Interior exige el grado a los nuevos policías pero deja en el cargo a un 'amigo' sin título

La política de ascensos y nombramientos en el Ministerio del Interior no es igual para todos.El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, está aplicando una doble vara de medir.En términos generales, estáexigiendoquetodos los jefes de la Policía tengan una titulación universitaria. Sin embargo, este principio se aplica a todosmenos a sus ‘amigos’.

La nueva Ley de Personal de la Policía, actualmente en trámite parlamentario, estableceque todos los mandos del cuerpo deben tener el grado. El Ministerio ha introducido este requisitopor recomendación de la Abogacía del Estado, que a su vez sigue lalínea marcadaporlos tribunales: en febrero de 2013 el Juzgado número 9 de lo Contencioso de la Audiencia Nacional cesó temporalmente al jefe superior de Policía del País Vasco, Fernando Amo, por carecer de titulacióny en julio del presente año el Juzgado número 1 del mismo tribunal anuló el nombramiento del subdirector general de la Inspección de Personal del Ministerio del Interior, José María Rodríguez Calderón, por el mismo motivo.

“Si la titulación es exigible a los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, no se llega a comprender que no sea exigible cuando se trate de funcionarios de la Policía”, argumentaba la última de estas resoluciones, que provocó queel Ministerio se comprometiera a incluir el requisito del grado en la citada Ley de Personal, como de hecho ha ocurrido. Interior decidió seguir el consejo de la Abogacía yarriesgarse a más denuncias, puesera consciente de que actualmentela mitad de los jefes de la Policía carecede carrera universitaria.

Sin embargo, por debajo de la mesa, Fernández Díaz hacía excepciones. El pasado verano, ordenóa esa misma Abogacía –que le habíarecomendado la línea contraria– recurrir la mencionada sentencia contra la designación de Rodríguez Calderón. ¿Por qué ese empeño del ministro en mantener en el puesto a un comisario a pesar de las resoluciones judiciales cuando ladirección marcada por el propio titular de Interior en la nueva ley señalaba lo contrario? La respuesta quizá está en el historial del afectado, que curiosamente es quien manejaba el ordenador desde el que se filtró al diario El Mundo en abril de 2011 el email remitido por el entonces secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, a todas las comisarías de España con supuestas intenciones partidistas. El correo solicitaba a los comisarios que le enviasen “los logros” conseguidos en su circunscripción para que el Gobierno pudiera venderlos en la campaña electoral que estaba a punto de comenzar.

Así lo desveló, de hecho, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Séptima de lo Contencioso), tras el recurso de Rodríguez Calderón contra la sanción que le impuso entonces la Dirección General de la Policía (tres meses de suspensión) por filtrar el citado correo electrónico. El número de registro de salida del mail, señala la resolución, “coincidía (…) con el correo remitido por el secretario general de Subdirección General de Gestión Económica, Técnica y Documental”, puesto que ocupaba el mencionado Rodríguez Calderón por aquel entonces. El falló exoneró a Rodríguez Calderón de la sanción que el Ministerio le imponía, pero reconoció los hechos. El tribunal relató que el comisario se dejó su computadora encendida, lo que permitió que su mujer –periodista– enviara el mail al diario El Mundo. “Es obvio que ni la conducta de su esposa ni la del periódico le son imputables”, resolvió la sala.

Un año hasta la jubilación

El recurso de la Abogacía contra la sentencia de la Audiencia Nacional que ordenó elcese de Rodríguez Calderón consigue previsiblemente que el subdirector general se mantenga en el cargo hasta su jubilación, cosa que ocurrirá en algo más de un año, ya que este es precisamente el tiempo estimado que tardará el Tribunal Supremo en resolver la citada apelación. La ‘jugada’ ha generado un enorme malestar en media corporación, que ve incoherente la decisión de mantener en el cargo a alguien que no cumple con los requisitos que sí se exigen al resto.

También ha provocado que el inspector Jesús Andrés de Dios, que denunció el nombramiento de Rodríguez Calderón y dio lugar a la resolución de la Audiencia Nacional, remita al Congreso de los Diputados un escrito en el que tacha de inconstitucional la Ley de Personal. En concreto, la disposición transitoria primera del citado texto, que demora cinco años la entrada en vigor del punto que exige la titulación universitaria.

El caso de Rodríguez Calderón está siendo seguido de cerca por decenas de comisarios y comisarios principales que aspiran a convertirse en subdirectores. Algunos de ellos, para arreglar su situación, han optado por hacer el curso que ofertala Universidad Rey Juan Carlos en colaboración con la Dirección General de la Policía y que permite que los inspectores jefe, los comisarios y los comisarios principales obtengan un grado si aprueban el seminario online que dura apenas un año. Este curso, además, ha reportado sustanciosos beneficios para el centro universitario, pues cada uno de los 200 alumnos que hasta el momento se han matriculado ha abonado 3.000 euros.