Por qué Aguirre tiene razón

Esperanza Aguirre publicó ayer un artículo en el diario ABC sobre la necesidad de reestructurar la sanidad pública para mantener los actuales niveles de excelencia en el servicio sanitario público en la Comunidad de Madrid y en España.

El Consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, lleva semanas explicando que la sanidad madrileña no se privatiza, y es verdad. En realidad, los hospitales siguen siendo de titularidad pública y se externaliza la gestión de los servicios de algunos de ellos. Exactamente igual que ya sucede en Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Valencia…  Si esto es así, que es, estamos ante movilizaciones políticas con un trasfondo de conflicto laboral. Es decir, algunas asociaciones de médicos, enfermeros y trabajadores de la sanidad pública temen que sus condiciones laborales puedan cambiar. Y esto es verdad. Si el plan sigue adelante, las condiciones laborales para estos colectivos variarán sustancialmente, como ya ha sucedido en el resto de comunidades autónomas y en hospitales de Madrid o Barcelona de gestión público-privada.

Para empezar, hay que explicar que la sanidad pública española, en la que hemos invertido miles de millones de euros en las últimas décadas, no es gratis: la costeamos entre todos los contribuyentes (contribuyentes son aquellos que pagan impuestos, aunque no todos los usuarios de la sanidad pública lo hacen). Esto significa que, con nuestros impuestos, costeamos la financiación de nuestra red de hospitales y sus profesionales.

En segundo lugar, es falso que en España exista copago sanitario. No he logrado encontrar a nadie que haya tenido que pagar una factura sanitaria por acudir al médico en un hospital de titularidad pública. He encontrado ejemplos de errores administrativos -como en tantas cosas-, pero no he conseguido una sola factura de un ciudadano español que pagase una factura en un hospital público por un tratamiento. En el resto de Europa, en los países que son como nosotros, hay copago sanitario. Es decir, además de financiar la sanidad pública con sus impuestos, pagan cada vez que acuden al médico -desde el doctor de cabecera al especialista-. Así sucede en Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, etc. Esto no solo no sucede en España, sino que se pretende que siga siendo así.

Si el instrumental que hemos comprado entre todos durante décadas es el mejor del mundo, si nuestros médicos van a seguir trabajando en los mismos hospitales, si a los pacientes de los hospitales públicos no se nos va a cobrar por la asistencia sanitaria, si los tratamientos van a ser los mismos, ¿dónde está el conflicto?

En tercer lugar, conviene aclarar que igual de buenos o malos -en general- serán los médicos, doctores, enfermeras en los hospitales de gestión privada que en los hospitales de gestión pública. ¿O no? Es más, muchos profesionales de la medicina pública atienden en hospitales privados. Ejemplos hay varios: algunos especialistas de la unidad de oncología de la Princesa atienden, por ejemplo, en el hospital La Zarzuela, de Sanitas. Entonces, si los profesionales de la medicina son buenos, si el instrumental que hemos comprado entre todos durante décadas es el mejor del mundo, si nuestros médicos son vocacionales y se preocupan por sacar adelante a cada uno de sus pacientes y van a seguir trabajando en los mismos hospitales, si a los pacientes de los hospitales públicos no se nos va a cobrar por la asistencia sanitaria, si los tratamientos médicos van a ser los mismos, ¿dónde está el conflicto?

Antes de llegar a la conclusión sobre este, conviene repetir que el actual sistema del bienestar no lo podemos pagar. Y no lo podemos pagar porque nos hemos pasado de frenada en el gasto en 90.000 millones de euros de media, más de los que ingresábamos, en los últimos 6 años.  Años en los que, además de la crisis, ha envejecido nuestra población, población que vive más y con más calidad de vida y que tiene derecho a ser atendida para vivir con todas las garantías sanitarias. Hemos construido hospitales de última generación en cada provincia y hay un sistema sanitario en cada comunidad autónoma, tan absurdo que necesitas un “salvoconducto oficial” para que una persona canaria sea tratada en un hospital público de Madrid. Eso, si te lo dan.

La multimillonaria inversión en medicina pública en nuestro país, sin embargo, no nos ha permitido tener grandes hospitales de referencia nacionales por enfermedades. Los profesionales de la sanidad pública de Castilla-La Mancha, por ejemplo, no pueden ejercer en Cataluña. Si un médico de Burgos quiere trabajar y aprender con un equipo especializado en neurología infantil en el hospital San Juan de Dios de Barcelona, no puede.

Es decir, nos encontramos ante un sistema sanitario cerrado, con un coste abismal -por la competencia entre CC.AA.-, y que no podemos pagar. No se trata de si el coste de la sanidad es de 1.500 € o 10.000 € por habitante; como diría Ignacio Escolar, se trata de lo que tenemos para pagarlo. Y en este sentido, parece lógico pensar que cualquier racionalización del gasto, de nuestro dinero, es necesaria para salvar el sistema. Por ello, en la Comunidad de Madrid nos encontramos ante un problema laboral. Es evidente que a algunos médicos no les da igual quién rubrique su nómina: ¿por qué? Si la actividad es la misma, la dedicación la misma, los horarios los mismos, ¿por qué? Si los dueños de los hospitales seguimos siendo todos los contribuyentes, ¿cuál es el problema de quién gestiona?

El riesgo, como en todo, está en el control de las autoridades políticas de las empresas concesionarias de los servicios. Y aquí yo me pregunto qué opinan los ciudadanos adscritos, por ejemplo, al hospital Jiménez Díaz y sus médicos. ¿Tienen malos médicos, mal servicio, mal diagnóstico? Yo comprendo que, vista la corrupción generalizada de este país y la cultura del pelotazo -en todos los aspectos de la vida, desde el periodismo hasta los secretarios de juzgado-, exista cierta “prevención”, pero nuestra responsabilidad como los verdaderos financiadores de nuestra sanidad es buscar el mejor servicio al menor coste. Y no está claro que la gestión totalmente pública de la sanidad sea más efectiva que la privada, que la gestión público-privada. Los buenos, como en todo en la vida, seguirán siendo los mejores.