La cultura del pesebre se cita contra Lassalle

Decía Confucio que “los únicos que no cambian son los completamente idiotas”. Y tenía razón. En este país los únicos que no cambian son los mismos de siempre, los que llevan toda su vida esquilmando a los demás a cuenta de la sacrosanta cultura española y se niegan en redondo a aceptar que las cosas han cambiado y que la gente ve cine en el ordenador, lee libros en el iPad y escucha música en el móvil.

¿Significa eso que los autores han perdido su derecho a que se les compense por su trabajo? En absoluto. Nada más lejos de la realidad y de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que el Gobierno ha enviado a las Cortes para su tramitación, lo que ya se conoce como ley Lassalle en referencia a su responsable, el secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, contra quien ayer cargaron tintas en la calle y en las redes sociales los de siempre, los que no cambian, los completamente idiotas y algunos otros incautos que se dejan engañar.

Vayamos por partes y permítanme primero que les resuma en qué consiste la citada reforma de la ley que, por cierto, aprobó el anterior Ejecutivo socialista. Una de las primeras cosas que hizo el Gobierno actual al llegar al poder fue cumplir su promesa de supresión del llamado ‘canon digital’, es decir, esa cantidad extra que los usuarios pagaban al comprar un soporte tecnológico –desde un teléfono hasta un reproductor mp3, pasando por todo lo que se les ocurra– bajo la suposición de que podían utilizarlo para almacenar y reproducir copias privadas, lo cual atentaba directamente sobre el principio constitucional de presunción de inocencia.

Pero la supresión del canon no tenía que ver solo con eso, sino también con la transformación que estaba sufriendo el propio concepto de ‘copia privada’ con la desaparición de los soportes físicos y la implantación de los inmateriales, eso que popularmente conocemos como ‘la nube’, por ejemplo. De hecho, por darles un dato, si en el año 2010 la cuantía de la compensación por copia analógica ascendía a la nada despreciable cantidad de 100 millones de euros, la previsión cuatro años más tarde es que, de haber continuado con el mismo sistema, la recaudación habría caído a 30 millones de euros a repartir entre las sociedades de gestión.

¿Qué es lo que hace la reforma? Pues básicamente acomodarse a los cambios y, en línea con lo que se está haciendo en el resto de la Unión Europea, limita el ámbito de la copia privada para que los ciudadanos puedan seguir haciendo uso privado de las reproducciones y lo diferencia del ámbito de la copia licenciada, que será la que impulse los nuevos negocios en internet. Y no es una ocurrencia de nuestro Ministerio de Cultura, sino que es exactamente lo que está proponiendo la UE.

Dicho de otro modo, la reforma entiende que el ámbito de la copia privada será cada vez menor y acabará siendo residual frente al modelo de copia licenciada o autorizada, que será el que impere en un mundo fundamentalmente digital. Frente a esto, las sociedades de gestión quieren continuar con el modelo de canon digital por la única razón de que eran ellas las que actuaban como agente recaudador, supliendo una tarea que era propia de la Administración y que, lógicamente, ha conducido a numerosas irregularidades.

Y este es el segundo aspecto de la reforma que tampoco gusta a los Cerezo, Bardem y Cobos, empeñados como están en que nada cambie. La reforma obliga a estas sociedades de gestión a que cumplan con unos determinados criterios de transparencia contable y de gestión que hasta ahora les eran ajenos, lo cual ha causado un perjuicio económicamente muy considerable tanto a los autores como a los usuarios. A este control de su gestión y de sus cuentas se une el hecho de que a partir de ahora no será cada sociedad de gestión la que atienda a autores y recaude pagos, sino que se prevé una ventanilla única participada por todas ellas que se ocupará de la facturación y pago y que después hará el reparto correspondiente, lo cual supondrá una notable reducción de los costes de transacción.

¿Quién va a ejercer ese control sobre las sociedades de gestión de los derechos de autor? El Ministerio, la Comisión de Propiedad Intelectual prevista en la Ley –que además va a ejercer un control arbitral sobre las tarifas, hasta ahora en manos de las sociedades de gestión, con el fin de que sean equitativas– y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Básicamente, como ven, la reforma lo que pretende es adaptarse a los cambios sociales y meter en vereda a unas sociedades de gestión que hasta ahora se escapaban del control público, y así ha pasado lo que ha pasado.

Y de ahí la protesta. Nada más. Y nada menos. A nadie le gusta que le vigilen, pero los ciudadanos estamos obligados a exigir un control de unos fondos que provienen de nuestros bolsillos y que nadie puede dilapidar a su antojo. ¿Es esto ir contra la cultura? No. Esto es obligar a la cultura a asumir unos cambios que, por sí misma, no parece dispuesta a cumplir. Frente a eso, el inmovilismo cultural volvió a ponerse ayer detrás de la pancarta, con razón en una cosa –es cierto que el aumento del IVA ha tenido un impacto negativo en las cifras de facturación cultural–, pero claramente empecinado en defender unos intereses particulares que no son, ni de lejos, el interés general ni, mucho menos, el interés cultural de este país.