El vodevil político y el drama nacional

La vida política española ofrece abundantes signos de frivolidad, y da muestras de una incoherencia preocupante. Tenemos enorme propensión a pasar del sobresalto a la comedia bufa, tal vez porque estamos acostumbrados a digerir información poco cocinada o mal aderezada. En la misma semana, tras conocer la amenaza que pende sobre el partido del Gobierno por supuestas revelaciones sensacionales, hemos llegado a ver cómo un parlamento autonómico aprueba una insólita declaración que asegura que Cataluña "tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano", sin que se pueda saber exactamente qué traerá consigo una frase tan atormentada. En semanas como ésta hay que concluir claramente que, dado que, pese a todo, el país sigue funcionando, la Nación está muy por encima de su clase política, una situación que no puede continuar de manera indefinida sin que se rompa algo insustituible.

La forma en que el PP ha cocinado la crisis Bárcenas ha acumulado chapucería, incoherencia, sospecha e insolidaridad de forma tan intensa que resulta inverosímil imaginar que el partido pueda seguir existiendo en manos de dirigentes tan irresponsables y necios. Se afirma que un extesorero popular, que se ha hecho con una cantidad casi inimaginable de dinero por medios perfectamente imaginables, amenaza a todo el mundo con revelar los nombres de las personas que recibían sobres y al parecer firmaban un recibo. Se puede tener una mala opinión de los políticos, pero suponer que sean capaces de firmar recibos de dinero ilegal desafía la credulidad de cualquier persona con dos dedos de frente.

Ha tenido que ser Aznar, muy fuera del primer plano político, quien cortase la espiral imaginativa interponiendo una querella ante unas supuestas informaciones que sólo han servido para ocultar momentáneamente el cuerpo del delitoPero, ante la inacción de los supuestos afectados y el cacareo discordante de los que afirman “yo no he sido”, el pueblo soberano arde en justa indignación con tan tonto motivo, porque nadie reclama la prueba de una conducta tan delictiva como estúpida e inverosímil. Ha tenido que ser Aznar, muy fuera del primer plano político, quien cortase la espiral imaginativa interponiendo una querella ante unas supuestas informaciones que sólo han servido para ocultar momentáneamente el cuerpo del delito. Mucho alto cargo del PP ha dado en esta encerrona la medida de su auténtica valía, aunque algunos periodistas crean que sus lectores no son capaces de distinguir las noticias de los horóscopos.

Por si faltara poco, en medio de la confusión, el desconcierto y la trifulca, a alguien se le ha ocurrido proponer un pacto sobre la corrupción, tal vez para declararla secreto oficial, al tiempo que Rubalcaba, en una muestra más de su altura de miras, se dispone a hacer leña de este bosque de rumores y tontadas, no sin antes declarar que pagar cantidades inusuales a familiares y correligionarios por hacer traducciones o escribir artículos que nadie leerá puede ser una práctica perfectamente razonable.

Algunos pensarán que, como es probable, todo este asunto pasará pronto al olvido y podrán seguir en lo suyo, como ha ocurrido hasta ahora con los mil episodios del mismo género que hemos venido soportando. También se dirá lo propio de la declaración catalana, que quedará en nada, lo que equivale a reconocer que la política empieza a ser un subgénero del vodevil. Lo grave es que, mientras tanto, el paro no se frena, la educación no mejora, la asistencia sanitaria se cuartea, pagamos más impuestos, obtenemos menos, la economía real no despega y la deuda común se agiganta.

Es evidente que el sistema de 1978 tiene dos grandes vías de agua que pueden hacerlo naufragar, y sería deseable que alguien hiciera algo por evitarlo, mientras se pueda, porque los naufragios no los cubre el seguro. Me refiero a la organización territorial del poder y al modo de funcionamiento de las fuerzas políticas. Los sindicatos y los partidos se mueven a sus anchas en ausencia de una ley que regule el derecho de huelga y el funcionamiento de estos últimos, su carácter democrático para que puedan cumplir los fines que justifican su existencia, la representación de la voluntad popular, la participación y el pluralismo político.

Sin controles definidos y reglas claras que potencien y regulen la competencia interna, los partidos se han convertido en oligarquías inmovilistas, en oficinas de colocación en las que sestean los mediocres y medran los corruptos. El sistema de articulación territorial del poder ha creado un auténtico imposible en el que todos quieren ser iguales a todos, pero, a la vez, más que los demás, lo que lo ha convertido en una caricatura de lo que pudiera haber sido y, por supuesto, en un gasto insoportable y en un criadero de podredumbre. Hace falta, pues, ponerle dos cascabeles al gato. Rajoy, pero no solo él, debería darse cuenta de que no basta, con ser meritorio, acercarse un poco a un déficit tolerable, que hay que corregir a fondo los mecanismos que nos han llevado al disparate económico y político, y que los tiene tan cerca de sus narices que corre el peligro de no verlos.