"La llave la tengo yo"

El Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dicho que el Gobierno estudia traspasar el impuesto sobre los depósitos bancarios a las comunidades autónomas con unos límites, dentro de la reforma tributaria integral que el Ejecutivo ha anunciado para el próximo año.

Este es el tercer intento del gobierno del PP para tratar de desvirtuar, cuando no anular, un derecho que asiste a las regiones. 

El primero fue la decisión del Consejo de Ministros del gobierno Aznar de recurrir ese impuesto cuando, contra todo tipo de pronóstico, la Junta de Extremadura se atrevió a tocar, siquiera mínimamente, los beneficios bancarios, en el año 2001. Aznar y su ministro Montoro se tiraron a degüello y recurrieron ante el Tribunal Constitucional dicha decisión.

El Gobierno aprobó en diciembre de 2012 un gravamen del 0% sobre los depósitos en los bancos para evitar que cada autonomía pudiera tener una tasa propia. Un impuesto con un gravamen del 0% es una burla impositiva que ha tenido escaso recorrido

Bastaba con haber leído los editoriales y artículos de aquel tiempo, cuando la banca era la buena de la película, para darse cuenta de que aquel impuesto iba a tener un corto recorrido. En esa línea se manifestaba el 15 de abril de 2001, el diario El Mundo publicando un artículo firmado por José María Lago Moreno que, bajo el título de El órdago de Ibarra a la banca, decía: “Malos augurios caben respecto de este tributo. Si se quiere gravar el ejercicio de la actividad bancaria de captación y colocación de depósitos, no puede perderse de vista que ésta es materia imponible local que se encuentra ya gravada por el impuesto sobre actividades económicas. Si se quieren gravar las instalaciones bancarias, éstas son también materia imponible local ya gravadas por el impuesto sobre bienes inmuebles. Y si se quieren gravar los beneficios que obtienen las entidades es imposible olvidar que ésta es materia imponible estatal, y que ya están gravados por el impuesto de sociedades. No prosperaría ante el Constitucional el juicio de constitucionalidad en ninguno de los tres supuestos”.

En la misma línea, el domingo 4 de marzo de ese mismo año, la Asociación Española de Banca (AEB) afirmó que “la pretensión de gravar el ahorro captado en una región no cabe en el ordenamiento político vigente, ya que atentaría a la unidad de mercado y a la competencia”. En un primer momento, esta patronal aseguró que “recurriría la norma ante el Constitucional, lo que garantizaría la falta de efectividad de la medida, en caso de que se aprobara, pues las sentencias pueden demorarse cuatro años”.

El 31 de mayo del mismo año, el diario El País se hacía eco de una opinión de la Comisión Europea que, a preguntas del entonces eurodiputado popular José García-Margallo (hoy Ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno Rajoy), dijo que “el impuesto que el Gobierno de Extremadura quiere aplicar a los depósitos de los bancos que operan en esa comunidad podría ser contrario al espíritu de la libre circulación de capitales, porque discrimina los ahorros de esta región respecto a los de otras zonas españolas y europeas”.

Por último, el día 8 de marzo de 2001 el diario ABC ponía en boca del Director del Instituto de Estudios Económicos, Juan Iranzo, lo siguiente: “El impuesto bancario que quiere implantar la Junta de Extremadura y que gravará la captación de ahorro en la región es aberrante, además de ilegal”. Y añadía que “será nefasto para la economía de Extremadura”.

Parece que la Junta de Extremadura se adelantó a los tiempos; entonces los que gobernaban Extremadura eran los malos y la banca, los buenos. Hoy las cosas parecen ser al revés

Como recordarán, en noviembre de 2012, el Tribunal Constitucional dictó sentencia dando la razón a la Junta de Extremadura, declarando ajustado a la Constitución el citado impuesto.

Tras esa sentencia, el Gobierno -ahora no el de Aznar, sino el de Rajoy, pero con el mismo Ministro de Hacienda- en su segundo intento de anular lo que era constitucional, aprobó en diciembre de 2012 un gravamen del 0% sobre los depósitos en los bancos para evitar que cada autonomía pudiera tener una tasa propia. Un impuesto con un gravamen del 0% es una burla impositiva que ha tenido escaso recorrido, como lo prueba el hecho de que al final el Gobierno se ha rendido y ha decidido dar luz verde a todas aquellas autonomías que deseen imponer ese gravamen a los bancos; eso sí, con limitaciones, lo que constituye el tercer intento del gobierno popular de defender a los responsables directos de la crisis que padecemos.

Parece que la Junta de Extremadura se adelantó a los tiempos; entonces los que gobernaban Extremadura eran los malos y la banca, los buenos. Hoy las cosas parecen ser al revés. Andalucía, Canarias y Cataluña se subieron al carro, tarde, pero, se subieron. Se demuestra, una vez más, que, cuando no hay suficientes recursos para atender derechos de los ciudadanos, o se recortan o se buscan donde los haya. Eso es más eficaz que robar carritos en el Mercadona o que asaltar los logros conseguidos en etapas anteriores con el Estado del Bienestar. Esta nueva figura, -ha dicho Montoro- "no es fruto de mi devoción". Ya lo sabemos. A él le gusta más poner sus posaderas en la caja fuerte de Hacienda proclamando a los cuatro vientos: “La llave la tengo yo”. Con eso disfruta.