Los empleados de la Administración exigen un aumento del 50%... en Argentina

Quieren un aumento del 25 por ciento con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2017, al que añadir otro 20 por ciento entre 2018 y 2019

Foto: Embajada de España en Buenos Aires. (EFE)
Embajada de España en Buenos Aires. (EFE)

Las delegaciones españolas en Argentina -incluidos los consulados- podrían verse obligadas a cesar sus servicios de manera indefinida a partir del próximo 29 de mayo. El motivo es que sus empleados han convocado una huelga para exigir un aumento salarial del 50 por ciento. Lo mínimo, dicen, para hacer frente a la espiral inflacionaria que experimenta el país.

Los trabajadores piden un aumento del 25 por ciento con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2017, al que añadir otro 20 por ciento entre 2018 y 2019. Lo consideran indispensable para poder "empezar a nivelar el poder adquisitivo y la calidad de vida en Argentina". Es una reclamación que pelean desde hace tiempo, ya que los sueldos han permanecido prácticamente congelados desde 2009, en un periodo en el que el país latinoamericano ha sufrido una escalada de precios.

La huelga, apoyada desde Madrid por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios -CSIF-, la secundan el 91 por ciento del personal laboral y los funcionarios desplazados a ese país, cerca de 200 personas - entre españoles y argentinos- que prestan servicio de manera directa a los más de 500.000 residentes españoles en Argentina, además de turistas, personas en tránsito, etcétera.

El año pasado, el CSIF envió cartas al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos pidiendo que se descongelen los salarios en los países que sufren fuertes espirales inflacionarias, como Venezuela o Argentina.

Según cifras sindicales, se calcula que hay más de 10.000 empleados de la Administración española en el extranjero en una situación de desprotección parcial o total. Sus quejas varían mucho en intensidad y gravedad, pero la mayoría se sienten "trabajadores de segunda" y afirman que sus condiciones no tienen nada que ver con las de los funcionarios expatriados.

Los contratados locales viven en un limbo entre la legislación española y la local, un estado de excepción que empieza el mismo día que sale a concurso su plaza (cuando sale) y que se puede perpetuar de por vida. No están dentro del convenio, no tienen posibilidades de ascenso y sus sueldos en ocasiones se sitúan por debajo del salario mínimo, denuncia el CSIF.

El Confidente

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