Una prueba de fuego para Pedro Sánchez

Permítanme que les cuente la historia de un pequeño pueblo de la Comunidad de Madrid llamado Los Molinos. En las pasadas elecciones municipales, el Partido Popular fue el más votado con 1.073 votos, que suponían el 46,11% del total. Muy lejos de ese porcentaje se situó el PSOE, con la mitad de los votos, algo más de 570 (el 24,6%). A mayor distancia se situó la típica formación municipal, el PLM, con 417 votos que suponían el 17,9%, y muy lejos de estos tres, IU con 203 (poco más del 8%).

Con esos resultados, el reparto de concejales quedó en 5 para el PP, 3 para el PSOE, 2 para el PLM y 1 para IU. El PP se había quedado a muy pocos votos de la mayoría absoluta y, pese a que era evidente la voluntad del pueblo de que la Alcaldía cayera en manos de este partido, un pacto a tres bandas PSOE-PLM-IU le dio el gobierno municipal al candidato socialista y la concejalía de urbanismo a IU. Si ya a raíz de eso el cabreo de los habitantes de Los Molinos era considerable, todavía subió más de intensidad cuando el único concejal de IU abandonó la formación para vestirse la camiseta de Podemos, partido que, de esta forma y sin haber pasado por las urnas, se convirtió en la llave de la gobernabilidad del municipio.

Todo muy democrático. La cosa podría quedar ahí, pero, para mayor indignación de los vecinos de la localidad, el tripartito gobernante presentó el pasado mes de mayo un Plan de Bienes y Espacios Protegidos que afectaba nada menos que a la titularidad de 500 viviendas en un municipio en el que hay contabilizadas 3.000, es decir, el 17% del total. El proyecto, en una perfecta sintonía con el ideario marxista-leninista-chavista de Podemos, imponía tales restricciones al derecho fundamental a la propiedad privada que los vecinos se levantaron en armas –metafóricamente hablando, claro– y fue tal la protesta que el alcalde no ha tenido más remedio que dar marcha atrás y retirar el proyecto, perdiendo a su vez el apoyo del concejal de Podemos.

Ejemplos similares a este hay a centenares por toda España: alcaldes que lo son siendo la lista menos votada, concejales de urbanismo fruto de un pacto contra el más votado, etcétera, etcétera. Estamos hartos de ver como muchos Gobiernos municipales se fraguan en despachos de intereses personales y particulares haciendo caso omiso de las urnas. Esto es así, y forma parte por desgracia del mapa de la corrupción que asuela nuestro país.

El pasado jueves un grupo de alcaldes que compartió almuerzo con Mariano Rajoy en Galicia le testaron sobre este asunto, y el presidente les pidió ayuda para combatir las reticencias que su proyecto de que gobierne la lista más votada tiene incluso dentro de su propio partido. Pero, en principio y si mis fuentes no me fallan, la intención de Rajoy es ir hasta el final. Y hará bien, porque esa es la única manera de evitar casos de flagrante ejercicio antidemocrático como el de Los Molinos.

Ahora bien, ¿lo hará el PP solo o contará con la ayuda del PSOE? En principio, Pedro Sánchez ya ha dicho que no quiere saber nada. Un error. La medida le afecta de lleno y son muchos los alcaldes de su partido que la respaldan, y habrá que escuchar algunas de sus voces dentro de la FEMP. Pero si Pedro Sánchez se mantiene en sus trece y se niega a negociar y pactar una medida que tiene un verdadero trasfondo de regeneración democrática, lo que debería hacer es obligar a sus candidatos a las alcaldías a que renuncien por escrito a gobernar en las elecciones de 2015 si, siendo la lista más votada, no logran el gobierno municipal por acuerdo de otras fuerzas políticas.

Porque lo que no vale es el oportunismo clásico del PSOE y de la izquierda en general: no apoya las reformas de la derecha, pero después se aprovecha de ellas. Es lo mismo que hace UGT con la reforma laboral: la combate con huelgas generales pero luego aprueba ERE en sus sedes acogiéndose a la nueva ley. Eso se llama cinismo, oportunismo, hipocresía… Incoherencia. Lo que ustedes quieran. Pero Pedro Sánchez se juega aquí su credibilidad: si no quiere la reforma del PP, entonces que renuncie por escrito a aplicarla. Lo contrario supondrá un nuevo ejercicio de hipocresía política típico de los viejos tiempos. Ahora tocan nuevos tiempos, ¿no? Pues que lo demuestre.

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