Campaña informativa (y II)

Decíamos la semana pasada que habría sido deseable que, en vez de que la campaña de las elecciones europeas hubiese sido un nuevo tirarse los trastos a la cabeza entre los líderes políticos, éstos hubiesen hecho un esfuerzo pedagógico por animar a los ciudadanos a participar en las elecciones. Y es que las elecciones al Parlamento Europeo son, de todo punto de vista objetivo, tremendamente relevantes. El fracaso de participación no es sólo español, sino general en todos los Estados Miembros. A la vista están las cifras, simplemente inaceptables en lo que se supone son algunas de las democracias más avanzadas del planeta.

También se vio, a vista de pájaro, que las reformas de las instituciones europeas realizadas hasta la fecha, se encaminaban claramente a reforzar, entre otros aspectos, el de su legitimación democrática. En esta línea se ha continuado con el Tratado de Lisboa, pendiente de aprobación por sólo uno de los veintisiete Estados Miembros de la Unión y a la espera de que cuatro de ellos depositen en Roma sus instrumentos de ratificación. Cuando esto ocurra, dicho Tratado entrará en vigor, ampliando claramente las competencias del Parlamento en materia legislativa, presupuestaria y de tratados internacionales. Lo cierto es que en la praxis, el Parlamento, con la reforma del proceso de codecisión, estará en pie de igualdad con el Consejo. Y eso no es poca cosa. Estamos hablando pues de que estas pasadas elecciones europeas sirvieron para elegir a un Parlamento que, si todo sigue su natural curso, será tan importante como el Consejo. Y los miembros del Consejo son el resultado de una investidura parlamentaria fruto a su vez de elecciones en que las participación puede llegar a ser realmente elevada.

¿Qué explica pues que haya tal disparidad entre unos niveles de participación y otros? Simplemente la conciencia ciudadana, no siempre acertada, sobre de la importancia de unas instituciones y otras.

Bien pues volviendo al citado Tratado de Lisboa, éste perfila mejor las competencias de las instituciones de la Unión frente a las de los Estado Nacionales. Y esta mejor definición jurídica suele tener como consecuencia práctica una reducción en el número de casos dudosos y disputas. En lo que ahora interesa esto supondrá un reforzamiento del papel de los parlamentos nacionales pero también del Parlamento Europeo.

Lo que es más, a partir de 2014 estaría previsto que el Consejo modificase el modo en que toma sus decisiones, y ello en dos sentidos. El primero de ellos es que bastará con la mayoría cualificada para tomar toda una serie de decisiones. El segundo es que a partir de 2014 la “mayoría cualificada” será el sistema hoy llamado “de doble mayoría”. Consiste en que una decisión se adopte por los representantes en el Consejo del 55% de los Estados (o sea, quince Estados de veintisiete), siempre y cuando representen al menos el 65% de la población de la UE.

Respecto de la Comisión, su número de miembros —los Comisarios—, se reduce, lo que simplifica su estructura, vinculando la elección del Presidente de la Comisión a los resultados de las Elecciones Europeas.

Ante tanto reforzamiento institucional europeo se abordan dos novedades importantes. La primera de ellas es la introducción de la iniciativa legislativa popular europea. Como es sabido, es la Comisión la que lleva el grueso de la iniciativa, del impulso legislativo en las instituciones de la Unión. Se había criticado mucho el hecho de que las propuestas legislativas emanasen de un órgano en principio carente de legitimación democrática. Este lamento es más teórico que real, porque es bien sabido que en las leyes, en particular las técnicamente más complejas, no es infrecuente que intervengan de manera decisiva en su redacción, juristas de primerísima fila al frente de excelentes despachos; y no parece que nadie se haya rasgado las vestiduras aún por la falta de legitimación democrática de estos señores, por lo demás francamente competentes.

El caso es que se prevé que haya una iniciativa legislativa popular “europea”. La idea es que con un millón de firmas de ciudadanos de un número de Estados Miembros significativo, se pueda elevar una petición a la Comisión para que presente una iniciativa legislativa. Conociendo la profesionalidad de los funcionarios de carrera de la Comisión, la recta ética y el limpio desinterés objetivo con que sirven al interés público, lo más probable es que los ciudadanos tengan mucho más éxito presentando estas peticiones a la Comisión, que el que se suele tener por ejemplo ante la Mesa de un Congreso de los Diputados donde el Grupo Parlamentario al que pertenece el partido en el poder no siempre parece excesivamente interesado en atender las proposiciones de Ley que acaban elevándose por esta vía. El probable mayor éxito de los ciudadanos ante esa Comisión que tan lejana venían sintiendo, hará que los Parlamentos nacionales deban revisar sus posiciones y la de algunos de sus miembros, a veces de una altivez rayana en lo directamente cómico si no fuese por lo asuntos en liza.

Finalmente, tantos mecanismos de avance en la Unión —sólo se han apuntado algunos a modo de ejemplo—, habrían forzado la introducción de una novedad importantísima, que no es otra que la previsión explícita de que un Estado Miembro pueda decidir querer de dejar de pertenecer a la Unión. Y esta es una novedad de orden mayor.

Pero lo dicho, unas campañas más pedagógicas probablemente sirvan más al ciudadano que el aburrido espectáculo del “y tú más” que es dudoso que interese ya a nadie. ¿Ideas para debates políticos europeos? Pues todas las referidas a la creación de los espacios comunes de libertad, seguridad y justicia, incluidos los referentes a los llamados servicios de interés general, la protección ciudadana o la cooperación administrativa; o cuestiones tan esenciales como las políticas medioambientales, las de salud pública, las educativas para unos ciudadanos que se supone que deben poder moverse libremente por el territorio de la Unión u otras como las de abastecimiento energético o la mundialización de la economía: políticas inabordables eficazmente por los Estados Miembros de manera aislada.

En fin, si desde estas muy someras líneas se ha animado a algún lector lego en Derecho, a interesarse más por los asuntos de la Unión Europea, participando en las elecciones al Parlamento y sintiendo sus instituciones tan propias como las nacionales, pues bienvenido sea.