales trabajen de verdad en defensa de la ley y el orden y no fabricando informes para que los publiquen El Mundo o El País. Esa es la peor corrupción, la más sangrante, la que pone en peligro la subsistencia misma del Estado de derecho. Acabemos con ella, y si Gallardón y Fernández Díaz no son capaces, acabemos también con ellos y que venga alguien dispuesto a devolver la dignidad a esas dos instituciones.