La extraña historia del Gran Maestre de Bonaria y la bancarrota de Trampolín Hills

La prisión murciana de Sangonera cuenta, desde hace apenas un mes, con un interno de la realeza. Al menos, así se autodefine José María Mosquera, quien se considera a sí mismo descendiente de la dinastía siria de Tadmur y ostenta el cargo de Gran Maestre de la Orden Bonaria -una sociedad de corte religioso-humanitario a medio camino entre las órdenes de caballería y las sectas creada en el año 2004-.

 

En este universo, Mosquera se hace llamar Iosephus Emmanuel III -príncipe heredero de la familia de los Septimio Bathzabbay el Tadmur- y se atribuye los títulos de Gran Maestre de los bonarios, príncipe de Champdor, conde de Turdes Valter, duque de Santiago Apóstol, lord Manor of Perry de Reino Unido… y así hasta 22 títulos nobiliarios.

Durante cinco años, Mosquera forjó una compleja tela de araña en la que logró atrapar a políticos, empresarios e incluso deportistas (la orden llegó a estar vinculada con la federación madrileña de Tae-kwon-do). Su página web muestra imágenes de sus ‘viajes oficiales’, celebraciones y actos sociales en las que Mosquera aparece ataviado con uniforme de corte militar y cubierto con una capa adornada con la cruz de Malta y rodeado de alcaldes, concejales e incluso de altos cargos de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Uno de los que, supuestamente, cayó en sus redes fue el empresario murciano Antonio González, responsable de la promotora Trampolín Hills. Entre los años 2004 y 2005, en pleno auge de la construcción en Murcia, González inició los trámites para levantar una urbanización en la localidad murciana de Campos del Río: 2.570 viviendas que iban desde pequeños apartamentos hasta chalets de 160 metros cuadrados que costarían poco más de 120.000 euros. Todo ello rodeado por 290.000 metros cuadrados de zonas recreativas: campo de golf, zonas ajardinadas, piscinas, centros comerciales… Una variante del paraíso en la tierra que popularizó Polaris World y que ha proliferado en la última década en esta región.

“Es una de las mayores estafas realizadas en España”

Cinco años después, ese paraje idílico no existe. En su lugar hay un inmenso solar con unos cuantos pisos piloto abandonados, grúas dormidas y máquinas paradas desde hace meses. Ahora, Trampolín Hills ha declarado el concurso de acreedores y comparte la propiedad de esa nada con 1.700 familias de toda España e incluso de Reino Unido e Irlanda. Todos ellos pagaron diferentes cantidades como reserva y adelanto de sus apartamentos.

Es el caso de Gerard y Sonia, que entregaron 21.000 euros a cuenta por un chalet de 92 metros cuadrados con tres dormitorios, dos baños, garaje y trastero. “Es una de las mayores estafas realizadas en España. En el momento de firmar los contratos, Trampolín ni siquiera contaba con los permisos pertinentes para el inicio y ejecución de las obras ni con la aprobación urbanística del proyecto”, denuncia su abogado, Antonio José Madrid Osete. Él y Joaquín Guzmán representan a varios centenares de los afectados por esta presunta estafa. “Para colmo, los compradores tienen que soportar que los responsables de Trampolín se paseen por ahí con coches de alta gama y yates de lujo”, lamenta Guzmán.

En total, según reconoció el propio Antonio González en su declaración ante la Guardia Civil, las cantidades entregadas por los compradores rondan los cincuenta millones de euros. De ese dinero, que debía ingresarse en una cuenta especial destinada única y exclusivamente a construir la urbanización, apenas quedan -según consta en un informe de la Benemérita contenido en el sumario del caso- dos millones y medio de euros. Parte de ese dinero fue a parar, según el citado informe, a una cuenta vinculada a Solera el Trampolín, empresa de la que es propietario Rafael Aguilera, el socio de Antonio González en Trampolín Hills.

Es en este punto, precisamente, donde de nuevo entra en escena José María Mosquera. En un principio, el dinero entregado a cuenta por los compradores estaba respaldado por una línea de avales solidarios de La Caixa. En total, cinco o seis millones de euros. En el año 2006, sin embargo, Trampolín empezó a contratar esos avales con la entidad VF Servicios Financieros, vinculada, a su vez, con Swiss Finantial Corporation ltd. Detrás de ellas estaba el príncipe de Champdor.

Ahora, la investigación de la Guardia Civil de Murcia ha revelado que estas dos sociedades no cuentan con el permiso del Banco de España ni de la dirección general de Seguros para operar en España y que tampoco existen para la Agencia Tributaria. El hilo ha llevado a los investigadores hasta Panamá, país donde parece que fue creada la empresa, y hasta una cuenta bancaria de San Vicente y las Granadinas, un pequeño paraíso fiscal ubicado en esta isla de las Antillas Menores.

El conde de San Juan de Gea culpa al Gran Maestre

Los compradores, sin casa y sin dinero, se encuentran ahora con que los avales suscritos con Swiss Finantial son sólo papel mojado. Antonio González, que llegó a ser nombrado conde de San Juan de Gea por la Orden Bonaria, se desvincula de este chiringuito financiero y defiende que ellos también fueron estafados por Mosquera y su corte real. “Nos ofrecieron los mismos servicios que La Caixa, pero más baratos, y les contratamos. Hemos pagado esos avales y nos han engañado”, asegura el letrado de González, José Antonio García.