Ni gobierno, ni te dejo gobernar... ¿Otra legislatura bloqueada?

Ni los partidos de la oposición dejan gobernar al Gobierno, ni el Gobierno deja que los partidos de la oposición tengan iniciativa parlamentaria. Esta es, cinco meses después de iniciada la legislatura, la situación. A la espera de que fructifique el pacto con el PNV para poder sacar adelante la tramitación de los Presupuestos, la realidad es que la legislatura se encuentra en un bloqueo institucional muy similar al que tuvo lugar en la anterior.

Las iniciativas del Gobierno encuentran el rechazo de la oposición, y especialmente sintomático es que los dos partidos en los que hasta ahora encontraba respaldo el Ejecutivo, el PSOE y Ciudadanos, estén vendiendo mucho más caro su voto. El primero, porque está inmerso en un proceso de primarias en el que a la gestora socialista no le conviene aparecer ante sus militantes —que tendrán que elegir entre Susana Díaz, Patxi López y Pedro Sánchez— como un báculo del Partido Popular.

Y el segundo, porque el propio Gobierno se ha encargado de poner palos en las ruedas de un pacto, el firmado en el mes de agosto, que debería estar funcionando como la seda y es justo todo lo contrario. Así que al Gobierno le resulta difícil encontrar interlocutores, y por ahora esta está siendo la legislatura menos productiva desde el punto de vista legislativo, de las que se conocen —o eso me dicen—.

La Constitución faculta a Rajoy para vetar cualquier iniciativa parlamentaria que tenga un impacto en los Presupuestos. O sea, prácticamente todas

Pero ¿qué pasa con la oposición? Porque aquella sensación de que el Gobierno estaría a lo que dijeran los demás partidos tampoco se cumple. Y eso es porque el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha encontrado la horma del zapato de la oposición en la propia Constitución española, que lo faculta para vetar cualquier iniciativa parlamentaria que tenga un impacto en los Presupuestos Generales del Estado. O sea, prácticamente todas.

Lo cierto es que el Gobierno ha vetado nada menos que 24 iniciativas legislativas de la oposición, todas con el mismo argumento, y va camino de vetar la 25 —una propuesta de casi todos los grupos para restar trabas al autoconsumo energético—. De hecho, en este aspecto el Gobierno ha encontrado como aliado el sentido común de Ciudadanos, que entiende que esa es una prerrogativa del Gobierno reconocida por la Constitución y, aunque también opina que el Ejecutivo puede estar abusando de su poder de veto, considera que mientras sea así, toca resignarse.

Opinión

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Aunque no en todos los casos. De hecho, dado que el Gobierno no tiene mayoría en la Mesa del Congreso, ha habido dos iniciativas que a pesar del veto han iniciado su tramitación, una referida a materia curricular de la Lomce —poco impacto presupuestario puede tener eso—, y otra a subcontratas de las administraciones públicas —más o menos lo mismo—.

Aun así, decidido a no perder ni una sola batalla parlamentaria, el Gobierno ha recurrido esa tramitación al Tribunal Constitucional, que ahora mismo acumula tres conflictos de atribuciones sin resolver —y ya debería, porque se supone que tiene tres meses para hacerlo—: uno que viene de la legislatura pasada, cuando la oposición se empeñó en hacer control al Gobierno en funciones —¿recuerdan?—, y estas dos.

El problema es que al menos hasta que tengan lugar las primarias del PSOE, la legislatura amenaza con seguir avanzando sobre el permanente bloqueo entre unos y otros, salvo que venga alguien a resolver la papeleta. Que no será Pedro Sánchez, porque lo que tiene claro todo el mundo en el hemiciclo del Congreso es que si vuelve a ganar las primarias, en otoño habrá elecciones generales, porque Rajoy no le va a regalar la posibilidad de presentar una moción de censura.