Una monarquía titubeante

Independientemente de que los titubeos del Rey durante la lectura de su discurso en la Pascua Militar de este año fueran producto de una escasa visibilidad que le impedía seguir adecuadamente el texto del escrito o lo fueran de un achaque propio de la edad y de un estado de salud que desde hace cierto tiempo deja bastante que desear, lo cierto es que el hecho en sí mismo refleja la situación que atraviesa una institución que a medida de pasa el tiempo, y según dicen las encuestas, va perdiendo a chorros la simpatía y el aprecio de los ciudadanos.

El Rey dijo en la pasada Nochebuena que su intención era seguir adelante y asumir los errores cometidos e intentar combatir la pérdida de apoyo popular con una mayor transparencia en todo lo relativo a su gestión. El Rey fue más allá e incluso les recomendó a los políticos que pactaran medidas de regeneración. El problema es que este intento del monarca por liderar la tan cacareada regeneración de las instituciones, empezando por la que él representa, llega bastante tarde y resulta muy poco creíble.

Menos todavía cuando unos días después, el juez Castro, en un elaboradísimo auto de más de doscientas páginas, vuelve a imputar a la infanta Cristina y la cita a declarar para dentro de dos meses, un sábado por la mañana, en su juzgado de Palma de Mallorca. Eso si antes no lo remedia la Audiencia de Palma como ya ocurrió la vez pasada. Ya entonces dije –porque así me lo hizo ver un magistrado amigo– que la estrategia de Castro era dictar una primera imputación aparentemente poco fundamentada para provocar la reacción de la Fiscalía y de la Audiencia, y ganar así tiempo para ahondar en la investigación e ir preparando una imputación con motivos mucho más sólidos que fuera difícil de echar para atrás por parte de ambas instancias.

La Infanta tiene de su parte a todo el aparato del Estado para evitar tener que dar explicaciones de su actuación

Entiendo que la Fiscalía, porque así lo pactaron hace un año el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y el Fiscal del Estado, Eduardo Torres-Dulce, recurrirá el auto del juez, pero la última palabra la tiene la Audiencia de Palma y lo va a tener complicado para justificar una decisión contraria a la del juez Castro. Pues bien, si realmente el Rey quiere ofrecer ejemplaridad, debería ser el primero en aplaudir la decisión de Castro porque esa es la única manera de que los ciudadanos empiecen a creer, de verdad, que la Justicia y Hacienda son igual para todos.

Y es que, hasta ahora, eso no ha sido así ni en el primer caso ni en el segundo. Por menos de la mitad de la mitad de los presuntos delitos fiscales por los que el juez Castro llama a declarar a la Infanta como imputada en esta causa, cualquier español de a pie sería también citado ante la Justicia sin que, por supuesto, la Fiscalía acudiera en su ayuda, sino más bien todo lo contrario. Y desde luego –y a las pruebas personales de muchos de nosotros podemos remitirnos–, Hacienda no tiene ni la más mínima consideración hacia ningún contribuyente que tenga problemas con la Administración Tributaria, independientemente de las causas de esos problemas.

Es más, desde que gobierna el PP, la actuación de la Agencia Tributaria es confiscatoria hasta límites que rozan el vandalismo fiscal, y a cualquier contribuyente al que Hacienda le haya pillado con irregularidades mucho menos importantes y notorias que las que el juez Castro achaca a la infanta Cristina, se le abre una inspección cuando no se le embargan todos sus bienes sin negociar ninguna otra salida y sin que a la Agencia le importe un comino en qué situación personal deja a ese contribuyente.

Esto está pasando en España, está a la orden del día, pero la mayoría de los ciudadanos se encuentran indefensos ante tales abusos de autoridad, mientras que la infanta Cristina tiene de su parte a todo el aparato del Estado para evitar tener que dar explicaciones de su actuación. Fíjense que ya no digo pagar, digo simplemente dar explicaciones ante un juez en la medida que las presuntas irregularidades fiscales superan la cuantía que separa la infracción del delito. Así es difícil que el ciudadano pueda creerse el acto de contrición de una Monarquía en decadencia.

El Príncipe no tiene ninguna responsabilidad ni en los negocios de su yerno ni en la presunta complicidad de su hermana y del cabeza de familia

Sólo un cambio profundo que afecte a la cabeza de la institución podría dar un vuelco a la situación. Los mismos sondeos que certifican la caída libre de la imagen del Rey y de la Monarquía dicen que el príncipe Felipe gana cada día que pasa más adeptos entre los ciudadanos. El felipismo sustituye al juancarlismo en un país de tradición monárquica muy poco popular. Este sería el momento de dar un golpe de timón en la institución, antes de que su desprestigio acabe también por afectar al heredero de la Corona.

Si en el imaginario colectivo se ha instalado la idea de que la Infanta no podía ser ajena a los negocios turbios de su marido, también lo ha hecho la convicción de que ese comportamiento era conocido y, al menos, justificado por su padre. Pero el Príncipe no tiene ninguna responsabilidad ni en los negocios de su yerno ni en la presunta complicidad de su hermana y del cabeza de familia. Está limpio de polvo y paja, y precisamente por eso hay que evitar que la suciedad le alcance.

El asunto es lo suficientemente grave como para tenerlo en cuenta… Puede que los poderes públicos caigan en la tentación de creer que esto pasará y que al final se superará la crisis que atraviesa la institución, pero se equivocan: o se hace algo ya, o la Monarquía empieza a tener los días contados.