La vicepresidenta que lo puede (casi) todo

El pasado miércoles por la tarde la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se reunía por primera vez en esta legislatura con los portavoces de todos los grupos parlamentarios. Lo hacía para hablar con ellos de dos leyes que ya están registradas en el Congreso: la Ley del Alto Cargo y la de Partidos Políticos, y de la reforma del Código Penal, en la que se van a incluir penas más duras por delitos de corrupción.

La reunión era importante porque se trata de la primera vez que los partidos políticos hacían un esfuerzo por avanzar en eso que llamamos regeneración democrática, y aunque se quede todavía bastante lejos de muchas de las propuestas que serían bien vistas por los ciudadanos –como una reforma de la Ley Electoral, mayor democracia interna en los partidos, limitación de mandatos, mayor reducción de cargos, etcétera-, no dejaba de ser un primer paso. Hay que pensar que hace unos años ni se nos hubiera pasado por la cabeza que algo así pudiera suceder.

Pero no es ahí a donde quiero llegar. No ha sido el único hecho importante esta semana en términos de dialogo político. Ese mismo día el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, comparecía en la comisión correspondiente del Congreso para informar sobre los sucesos de Ceuta en los que murieron 15 personas que intentaban entrar ilegalmente en nuestro país. El hecho de que Martínez haya asumido la gestión de este espinoso asunto tiene mucho que ver también con las conversaciones previas que sobre el mismo ha mantenido la vicepresidenta del Gobierno con el PSOE.

La vicepresidenta del Gobierno es quien mantiene ahora mismo la única vía de interlocución con el nacionalismo catalán a través del líder de Unió, Josep Antoni Durán i Lleida, además de con el propio PSOE, con el que está negociando una posición común de cara a ese debate que se va a celebrar en el Congreso sobre la propuesta nacionalista

Martínez ha gestionado con mucha habilidad la respuesta del Gobierno y ha conseguido aplacar la virulencia inicial con la que el PSOE y la oposición en general se habían dirigido al Gobierno, hasta el punto de que los socialistas retiraron su propuesta de reprobación del ministro Fernández Díaz y se ha abierto una fase de diálogo para intentar llegar a un pacto de Estado sobre inmigración, cuya importancia a la vista de los acontecimientos a nadie se le escapa. Tercera cuestión: Cataluña. La vicepresidenta del Gobierno es quien mantiene ahora mismo la única vía de interlocución con el nacionalismo catalán a través del líder de Unió, Josep Antoni Durán i Lleida, además de con el propio PSOE, con el que está negociando una posición común de cara a ese debate que se va a celebrar en el Congreso sobre la propuesta nacionalista de celebración de la consulta soberanista.

Son tres asuntos espinosos, y los tres los ha dejado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en manos de Sáenz de Santamaría a la que desde luego –me consta- no le quedaba tiempo para dedicarse a intrigar en los asuntos que afectaban al PP vasco, por más que se haya querido ver su mano detrás de las pretensiones de Alfonso Alonso de imponer a uno de los suyos como número dos de Arantza Quiroga. No ha sido así hasta el punto de que la misma tarde en la que Quiroga anunciaba oficialmente el nombre de Nerea Llanos, la vicepresidenta no tenía información sobre lo que iba a pasar.

Da igual, porque en el afán periodístico por encontrar un titular más allá de lo cierto siempre es más atractivo ver en esas decisiones una batalla de poder entre dos mujeres que mandan –Soraya vs Cospedal, Cospedal vs Soraya-, que la realidad de los hechos. La cuestión es que por encima de las cuitas internas de partido, la vicepresidenta del Gobierno está consiguiendo algo que hasta hace poco parecía imposible: un pacto, o al menos una apariencia de acuerdo, entre el Gobierno y la oposición sobre asuntos que son del máximo interés.

Si de aquí a final de año se produce al menos esa apariencia de acuerdo –aunque no se llegue a plasmar en votos afirmativos como ocurrió con la Ley de Transparencia-, al menos se habrá conseguido algo fundamental para nuestra democracia: que los dos grandes partidos se reencuentren en los temas de Estado. Y para conseguir eso hace falta habilidad política y una predisposición al encuentro que durante mucho tiempo ha estado ausente en nuestro país.