Servicios y derechos

Cerraron la TV pública griega. “Cuando las barbas de tu vecino veas mojar pon las tuyas a remojar”. Todo lo que la crisis nos está deparando no nos coge por sorpresa. Antes había sido ensayado en Grecia, Irlanda o Portugal. No fueron improvisados los recortes que venimos padeciendo en España por órdenes de la troika. Primero llegaron a esos tres países y luego vinieron a España. No sería extraño, por lo tanto, que dentro de un año, el gobierno decidiera el cierre del ente público RTVE. La duda es si la troika se conformaría con eso o aspiraría a que también pongan sus pantallas en negro y sus micrófonos en silencio todas las televisiones y radios autonómicas y municipales que existen en España.

Algunos periodistas han mostrado su extrañeza por el hecho de que la opinión pública española y europea valore menos el servicio público que representa una televisión que la Sanidad o la Educación. Creo que la respuesta reside en el hecho de que, efectivamente, una televisión estatal, autonómica o local es, o debería ser, un servicio público que se presta mejor o peor en función de lo llenas o vacías que se encuentren las arcas estatales, regionales o municipales, mientras que la Educación y la Sanidad no son servicios, sino derechos que asisten a los ciudadanos y que favorecen la igualdad entre ellos. Un ciudadano que no quiera o no pueda ver las emisiones de cualquier televisión pública no es menos igual que su vecino que sí disfruta o padece ese servicio. Hay ciudadanos que no sintonizan nunca esos canales y no por ello se sienten discriminados con respecto a los que sí lo hacen. De la misma forma, el servicio de recogida de basuras, de iluminación municipal, de deportes, nos hará más sucios o más limpios, más ciegos o con más luces, más atletas o más gruesos, pero no más o menos iguales que nuestros vecinos.

Los derechos deben ser garantizados por lo público, independientemente de si las administraciones responsables de garantizarlos tienen muchos o pocos recursos económicos. Cuando la bolsa está llena, los derechos se garantizan; y cuando la bolsa esté menguando, esos derechos se garantizan también

Por el contrario, si los sistemas sanitario y educativo públicos se prestan con mayor o menor calidad, con gratuidad para todos y universalmente, sí que se resiente la igualdad entre los ciudadanos, estableciéndose una clara diferencia entre los que sí pueden pagarse una educación o una sanidad privada y los que tienen que conformarse con una educación o una sanidad deficiente, lenta y discriminatoria. Por eso los ciudadanos exigen mucho de lo que son derechos y menos de lo que son servicios. Los derechos deben ser garantizados por lo público, independientemente de si las administraciones responsables de garantizarlos tienen muchos o pocos recursos económicos. Cuando la bolsa está llena, los derechos se garantizan; y cuando la bolsa esté menguando, esos derechos se garantizan también. Y la única forma que conozco es sacar el dinero de donde está.

Recientemente, el presidente de la Junta de Extremadura ha anunciado que en su comunidad autónoma  va a bajar los impuestos directos a un grupo de ciudadanos que ingresen anualmente menos de 24.000 euros. Independientemente de lo que se pueda pensar al respecto, medidas como esa y la que hizo adelantando en diciembre pasado la paga extra a los funcionarios autonómicos, han sido posibles por una herencia que su gobierno recibió en 2012 como consecuencia de dos sentencias judiciales, una relacionada con la transferencia sanitaria y otra con el llamado impuesto bancario; este último fue la consecuencia de una política tendente a mejorar la calidad de la enseñanza pública en Extremadura. Cuando no hay dinero, se busca y siempre aparece.

 Harán bien los ciudadanos en exigir que los derechos no se restrinjan cualquiera que sea la situación económica de nuestro país. De lo contrario, se volverán a aumentar las diferencias entre españoles con el riesgo de que la exclusión social nos conduzca a un camino que aquí hemos transitado en demasiadas ocasiones para mal nuestro y de nuestro país.

El servicio público de radio y televisión debería estar garantizado siempre que todos cumpliéramos escrupulosamente con lo que los ciudadanos esperan de ellas. La periodista àngels Barceló responsabilizaba a los políticos de la manipulación de ambos medios, dependiendo del partido que gobernara. Lleva razón, pero no toda la razón. Cuando alguien quiere manipular una información desde el Gobierno, tiene que tener la seguridad de que siempre habrá un periodista dispuesto a olvidarse de su profesión para convertirse en un papanatas. Nadie podría manipular la verdad si no hubiera periodistas dispuestos a hacerlo a cambio de un plato de lentejas, como nadie podría ordenar dejar morir a un enfermo en su cama hospitalaria si no hubiera un médico dispuesto a ello. Esto segundo resulta imposible de creer. ¿Por qué es tan fácil creer lo primero?