Una inédita demanda judicial contra la libertad de prensa en España

En la demanda por competencia desleal interpuesta por Prisa contra El Confidencial nada es lo que parece. No es la sociedad editora de 'El País' y la SER la que demanda a este periódico, sino su presidente, Juan Luis Cebrián, que utiliza procesalmente a la compañía para la que trabaja en su beneficio personal, tratando de convertir en sede judicial unas informaciones veraces sobre su patrimonio en un imaginario ataque mercantilmente ilícito contra la empresa que dirige. Los argumentos de la demanda para justificar la transformación de un interés personal en un asunto corporativo incorporan en sí mismos la contradicción en la que voluntariamente incurre Cebrián, que compromete con frivolidad la reputación y los recursos de Prisa —una empresa cotizada en Bolsa, no se olvide— en una batalla que le concierne solo a él.

La responsabilidad de este comportamiento tan arbitrario no es, sin embargo, exclusiva del presidente de Prisa. También atañe a quienes —administradores y accionistas de referencia— se lo permiten, aun en el supuesto de que el primer ejecutivo de la empresa no haya contado con el visto bueno previo del Consejo de Administración a la interposición de la acción judicial. Y si lo hubiera obtenido, peor aún porque se habría plegado a intereses ajenos a los de la entidad.

La demanda interpuesta —que reclama a la editora de El Confidencial 8,2 millones de euros por distintos conceptos de daños a Prisa— tampoco es, salvo nominalmente, debida a una competencia desleal porque no puede serlo la publicación de informaciones que se reconocen como veraces cuya única intención es el servicio a los lectores con el ejercicio de un periodismo deontológico. El revestimiento mercantil de la reclamación forma parte de la ingeniería jurídica —en demasía obvia y por lo tanto burda— con la que Juan Luis Cebrián intenta por vergüenza eludir la realidad de que su iniciativa judicial no pretende otra cosa diferente que la de tratar de amedrentar a El Confidencial para evitar nuevas informaciones sobre sus negocios y castigarle por las anteriores. Cebrián sabe, porque es evidente, que su demanda es un intento espurio de cercenar la libertad de expresión recogida en el artículo 20 de la Constitución española, declarada como prevalente sobre otros derechos y libertades por la doctrina constante en las resoluciones del Tribunal Constitucional.

El editor del primer periódico y de la primera emisora de radio de España protagoniza vergonzantemente el mayor y más inédito ataque a la libertad de prensa

La demanda consiste, en consecuencia, en un enorme trampantojo que, sin embargo, no logra esquivar su intencionalidad censora, su propósito intimidatorio y la inevitable conclusión de que, a través de la alegación de un supuesto ilícito mercantil, se pretende cercenar la libertad de expresión. Que sea Juan Luis Cebrián, periodista y exdirector de 'El País', quien protagonice este episodio tan lamentable debe resultar especialmente desolador para las decenas y decenas de acreditados profesionales que trabajan en los medios que edita Prisa bajo su presidencia. De ahí que la denuncia de su comportamiento por la agresión que supone a la libertad de expresión deba evitar el exabrupto y la descalificación para alertar sobre el fondo de la cuestión que en este episodio se plantea: el editor del primer periódico y de la primera emisora de radio de España protagoniza vergonzantemente el mayor y más inédito ataque a la libertad de prensa en nuestro país.

El Confidencial no solo va a defender judicialmente la corrección, veracidad y oportunidad de las informaciones publicadas sobre el patrimonio de Juan Luis Cebrián; El Confidencial, no solo va a ampararse en la libertad de expresión y en la buena praxis profesional para exponer ante el juez cómo y por qué informó a sus lectores sobre el presidente de Prisa; El Confidencial no solo acreditará —si hiciera falta— que Juan Luis Cebrián no es más que un contingente presidente de la editora de 'El País' y otros medios tras los que se encastilla. El Confidencial, además, va a seguir publicando tantas cuantas informaciones veraces disponga sobre él y sobre cualquier otra persona o entidad en tanto en cuanto sean relevantes y de interés para nuestros lectores y para la sociedad en general. En definitiva, la demanda interpuesta a instancias de Juan Luis Cebrián no debilita ni altera —por el contrario, fortalece— el compromiso de El Confidencial con la libertad de expresión y con el servicio a sus lectores.