A PP y PSOE les crecen los 'Tea Party’s'

En un post publicado por este periódico el pasado 14 de noviembre, les hacía a ustedes partícipes de un hecho relevante: el deterioro sistemático del respaldo electoral que suman los dos grandes partidos de nuestro país, PP y PSOE, y que ha pasado de un 83% -último registro más elevado en unas elecciones- a un 56% de apoyo, según el último barómetro del CIS. En un país cuyo sistema político está asentado en un modelo bipartidista -como en casi toda Europa y EEUU, por otra parte-, eso es un dato muy preocupante porque refleja, por una parte, la profunda desafección ciudadana hacia los partidos que supuestamente representan a la mayoría y, por otro, el crecimiento de formaciones que intentan pescar en río revuelto pero que tienen una escasa credibilidad para la gestión.

En España tenemos, además, un problema: al contrario que en otros países, donde sí existen terceras fuerzas políticas de presencia nacional y reconocida trayectoria democrática (generalmente partidos liberales o de ‘centro’) que ayudan a inclinar la balanza a un lado o a otro en función de los resultados electorales (aquí lo más parecido a eso fue el CDS de Adolfo Suárez), en el nuestro ese trabajo de fiel de la balanza lo hacen formaciones nacionalistas que emiten facturas demasiado elevadas a cambio de garantizar la estabilidad parlamentaria. El problema, como ya se viene señalando desde hace tiempo, es que con una intención de voto tan alarmantemente baja para los dos grandes partidos, si hoy hubiera elecciones generales, ni siquiera con la suma de partidos nacionalistas podrían el PP o el PSOE formar gobierno. Es más, seguramente estarían obligados a entenderse en una gran coalición: ese PPSOE que tanto se denuncia en las redes sociales podría hacerse realidad.

El Gobierno de Mariano Rajoy es plenamente consciente de ese escenario; de ahí algunos de los quiebros que el presidente ha dado en los últimos días, al manifestar una clara desvinculación argumental de las tesis defendidas por la canciller Angela Merkel y buscar, al mismo tiempo, espacios de encuentro con su principal adversario político, Alfredo Pérez Rubalcaba. El Ejecutivo quiere pactar, porque sabe que a la vez que la sociedad se desmarca de su clase política, exige también a la misma un compromiso conjunto para salir de la crisis y superar los graves problemas que ahora mismo atraviesa España, problemas que no son sólo económicos.

Presiones a la izquierda y a la derecha

Un país con seis millones de parados, con graves escándalos de corrupción publicados diariamente por los periódicos, con un evidente deterioro de las instituciones, empezando por la Monarquía y siguiendo por la Justicia, con síntomas claros de agotamiento del modelo territorial, etcétera, sólo puede salir adelante sobre la base de un gran pacto político. De hecho, la supervivencia de los dos grandes partidos depende de dicho pacto. Y los dos máximos dirigentes de ambas formaciones sufren presiones en sentido contrario: en el PP, de la ‘vieja guardia’ y ese entorno más conservador que personalizan nombres como Mayor Oreja y Vidal Quadras y todos los que se reúnen con ellos, con cierta frecuencia, en un conocido restaurante madrileño para conspirar contra Rajoy en lo que podría ser el embrión de un Tea Party a la española; en el PSOE, del ala más a la izquierda, que da por perdida la batalla del centro político y exige a Rubalcaba una oposición sin concesiones de ninguna clase.

Un país con seis millones de parados, con graves escándalos de corrupción y con un evidente deterioro de las instituciones sólo puede salir adelante sobre la base de un gran pacto político. Pero los dos máximos dirigentes de PP y PSOE sufren presiones internas en sentido contrarioAmbas fuerzas tiran hacia los extremos y justamente eso es lo que menos necesita en este momento el país, la radicalización de los dos principales partidos políticos. Lo que requiere, por el contrario, es un ejemplo de sensatez y sentido común, como sería que Rajoy y Rubalcaba lograran ponerse de acuerdo en algunos asuntos esenciales. Hace unas semanas, el Gobierno tenía prácticamente cerrado un acuerdo sobre desahucios con el Partido Socialista, pero en el último minuto Rubalcaba dio marcha atrás sorprendentemente y sin dar explicaciones. Hace unos días, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría arrancaba un “sí” de la secretaria de Organización del PSOE, Elena Valenciano, a un pacto contra la corrupción que, sin embargo, rechazaba horas después su secretario general. 

Sin embargo, frente a esa aparente reticencia del líder socialista, este domingo el propio Rubalcaba ofrecía un acuerdo al Gobierno para hacer frente al drama del paro. Más allá del oportunismo de un pacto que el PSOE nunca quiso con el PP cuando gobernaba, pese a que llevó al país a 5,3 millones de parados, y de la sensación de que pueda tratarse de una manera de buscar minutos en los telediarios, la necesidad de un gran acuerdo social por el empleo es un hecho. El Gobierno lo ve también así y, lejos de despreciar el ofrecimiento socialista, se ha propuesto incorporar al PSOE a la negociación que ya mantiene el Ministerio de Trabajo con sindicatos y patronal y de la que Rubalcaba está puntualmente informado por boca de Cándido Méndez.

Pacto contra la corrupción

Pero no es suficiente. El Gobierno ha puesto en manos del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que dirige Benigno Pendás, las reformas necesarias para hacer frente a la corrupción, al igual que ya hizo con la Ley de Transparencia, que será el primer paso en esa dirección y sobre la que el Ejecutivo también confía en cerrar un acuerdo con el partido de Rubalcaba. El Gobierno quiere que todas esas reformas se engloben en un gran pacto contra la corrupción, pero si el PSOE se niega el PP seguirá adelante en solitario. ¿Merece la pena a cambio de rentabilizar una oposición dura contra el Gobierno? No parece que sea eso lo que necesita el país…, sino más bien sentido de Estado ante un asunto de extrema gravedad que requiere del concurso de los dos partidos mayoritarios.

El PSOE, al que tanto se le llena la boca de acusaciones contra el PP, debería empezar por explicar su negativa a sumarse al pacto entre el PP y UPyD del pasado mes de noviembre para adoptar las reformas legales necesarias que permitan desalojar a los acusados por corrupción tanto de los cargos públicos que ostenten como de las listas electorales. Miren, lo fácil en este momento sería decantarse por el respaldo y el fomento de una mayor conflictividad social con la pretensión de que la misma desgaste al Gobierno y Rajoy acabe convocando elecciones. En primer lugar, no lo va a hacer. Y, en segundo, eso significaría llevar al país a su destrucción.

Es comprensible que haya gente en el PSOE dispuesta a caer en esa tentación, como lo es que haya gente en el PP que quiera aprovechar la mayoría absoluta para modificar el marco de convivencia que nos dimos en 1978 y recentralizar el modelo territorial acabando con el Estado de las autonomías. Tensar la cuerda en ambas direcciones puede tener un coste elevadísimo si al final se acaba rompiendo, y sólo beneficiará a quienes desde los extremos del PSOE y del PP buscan apropiarse de esa situación. Rajoy y Rubalcaba harían bien en encontrarse y en hacer oídos sordos a las proclamas que, desde los Tea Party a su derecha y a su izquierda, les reclaman la confrontación.