Fortalecer la democracia

El Secretario General de los socialistas madrileños dimitió el pasado miércoles de su cargo de senador por la Comunidad Autónoma de Madrid. Las razones son conocidas: su desacuerdo con la elección de un miembro de la carrera judicial, al que el PSOE de Madrid tenía recusado, para vocal de Consejo General del Poder Judicial. En principio, nada que objetar a esa decisión que pone de manifiesto que, frente a lo que se dice habitualmente de la coherencia de los políticos y de su falta de decisión para dimitir, de cuando en cuando, surgen excepciones que, lejos de confirmar la regla, lo que hacen es anularla.

Hay políticos que dimiten y, en el caso de Tomás Gómez, no por ningún escándalo que afectara a su honorabilidad, sino por el hecho de no admitir que si alguien es recusado por un partido, ese mismo partido vote al recusado para una responsabilidad superior en el esquema judicial. Algunos especulan con las verdaderas razones de esa dimisión, dando por supuesto que detrás de la misma se esconden otros intereses menos nobles; varios dirigentes socialistas han puesto el grito en el cielo tratando de evitar, mediante la sospecha, un posible daño al PSOE, en lugar de tratar de aprovechar en beneficio propio un gesto que, en general, la ciudadanía ha visto con buenos ojos. Me parece un gesto mucho más honrado el dimitir que el de votar en contra asumiendo el coste de una multa de su grupo parlamentario.

Después de más de treinta años de democracia, hubiera merecido la pena que se hubiera diseñado un procedimiento que evitara la sensación de que los partidos políticos deciden los nombramientos de los vocales conforme a sus intereses

¿Y por qué el PSOE somete a uno de sus secretarios generales al dilema de dimitir por coherencia o mantenerse en su puesto de senador haciéndole tragar sus palabras y sus hechos? Todo viene como consecuencia del procedimiento elegido por la mayor parte de los grupos parlamentarios de la Cortes Generales para la elección del citado Consejo General del Poder Judicial. No existe un mecanismo perfecto para dicha elección. Es discutible que sean los mismos jueces los que elijan a los miembros de ese Consejo, sobre todo, porque los jueces y magistrados tuvieron la mala idea de agruparse alrededor de asociaciones, dejando fuera a quienes no se afiliaron a las mismas, y dotando de un claro cariz ideológico y partidario a los que lo hicieron.  Y porque la justicia en España, como en todas las democracias, emana del pueblo, y al pueblo lo representan los diputados y senadores que, en última instancia, deberán ser los encargados de trasladar al Consejo General del Poder Judicial la voz de la soberanía nacional.

Pero, después de más de treinta años de democracia y de varios Consejos Generales elegidos por el procedimiento parlamentario, hubiera merecido la pena que se hubiera diseñado un procedimiento que evitara la sensación de que los partidos políticos deciden los nombramientos de los vocales conforme a sus intereses partidarios y no a lo que dice la ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial que, explícitamente, mandata que tanto los juristas como los miembros de la carrera judicial lo sean de reconocido prestigio. No se pone en duda la idoneidad de quienes han resultado elegidos, pero sí se cuestiona que los electos lo hayan sido sólo por sus méritos, porque tiene toda la pinta de que en cada caso, han sido los criterios partidarios los que han primado por encima de las valoraciones profesionales y académicas. Que cada partido elija a los suyos y no todos a los de todos es el peor procedimiento de todos.

En la democracia española, donde la desconfianza se apodera cada vez más de los ciudadanos respecto al funcionamiento de sus instituciones más básicas, nadie debería dudar de que los organismos reguladores o los encargados de velar por el cumplimiento de las normas estarán siempre formados por personas independientes que se atienen a lo que la sociedad puso en sus manos y no a las instrucciones o a los intereses espurios del gobierno de turno o del partido que les llevó hasta ellos.

Tendría que ser elemental saber que cuando se eligiera a un gobierno, sólo se estaría eligiendo a una parte del poder, en este caso, al poder ejecutivo, que no debería controlar al parlamento, como ocurre ahora, sino que otro de los poderes esenciales de un sistema democrático, cual es el Congreso de los Diputados, sería el encargado de legislar y de controlar al poder Ejecutivo.

A ninguno de los ciudadanos le debería caber la menor duda de que los órganos jurisdiccionales, fundamentalmente el Tribunal Constitucional, pero también  el Consejo General del Poder Judicial, elegidos de la manera que sea, responderían siempre de acuerdo a la independencia que la Constitución y la mera interpretación de una sociedad democrática exigiría en todo memento. Nadie tendría que especular sobre el pronunciamiento de cada miembro de esos órganos, porque nadie tendría que averiguar el sentido de su voto en función de lo que le ordene quien maneje el mando a distancia desde el gobierno o desde la oposición, sino que no nos quedaría nunca la menor duda de que se ha dictado sentencia o se han adoptado resoluciones en función de la independencia de los jueces y magistrados.

El día en que las cosas comiencen a funcionar de esa manera -ahora no ocurre así- y cuando los ciudadanos perciban que esos organismos e instituciones funcionan con vida propia y no teledirigidos, seguramente, la democracia española retomará el vuelo y volverá a llenarse de prestigio y simpatías.