Puente sobre aguas turbulentas

Las variopintas amenazas y turbulencias que nos acechan exigen ideas claras, determinación y esperanza. No se puede ceder a la inútil tentación de mirar atrás, porque ya no podemos evitar el haber llegado hasta aquí. Estamos ante una crisis de enorme envergadura, que muchos, tal vez un tanto precipitadamente, se apresuran a considerar como una crisis del sistema.

Nos gustaría contar con un esquema político sólido, pero no es el caso; tras ganar las elecciones con una mayoría absoluta muy significativa, el Gobierno de Rajoy está en franca crisis de apoyo popular, por supuesto, pero también de iniciativa política. No parece contar con la energía suficiente como para dirigirnos con determinación hacia el puente de salvación y muchos de sus ministros dan la sensación de que ya han hecho todo lo que podían hacer, que solo nos cabe esperar que la solución venga de otra parte, de lo que este mismo jueves pueda decir el BEC, por ejemplo. Creo que se trata de un error de perspectiva, y no solo debido a la insoportable distancia entre las expectativas y los resultados, sino, sobre todo, a la elección de un rumbo equivocado, algo que todavía puede corregirse.

Para alcanzar la otra orilla necesitamos dos cosas muy claras: en primer lugar, saber muy bien dónde estamos, y en segundo lugar, caracterizar con rigor la verdadera causa de nuestros problemas.

Algunos ministros todavía repiten aquello de más Europa como si no fuesen ministros del gobierno de España. Pues no, Europa es un proyecto con mil desajustes entre cuya prioridades no figura arreglar a su costa lo que nosotros debemos arreglar a la nuestra

Décadas de beatería nos han llevado a actuar como si nos creyésemos a pie juntillas que España es el problema y Europa la solución. Algunos ministros todavía repiten aquello de más Europa como si no fuesen ministros del gobierno de España. Pues no, Europa es un proyecto con mil desajustes entre cuya prioridades no figura arreglar a su costa lo que nosotros debemos arreglar a la nuestra. Nos ha convenido y nos conviene Europa, pero ya es hora de que aprendamos a no descargar sobre sus inestables espaldas lo que nosotros deberíamos hacer por buena cabeza. Es evidente que hay que jugar al interés español en el conjunto de la Unión, aunque ahora tenemos menos bazas que nunca, pero es una enfermedad infantil de la política esperar que otros, pues lo son, nos arreglen lo que solo a nosotros compete.

La causa de nuestros males, lo que no pasa en otros lugares de Europa, es todavía más fácil de establecer. La sociedad española y su estructura económica no puede soportar el terrible peso que supone el entramado político, estatal, autonómico, municipal, empresarial y subvencional, que se ha ido estableciendo a consecuencia del predominio de unas prácticas clientelares y frecuentemente corruptas. Este problema no solo se hace más agudo, e insostenible, en épocas de crisis, sino que es una de sus causas principales y, mientras no se aborde en serio y por derecho, no habrá nada que hacer. A día de hoy el déficit primario del sistema sigue creciendo, en consecuencia nadie quiere financiarnos y se nos cierran los mercados, justo lo que todos haríamos ante un caso similar, de manera que aumenta también el peso de la deuda y el proceso se hace explosivo.

¿Quién le pone el cascabel al gato? Un análisis político un poco pedestre indica que la clase política ha de resistirse a las soluciones porque implican un severo recorte de sus poderes. Será pedestre, pero es lo que está pasando, y lo que tiene que cesar, que no se ponen límites serios al gasto estructural, siempre protegido por una hipócrita presunción de moralidad, mientras se aprieta las tuercas a los funcionarios y se toman medidas coyunturales completamente insuficientes para abordar un desaguisado de tamaño porte.

Se necesitan medidas bastante radicales que un gobierno renovado y con mayoría suficiente debería poder tomar con tranquilidad. Un plan serio de desmantelamiento inmediato y progresivo de instituciones y servicios muy discutibles o innecesarios, que, en cualquier caso, no podemos pagar, hecho con un calendario razonable y con la habilidad política requerida, podría cambiar radicalmente el panorama. Una ley de partidos, que no requiere reformas constitucionales, supondría un test de credibilidad muy eficaz, y permitiría poner coto a los excesos, algunos de ellos realmente indignos, de nuestros políticos. Se trata de conseguir que la ley y la democracia faciliten una vitalidad y competitividad democrática hoy completamente inexistente en el seno de los partidos, porque no se necesitan nuevas fuerzas políticas sino que los partidos existentes funcionen mejor, sin arbitrariedades, sin sumisión, sin nepotismo ni amparo a los corruptos. Unas fuerzas políticas con autonomía reglada y democracia interna podrían poner coto al populismo, evitando reducirse a  organizaciones dedicadas a la compra del voto a costa de los esfuerzos fiscales de todos los ciudadanos.

El PP tiene tiempo por delante, pero debe aprender de sus errores, y recuperar su programa reformista que le dio el prestigio con que ganó las elecciones, porque no se puede esperar que nadie haga lo que nosotros podemos y debemos hacer.

*José Luis González Quirós es analista político