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Absténgase de agredir a los funcionarios: el Gobierno negocia un protocolo
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Absténgase de agredir a los funcionarios: el Gobierno negocia un protocolo

Los efectos de la crisis son devastadores para quienes han perdido su empleo y no son capaces de encontrar uno nuevo. Aunque también para quienes han

Los efectos de la crisis son devastadores para quienes han perdido su empleo y no son capaces de encontrar uno nuevo. Aunque también para quienes han podido conservarlo –en este caso la mayor parte de los empleados públicos– pero ven como sus relaciones laborales se deterioran. No por una rebaja de sueldos o la ampliación de horarios, sino por el hecho de que un número creciente de ciudadanos pagan su propia coyuntura socioeconómica con los empleados públicos.

La situación ha llegado a tal extremo que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está negociando estos días un protocolo de actuación con los sindicatos, entre ellos CSI-F, en caso de que algún funcionario se sienta agredido física o verbalmente. El documento no cuantifica el nivel existente de agresiones, pero sí que parte de una constatación: “Se ha incrementado el número de incidentes registrados, en particular en el área de empleo”. Es decir, en las antiguas oficinas del INEM es donde se observa mayor aumento de este tipo de comportamientos.

¿Y qué es lo que se propone? Pues ni más ni menos que denunciarlas y poner los medios para que no se produzcan. El protocolo considera dos tipos de agresiones: la física y la verbal. La primera distingue entre coacciones (impedir hacer a un funcionario lo que la ley no prohíbe) y lesiones (cuando se emplea la fuerza física). En el caso de las agresiones verbales se distingue entre insultos, amenazas, calumnias e injurias, que pueden llegar a ser constitutivas de un delito y no una simple falta.

El protocolo se aplicará a todo el personal de la Administración General del Estado y los organismos autónomos, excepto en el caso de los empleados de los sectores educativo y sanitario, que tienen sus propias reglas de actuación en esas circunstancias.

El protocolo pretende poner la venda antes que la herida, y en este sentido anuncia que cuando esté operativo se pondrán “carteles de advertencia” en las oficinas públicas capaces de disuadir de tan incivilizado procedimiento para dirimir discrepancias. Aunque no sólo eso. El documento propone hacer algunas reformas en los despachos para hacerlos inexpugnables, como lograr una buena visibilidad de los espacios públicos, el evitar el aislamiento físico o un mobiliario adecuado para evitar casos de riesgo.

Los efectos de la crisis son devastadores para quienes han perdido su empleo y no son capaces de encontrar uno nuevo. Aunque también para quienes han podido conservarlo –en este caso la mayor parte de los empleados públicos– pero ven como sus relaciones laborales se deterioran. No por una rebaja de sueldos o la ampliación de horarios, sino por el hecho de que un número creciente de ciudadanos pagan su propia coyuntura socioeconómica con los empleados públicos.

CSI-CSIF INEM