Un nuevo rescate financiero abre otra brecha en el Gobierno

En el acto celebrado el pasado martes en el Palacio de la Moncloa para presentar la nueva Ley de Emprendedores -todavía proyecto de ley, porque no ha pasado el trámite parlamentario-, el presidente del Gobierno se dirigió a los bancos españoles para pedirles que contribuyan al éxito de la misma abriendo el grifo del crédito especialmente a las pequeñas y medianas empresas, aunque también a las familias. La respuesta del sector financiero, sin embargo, viene siendo la misma desde hace tiempo: “Muy bien, nosotros concedemos créditos, pero antes necesitamos terminar de sanear nuestros balances y el rescate pedido hace un año ha sido insuficiente: necesitamos más”.

Más dinero, se entiende, en las mismas condiciones, es decir, dinero barato que les permita terminar ese saneamiento y empezar a introducir liquidez en el sistema. Los 40.000 millones que el Gobierno pidió como rescate financiero hace un año no han sido suficientes para terminar ese proceso de saneamiento de balances, y lo que ahora se pone sobre la mesa es la necesidad de solicitar una ampliación de ese rescate, lo cual habría que hacer antes de que acabe el año. Y este es, ahora, el debate que de verdad ocupa al área económica del Gobierno y que ha abierto una nueva brecha entre los dos ministerios que actúan como columnas que sostienen el edificio de la política económica: Economía, por un lado, y Hacienda por otro.

Ha sido, de hecho, el debate sobre la necesidad de pedir o no un nuevo rescate financiero lo que ha llevado a Rajoy a institucionalizar la presencia permanente de Sáenz de Santamaría en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos como vicepresidenta de la mismaEl ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, es partidario de ir a Bruselas y solicitar una ampliación del rescate, porque está convencido de que esa es la única manera de cerrar definitivamente el nuevo mapa financiero, de reestructurar el sector y de que fluya el crédito para reactivar el consumo y la inversión. Lo que dicen los señores del dinero es que, si no hay un nuevo rescate, la banca va a tardar todavía bastante tiempo (cinco años es el límite que ponen los banqueros) en empezar a hacer fluir liquidez. Y De Guindos cree que ni la economía española ni el Gobierno se pueden permitir el lujo de esperar tanto tiempo.

En el otro lado de la balanza, el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, opina justo lo contrario, y la razón no es otra que el temor a que la solicitud de un nuevo rescate financiero lleve aparejadas nuevas recomendaciones -que son obligaciones- de la troika al Gobierno español, es decir, más ajustes. A ese temor se une el del propio Mariano Rajoy a que la petición de un nuevo rescate dañe la imagen de España y del propio Gobierno, que presume de haber conseguido evitar la verdadera intervención de nuestra economía, el rescate a la griega.

Las diferencias entre ambos ministerios ya quedaron patentes en aquella famosa rueda de prensa en la que De Guindos se salió con la suya y ofreció a la opinión pública, pero sobre todo a los mercados y a Bruselas, la peor cara de la crisis justo un día después de que la EPA certificara los seis millones de parados. Aquello, sin embargo, le permitió al ministro de Economía arrancar de Bruselas un aplazamiento de dos años en el objetivo de déficit. Ya entonces la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tuvo que actuar de eje de la balanza. Convencido de que sólo su capacidad de negociación y su criterio podrán templar los ánimos entre ambos ministros, el presidente hizo de la necesidad virtud y prácticamente la ha consagrado si no como máxima autoridad de la política económica, sí como un referente salomónico que ponga paz en las disputas que enfrentan a ambos ministerios.

Ha sido, de hecho, el debate sobre la necesidad de pedir o no un nuevo rescate financiero lo que ha llevado a Rajoy a institucionalizar su presencia permanente en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos como vicepresidenta de la misma. Y ahora le va a tocar tomar una de las decisiones más complicadas a las que se enfrenta el Gobierno en los próximos meses. Hasta el momento ha demostrado que, cada vez que interviene, resuelve, aunque a algún ministro le haya escocido especialmente cómo ha quedado finalmente la renovación del TC, por ejemplo.