Pacto fiscal

Tras la petición oficial de rescate económico por parte de la Generalitat de Cataluña, todo indica que el próximo paso ‘político’ que darán los representantes del Gobierno catalán será pedir un referéndum de autodeterminación. Esto hubiera sido lo previsible, incluso lo previsto -según algunos medios de comunicación catalanes- de no ser porque el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha ofrecido a “estudiar” el denominado “pacto fiscal”.

Si bien “estudiar” no implica llegar a acuerdos de ningún tipo, parece evidente que los meses pasan y la tensión nacionalista pide resultados en este sentido. Cataluña quiere un pacto fiscal a la vasca, es decir, recaudar todos los impuestos y, de forma bilateral, liquidar a final de año la cuenta de gastos e ingresos con el Gobierno central. España, hasta el momento, es un país “solidario” en el que los impuestos los pagan las personas y no los territorios. Gracias a ello el Ejecutivo puede redistribuir entre los que menos tienen de forma más equitativa.

Si las comunidades autónomas compiten, fiscalmente hablando, en igualdad de condiciones ellas deciden cuánto quieren recaudar, cuántos impuestos van a cobrar. Así, los ciudadanos podremos elegir libremente dónde vivir en base a lo que pagamos con nuestros impuestos y los servicios a los que tenemos derecho

Esto último es así en todo el territorio nacional, exceptuando el País Vasco y Navarra. Cataluña tiene la aspiración política de poder adoptar la excepción vasca. Aspiración nada novedosa y que consiguió en la anterior legislatura, en la que por primera vez se hicieron públicas las denominadas “balanzas fiscales” de las diferentes comunidades autónomas. En principio, la aspiración catalana me parece bien, pero no solo para Cataluña sino para todas y cada una de las 17 comunidades autónomas, que deben aspirar a tener su propia Agencia Tributaria y ser las encargadas de implementar y recaudar los tributos de los contribuyentes. Pero sin trampas, sin “liquidaciones con el Estado central” de ningún tipo. Autonomía fiscal completa para todos, lo que podría denominarse federalismo fiscal con supervisión central.

El Gobierno de Mariano Rajoy tiene una oportunidad histórica de instaurar la total competencia fiscal entre las comunidades autónomas, de tal forma que se recaude una franja de impuestos centrales, como el Gobierno federal de Estados Unidos, que permita la financiación de la política exterior, el Ejército, un fondo general de libre disposición en caso de catástrofes, por ejemplo, un fondo que financie los servicios mínimos comunes a nivel general  sanitario y educativo, y poco más.

Si las comunidades autónomas compiten, fiscalmente hablando, en igualdad de condiciones ellas deciden cuánto quieren recaudar, cuántos impuestos van a cobrar. Así, los ciudadanos podremos elegir libremente dónde vivir en base a lo que pagamos con nuestros impuestos y los servicios a los que tenemos derecho. En Estados Unidos, por ejemplo, la educación depende de los ayuntamientos, que son los que financian las escuelas públicas.

El Gobierno Federal de EEUU se encarga del marco regulatorio general, y de apoyar aquellos estados con deficiencias, en este caso educativas, pero el meollo de la financiación recae sobre los ayuntamientos. Pues muy bien, vamos a ello, vamos a poner a competir a las comunidades autónomas y a  los ayuntamientos en materia fiscal: tanto recaudan, tanto gastan. Los contribuyentes podremos decidir si queremos pagar más impuestos y vivir en una comunidad autónoma determinada, o pagar menos y vivir en otra.

De esta forma, se acabaría con el cupo vasco y las aspiraciones soberanistas en materia fiscal de Cataluña. De esta forma, todos los contribuyentes españoles seríamos iguales ante algo tan básico como la decisión de aplicar el dinero de nuestros impuestos en lo que nosotros queremos.