El Gobierno despacha en tres líneas las dudas sobre la Guardia Civil en Melilla

Tres líneas. Respuesta escueta y hasta lamentable para escurrir el bulto en uno de los asuntos más candentes de los últimos días: la actuación de la Guardia Civil en Ceuta y Melilla y la llamada “devolución en caliente” de inmigrantes que hayan logrado llegar a tierras españolas. Con tres líneas y con 34 palabras ha zanjado el Gobierno las preguntas formuladas por Rosa Díez el pasado 18 de noviembre, mucho antes de que ocurriera la tragedia de la playa de El Tarajal, en Ceuta.

La portavoz de UPyD, que como se ha visto en reiteradas ocasiones, tiene la facultad innata de sacar de sus casillas al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy –véase, si no, el último debate del estado de la nación–, remitió a finales del año pasado una pregunta escrita al Gobierno para solicitar información sobre estas supuestas prácticas de la Guardia Civil que consistirían en devolver a los inmigrantes al Reino de Marruecos “de manera inmediata tras ser detenidos”.

Díez citaba para ello una información del diario El País que revelaba estas prácticas y exigía aclaraciones. De ser verdad, preguntaba por los informes jurídicos que avalasen la inmediatez de esas expulsiones y el número de expulsiones totales que se podrían haber producido. En caso contrario, preguntaba la líder de UpyD si el Gobierno estaba dispuesto a investigar esas informaciones publicadas por el diario de Prisa.

La respuesta del Ejecutivo es digna de mención: “En relación con la pregunta formulada se informa que las actuaciones fronterizas llevadas a cabo en el ámbito interesado por Su Señoría tienen como principio básico el más estricto cumplimiento de la legalidad vigente”. Y aquí paz y después gloria.

Según razonaba Díez en su pregunta, todo indica que la razón de estas “entregas en caliente” se debe a un acuerdo entre el Reino de España y Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente. Fue firmado el 13 de febrero de 1992, en tiempos de Felipe González, pero entró en vigor el pasado año por el retraso del Gobierno marroquí en ratificarlo. El acuerdo podría contravenir la Ley de Extranjería, que obliga a que los citados inmigrantes sean conducidos, con la mayor brevedad posible, a una comisaría para ser identificados, donde tienen derecho a asistencia jurídica. Pero de todo eso, el Gobierno de Mariano Rajoy da la callada por respuesta o, a lo más, debemos intuir su aclaración en el enrevesado texto enviado a las Cortes como respuesta. Así que, otro canto a la transparencia. Y es que Rosa Díez parece que se empeña en sacar de sus casillas a estos del PP. ¿Por qué será?