Las extrañas amistades en la cuna de la Gürtel: el PP se alía con IU-CM

La política hace extraños compañeros de cama. El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, gobernado por el PP, acaba de aprobar una moción política que hay que saber leer entre líneas. Los concejales del PP, que suman mayoría, y la única edil que IU-Comunidad de Madrid tiene en el municipio aprobaron el pasado 30 de octubre un acuerdo para "elevar al Congreso de los Diputados la petición de un cambio en la ley electoral y en la ley de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas para introducir la imposibilidad de tener un cargo público y al mismo tiempo ejercer como abogado defensor de un imputado por caso grave de corrupción, especialmente de aquellos casos en los que la trama investigada y las actividades del imputado puedan haber causado un perjuicio al patrimonio y a la imagen de la Administración pública en la que el cargo público ejerce su labor y a la que representa".

La moción no da puntada sin hilo. El PP de Boadilla del Monte, hace años uno de los epicentros de la trama Gürtel, obtiene el único apoyo de la concejala de IU-CM, Beatriz Martínez Moya, que según la agrupación de IU Boadilla fue expulsada de la formación, para pedir al Congreso que modifique el régimen de incompatibilidades de los cargos públicos. El objetivo es que estos no puedan ser abogados defensores de imputados por corrupción, sobre todo si el caso ha afectado a la Administración pública en la que ejerce ese cargo. ¿Por qué ese interés del PP de Boadilla en aprobar una moción de este tipo?

Un repaso al listado de concejales de Boadilla revela un nombre: Ángel Galindo Álvarez, edil en la oposición y líder del partido independiente Alternativa por Boadilla. Galindo es desde hace años abogado de José Luis Peñas, el exconcejal de Majadahonda que estuvo durante casi dos años grabando al cabecilla de la trama, Francisco Correa. Peñas puso una denuncia en noviembre de 2007. Las pruebas que aportó sirvieron para comenzar la investigación del caso. A pesar de ello, Peñas está imputado en el procedimiento, pero en la pieza de Majadahonda no en la de Boadilla del Monte.

La moción parece que apunta directamente al concejal Galindo, uno de los azotes del PP en el municipio, gobernado por el también diputado autonómico Antonio González Terol, que el PP ha incluido también en las listas al Congreso por Madrid. La moción termina: "Informar al Consejo General de la Abogacía Española de esta petición para que la estudien y, si fuese necesario, proceder a actualizar el estatuto y el código deontológico de dicha institución para que sea de obligado cumplimiento para los abogados de España". Ni Alternativa por Boadilla, ni PSOE ni Ciudadanos, que también tienen representación en el Pleno municipal, apoyaron la moción. También llama la atención que la edil de IU-CM la haya apoyado cuando abogados de su partido están personados en algunas de las piezas del caso como acusación. No hay que olvidar que IU desfederó de la organización a federación madrileña.