Para cumplir la ley: un 'Michavila's boy' a sueldo del 'albondiguilla'

Los Michavila’s boys aparecen por activa y por pasiva en Boadilla del Monte, localidad madrileña en el epicentro de la investigación del Caso Gürtel contra la corrupción vinculada al PP. Por activa, asesorando al Ayuntamiento de Boadilla en la cesión del Palacio del Infante Don Luis a la SGAE, o pidiendo seis millones como mediador con Global Health en la malograda ciudad sanitaria de la Mutua Madrileña, según El Mundo. Por pasiva, trabajando directamente a sueldo del Ayuntamiento del ex alcalde e imputado Arturo González Panero, como personal eventual.

Es el caso de Carlos Ruiz Cabrera, director técnico jurídico del Ayuntamiento de Boadilla. Ruiz Cabrera, licenciado en Derecho, se incorporó a Eius Abogados, la firma de José María Michavila, en el año 2006, donde trabajaba como abogado adscrito al Departamento de Derecho Mercantil y prestaba asesoramiento en materias de protección de datos y propiedad intelectual. Cabrera sustituyó en su puesto a otro hombre de Michavila, Francisco Javier González Sánchez, alias Farruquito, que fue nombrado en junio de 2007 director jurídico “por decreto del señor alcalde presidente”, Panero El Albondiguilla. Por esta actividad, Farruquito cobraba 45.000 euros. Ese mismo día, Panero nombró también, entre otros, a Arenales Serrano Argüello como asesora del alcalde y a Cesar Tomás Martín Morales como asistente técnico de Urbanismo.

Pese contar con abogados en nómina, el Ayuntamiento de Boadilla a las órdenes de Panero no dudó en contratar en distintas ocasiones los servicios de Eius Abogados. Concretamente, en el caso de la polémica cesión del Palacio de Boadilla a la SGAE, los letrados encargados de defender a la sociedad de autores y al consistorio en la demanda interpuesta por Alternativa por Boadilla fueron Alberto Dorrego -director del bufete Eius- y Alfredo Dagnino -presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y Gran Canciller de la Universidad CEU Cardenal Herrera-.

Michavila condecoró a Dorrego, la SGAE condecoró a Michavila

Casualidad o no, lo cierto es que Dorrego también colabora con otro imputado en Gürtel, el tycoon mesetario de los ladrillos y los medios, José Luis Ulibarri, a su vez beneficiado por Panero con la adjudicación de la construcción de 139 viviendas en Boadilla. Dorrego es secretario de Mediamed Comunicación Digital, brazo mediático de Ulibarri, adjudicatario de 13 licencias de TDT por la Generalitat valenciana. Según el diario Levante, el despacho de Michavila cobró al menos 150.000 euros a Mediamed antes de la adjudicación de TDT. Asimismo, el bufete Eius también asesoró en el PAI del golf de Xilxes en el que participa Ulibarri.

Dorrego, que ahora es el director de Eius, estuvo a las órdenes de Michavila siendo éste ministro. Su cometido era la modernización de la justicia. El ministerio terminó concediendo a Dorrego la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort. Hablando de condecoraciones, el propio Michavila recibió una ‘medalla antipiratería' por parte de la SGAE “por su impulso en reformas legislativas para la protección de los derechos de autor”. En el año 2002, Teddy Bautista, presidente de la SGAE, ponderó la labor del ex ministro Michavila porque “el diseño y aplicación de su estricto plan de defensa de la propiedad intelectual (…) han conseguido multiplicar las incautaciones de todo tipo de material, incrementar el número de mafiosos detenidos y reducir la presencia de "manteros" en algunas ciudades". El amor que los artistas profesan al ex ministro de Justicia, abogado de artistas como Shakira y Alejandro Sanz, llega al extremo en el caso del ex miembro de Mecano, Nacho Cano. El teclista, en un alarde de inspiración, se metió a pintor y perpetró un retrato de su amigo Michavila. La Asociación de Internautas se pregunta en su web si tienen ramificaciones el caso Gürtel y la SGAE.

Michavila, como actual diputado, está sujeto al Régimen Electoral General (LOREG), cuyo Capítulo II incluye como incompatibilidades el desempeño de cualquier otro puesto público o privado retribuidos. En particular, es en todo caso incompatible la actividad de contratista o fiador de obras, servicios, suministros y, en general, cualesquiera contratos que se paguen con fondos de organismos o empresas del sector público estatal, autonómico o local.