Nuevas patologías del proceso de internalización de los servicios públicos

Nos está ocupando intensamente el proceso de toma de la gestión directa por los ayuntamientos de la prestación de los servicios públicos. Es un viento que no es nuevo: en el siglo XIX, la tarea estaba asumida por las empresas locales y el deterioro del mismo obligó ya en la dictadura de Primo de Rivera que el Estatuto municipal integrara la gestión directa. El 'outsourcing' se consolida en EEUU al inicio de los años sesenta, con gran implantación en actividades de gran innovación tecnológica y eficacia en la gestión, como la automoción y financiero, que ponen en manos de terceros los procesos de gestión de datos (algún lector se acordará de las fichas perforadas antes de la era digital), cosa nada menor.

Así, aquellas gigantescas empresas constructoras que tenían en plantilla, desde el ingeniero jefe de la obra hasta el vigilante nocturno, pasaron a tener una plantilla que algún cínico ha dicho que consiste en una secretaria con una agenda. Lo que hoy se llega a externalizar de un modo u otro es una de las raíces definidoras de la actividad empresarial globalizada. Claro que nuestros ayuntamientos no es la primera vez que caminan contra la historia. O al menos los personajes que están controlando las corporaciones locales que en pleno siglo XXI abrazan el trotskismo (con éxito, ya que todo se reduce a controlar el poder y están en el mejor camino).

Así que una vez que el mundo de la globalización crea un mercado eficiente en la gestión de los servicios públicos, los primeros ayuntamientos constitucionales a partir de los ochenta comienzan a privatizar la gestión de servicios. Las empresas españolas, por cierto, tuvieron un gran éxito y hoy gestionan servicios públicos en todo el mundo. Están a la cabeza. Claro, normas comunitarias mediante, España tiene también empresas europeas gestionando servicios.

Tiempo habrá para tratar uno de los puntos clave de esta cuestión: qué pasará con los trabajadores de esas empresas privadas que prestan servicios en municipios y que ahora el ayuntamiento quiere hacer directamente, bien al vencimiento de la concesión bien ejecutándolo anticipadamente, en una época de "racionalización de las administraciones públicas" (algo así como que el gendarme de Europa ha puesto pies en pared en la contratación desbocada de los ayuntamientos). Parece que el marco legal no permite convertirles en empleados públicos, ignorando no solo las normas laborales, también los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Pero hay una cuestión previa que nos afecta a todos. La corrupción y la competencia.

Un discutido informe de la CNMC, que a su vez tomaba datos de la OCDE y de Transparency International, del que se hicieron eco Ciudadanos y el PSOE (a pesar de ello, algún ayuntamiento como Valladolid está a la cabeza de las remunicipalizaciones, o como lo quieran llamar, contradicciones o mejor dicho incoherencia), en resumen venía a decir que las prácticas anticompetitivas generaban un nivel de corrupción que venía a suponer un sobrecoste en la contratación pública del 25%, llegando a estimar el fraude en 48.000 millones de euros. Lo cierto es que cuando se cancelen las concesiones de los servicios públicos, lógicamente entre la precariedad del empleo y la obsolescencia de los ayuntamientos, especialmente golpeados en capacidades tecnológicas por la crisis en su contratas, se cambiará una concesión estable a largo plazo por multitud de contratas que entrarán en esa bolsa del 25%.

La otra perspectiva es la del derecho de la competencia en su triple vertiente de Bruselas, la CNMC y los tribunales autonómicos. Todos tendrán o que intervenir o mirar a otro lado, pero la inferencia y lesión en las reglas del mercado y el daño a la economía en sus tres escalas es de proporciones inéditas. Por no hablar de la incidencia sobre el concepto de 'ayudas de Estado', que prohíbe el Tratado de Funcionamiento de la UE, y que tantos disgustos han dado las actuaciones de la Comisión al Reino de España por conductas de las administraciones territoriales.

En el siglo XXI, la corrupción se desplaza al sur, los países del norte tienen las mejores calificaciones en transparencia y buen gobierno. Todo es mudable

Siguen existiendo un buen número de temas para el análisis y la reflexión. Lo más sorprendente es que si admiré el éxito de los movimientos radicales surgidos del descrédito de las fuerzas políticas tradicionales, y tratándose de gentes de formación neomarxista, ahora me decepciona la improvisación: no tenían una solución para los trabajadores, cuyos intereses dicen defender, y generarán más paro dejándoles en situaciones insólitas de precariedad en masa. No tenían soluciones frente al dDerecho de competencia y la normativa comunitaria, y proponen un modelo que abre muchísimos más flancos a la corrupción, en cuyo nombre lograron no pocos votos. Vamos poniéndonos en lo peor.

Y por cierto, todo muta: si en el XIX eran las empresas las que hacían los servicios locales, en ese siglo los países del norte de Europa estaban sumidos en procesos de corrupción política generalizada. En el siglo XXI, la corrupción se desplaza al sur, los países del norte tienen las mejores calificaciones en transparencia y buen gobierno. Todo es mudable. La tenacidad, el esfuerzo, el sacrificio en el trabajo y el servicio al interés general son herramientas muy poderosas. Y habrá elecciones municipales pronto. O no.

Olvidé explicar el título. Diagnosticada la enfermedad, ya conocen la solución: restricciones de prestaciones sociales, deterioro de los servicios públicos y el antiinflamatorio de amplio espectro, más impuestos. Gracias.