El juez que insulta

He puesto el verbo en presente porque espero que después de la intervención quirúrgica a la que dice que se va a someter el juez Manuel Otero Fernández, titular del Juzgado de lo social nº 2 de Córdoba, pueda seguir ejerciendo como magistrado en ese o en cualquier otro juzgado de España. Este juez se ha hecho famoso por haber comparado a los políticos con los burros –"con todos los respetos para con los equinos"– y a los ciudadanos con los "arrieros". Y esa comparación, así generalizando, no la ha realizado en el uso de su libertad de expresión, sino en una sentencia emitida desde el Juzgado del que es titular.

Se ha hecho famoso por haber comparado a los políticos con los burros –"con todos los respetos para con los equinos"– y a los ciudadanos con los "arrieros"El funcionario en cuestión, es además componente de uno de los tres poderes del Estado, el poder judicial. No existe ni un sólo funcionario en nuestro país que tenga el poder que tiene esa clase de funcionario, el poder de meter a alguien en la cárcel y de ordenar la investigación de cualquier persona por el mero hecho de que exista una denuncia contra él. Para lo que no están autorizados los miembros del poder judicial es para emitir opiniones subjetivas, más o menos insultantes, contra aquellos ciudadanos en nombre de los cuales imparten justicia.  Estoy seguro de que el juez Otero debió estudiarlo cuando, durante unos cuantos años, en la soledad de su cuarto de estudio, seguramente con algo más de una veintena de años, memorizaba sin parar el temario que por la tarde se encargaba de recitar ante un preparador, normalmente juez, que le cobraba una sustanciosa cantidad de dinero por prestar sus oídos al recitador opositor; que también tiene mandangas que alguien que va a impartir justicia pase unos cuantos años a la sombra de su estudio memorizando y memorizando, apartado en los mejores años de la vida del mundo que se encarga de conformar la conducta de los seres humanos.

El juez Otero sabe que no es ajustado a derecho lo que ha dicho, porque parece escudarse en esa intervención quirúrgica, al parecer a vida o muerte, para usar la libertad que le otorga el no saber si estará vivo para escuchar y recibir en carne propia los dardos que, está convencido, le van a lanzar. Y es que, explica, a las pocas semanas de dictar la sentencia estaba previsto que pasara por el quirófano, su quinta visita en siete meses, y no garantiza que salga de él.

No sé, al momento de escribir estas líneas, si habrá salido bien del hospital que, seguramente, habrán construido algunos políticos para que él pueda recibir los mejores cuidados médicos de manos de profesionales que cuentan -o por lo menos contaban hasta ahora- con el mejor sistema sanitario del mundo. Seguramente el juez Otero no sabrá, porque la indignación endurece el entendimiento, que el sistema sanitario español, es la consecuencia de la política sanitaria de los diferentes gobiernos que han pasado por España y por la comunidad autónoma donde ejerce su profesión. Y como habrá oído el magistrado Otero, los gobiernos democráticos están formados por políticos elegidos democráticamente por los ciudadanos.

El juez Otero sabe que no es ajustado a derecho lo que ha dicho, porque parece escudarse en esa intervención quirúrgica, al parecer a vida o muerte, para usar la libertad que le otorga el no saber si estará vivo para escuchar y recibir en carne propia los dardosComo en toda viña del Señor, hay políticos burros y políticos inteligentes; todos ellos, cuando deciden contar con la confianza de los ciudadanos para organizar la convivencia democrática, se presentan a unas elecciones, momento en el que los electores tenemos la oportunidad de detectar la inteligencia o la torpeza de los políticos, en función del nivel de juicio que tengamos. La ventaja que tenemos en democracia es que si detectamos que un político es poco o muy burro, si es un sinvergüenza o un loco, podemos sacarlo de la política no votando su candidatura; no es necesario esperar al veredicto de un académico, de un juzgado o de un psiquiatra para eliminar de las Instituciones al que no sea digno de nuestra confianza. Pero, ¿qué puede hacer un ciudadano cuando un juez da señales clara de que no anda muy bien de la cabeza o cuando se nota a la legua que el juez no lleva bien su trabajo o que no se comporta cívicamente? En las dos últimas situaciones, es posible que intervenga el Consejo del Poder Judicial y sancione o expulse de la carrera al juez vago o al juez indecente. ¿Y si está loco? No me consta que ese Consejo obligue a pasar cada cuatro años un examen psicológico o psiquiátrico a quienes, por el mero hecho de haber aprobado unas oposiciones, no están libres de sufrir una perdida de neuronas a lo largo de su dilatada vida profesional. Si el juez fuera político y burro, los ciudadanos tienen la opción de no votarle cada cuatro años; pero, ¿y si es juez y loco?

La crisis económica tiene estas cosas, que a mucha gente se le va la cabeza. Yo trato de mantenerla en su sitio y por eso deseo que el juez Otero haya superado su dolencia física. No puedo decir de él nada más, porque respeto su oficio y porque sería una grosería decir que todos los jueces están locos. Solo habrá algunos como en todas las profesiones. A algunos los conocemos por sus sentencias.