Todo por la patria: que dimita Rajoy ya

La idea no es mía, sino de un selecto grupo de letrados del Consejo de Estado, con uno de los cuales pude compartir un largo rato de conversación hace unos días. Venía a decirme, y transcribo casi literalmente, que es un contrasentido que “Mariano Rajoy acuda a una sesión de investidura para ser elegido presidente del Gobierno, sea rechazado por la mayoría de la Cámara, y se vaya a su casa como presidente del Gobierno, aunque sea en funciones… Lo lógico, como consecuencia de ese rechazo y por pura dignidad personal, es que a renglón seguido hubiese presentado su renuncia ante el rey Felipe VI por no contar con el respaldo del Parlamento”.

Es verdad, y hago esta aclaración porque enseguida se me van a echar encima los puristas leguleyos, que no hay ningún artículo de nuestra Constitución donde diga que eso deba ser así, y lo es también que la situación actual, por muy extraña y excepcional que resulta, es perfectamente legítima. Pero me aclaraba mi interlocutor, con bastante sentido común, que “la funcionalidad del Gobierno está prevista en nuestra Constitución para evitar un vacío de poder entre la salida del Gobierno antiguo y la llegada del nuevo surgido de las elecciones, pero no para estar en esa situación durante un año como parece que va a ser el caso”.

Al cesar el presidente del Gobierno en funciones y, por lo tanto, el resto de su gabinete, se habría creado un vacío de poder que hubiese sido necesario llenar

Cierto, también, que nadie pensó al redactar la Constitución y su artículo 99 que podía darse una situación como la que estamos viviendo y que evidencia que, al menos en ese punto, nuestra Carta Magna necesita una reforma urgente. ¿Qué dice el artículo 101 respecto del Gobierno en funciones? Poca cosa:

1. “El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente”.

2. “El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno”.

Es evidente, por tanto, que no hay duda sobre la legitimidad legal de la actual situación. Pero ¿y la política? Rajoy ha cosechado dos fracasos consecutivos. El primero ni siquiera llegó a visualizarse porque él evitó la votación no presentándose, pero era evidente que iba a ser así, incluso con un mayor núcleo de rechazo que en septiembre. Y el segundo hace unos días cuando, a pesar de conseguir nuevos socios parlamentarios –algo que hasta hace poco le estaba negado al PP– no logró el respaldo de la Cámara a su investidura. Lo lógico habría sido dimitir, renunciar.

Si realmente Rajoy piensa en el bien de España, debería ser el primero en dar un paso para ayudar a solucionar el bloqueo político desde el pasado 20-D

Eso, sin embargo, no le invalidaba ni le invalida como candidato. Es más, al cesar el presidente del Gobierno en funciones y, por lo tanto, el resto de su Gobierno en funciones, se habría creado un vacío de poder que hubiese sido necesario llenar de manera inmediata. Es decir, una acción como esa habría conllevado la urgencia de lograr un acuerdo entre las fuerzas políticas para nombrar un Gobierno, que podría volver a estar presidido por Rajoy con el respaldo de la Cámara, aunque lo más probable, y aquí engarzo con una alternativa que también se está poniendo estos días sobre la mesa, es que se hubiese buscado una persona de consenso.

Todo por la patria. Ese es el argumento que ha estado utilizando Mariano Rajoy para intentar convencer a Pedro Sánchez de su abstención, y “el que debería de asumir como suyo para presentar su dimisión ante la falta de respaldo del Parlamento, y desbloquear así una situación que no debería, en ningún caso, conducirnos a unas terceras elecciones que serían bochornosas para España y de las que nadie sabe a ciencia cierta qué solución podría salir, porque todo hace pensar que no cambiaría nada”, me decía mi interlocutor.

Si realmente Rajoy piensa en el bien de España, debería ser el primero en dar un paso para ayudar a solucionar el bloqueo político al que estamos sometidos desde el pasado 20 de diciembre, y ese paso no puede ser otro que el de dimitir al no tener el respaldo mayoritario ni de la Cámara, ni de los españoles y, a partir de ahí, concentrarse en buscar una salida de consenso con él, o sin él.