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Pilar García de la Granja

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Pilar García de la Granja

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El hecho de que algún Pujol tenga un doble que es Pujol pero no de los Pujol/Pujol, no es ninguna novedad en España. Lo de menos

El hecho de que algún Pujol tenga un doble que es Pujol pero no de los Pujol/Pujol, no es ninguna novedad en España. Lo de menos es el dinero, de dónde viene el dinero, porque al final en la nomenclatura cabe todo. La duplicación de Administraciones, empresas, burocracias… es el pan de cada día en nuestro país. Es más, el hecho de tener una administración duplicada o triplicada con las mismas características que la original, es el origen -en teoría- de la próxima gran reforma del Gobierno: la de las Administraciones Públicas.

Dicen los titulares de prensa que el Gobierno podría ahorrar hasta 100.000 millones de euros con la Reforma de las AAPP que prepara. Traducción: nos ahorraríamos el 10% del PIB. La suma es tan enorme que no se entiende que no se haya abordado antes, aunque “nunca es tarde si la dicha es buena”. La cuestión previa es: ¿qué son las Administraciones Públicas? Pues son todas las administraciones: central, autonómica, ayuntamientos, diputaciones y los miles de empresas, fundaciones y consorcios que cuelgan de ellas. La Administración Pública española cuenta con prácticamente tres millones de funcionarios (personas que trabajan en lo público con “plazas en régimen de propiedad privada gracias a un examen”) y empleados públicos (personas que trabajan para la Administración Pública pero que no tienen un empleo en régimen de propiedad privada porque aún no han aprobado el examen).

¿Tiene que tener el Gobierno una cadena de hoteles que compitan con la empresa privada pese a que pierden 200 millones de euros al año? ¿No sería más razonable externalizar la gestión con un contrato que les obligue a preservar los edificios históricos?Si se eliminan organismos y se centraliza la gestión, es posible ahorrar y ser más eficientes. Las empresas públicas tienen una deuda de 56.000 millones de euros. Según el Gobierno, la privatización de algunas de estas empresas que se engloban en la SEPI podría suponer unos ingresos de unos 15.000 millones de euros. Entre las empresas a privatizar, o semiprivatizar, hay varios casos sorprendentes: Red Nacional de Paradores, por ejemplo.

¿Tiene que tener el Gobierno una cadena de hoteles que compitan con la empresa privada pese a que pierden 200 millones de euros al año? ¿No sería más razonable externalizar la gestión con un contrato que les obligue a mantener y preservar los edificios históricos y dejar a la iniciativa privada su gestión? Como en el caso de Paradores, el Estado cuenta con empresas de consultoría y gestión de ingeniería, de telecomunicaciones, de energía, de infraestructuras… ¿No es más razonable tener un cuerpo de inspección eficiente, profesionalizado y con medios que se encargue de velar porque se cumplan los contratos y los marcos legales de actuación?

Lo mismo sucede con los órganos de competencia de las televisiones públicas autonómicas, absolutamente desbordadas en el coste; con las duplicidades de organismos en materia administrativa, los consejos económicos y sociales, los parlamentos autonómicos, el Senado, los organismos de “colocación de desempleados”, los sindicatos, la patronal, fundaciones varias… En todas estas cositas se nos van al año 100.000 millones de euros, según el Gobierno. Por ello es urgente redimensionar la Administración Pública, y es urgente que se haga para poder mantener, en primer lugar, a ella misma y, en segundo, para impulsar el crecimiento económico y el libre tráfico de bienes en todo el territorio. No parece razonable tener barreras administrativas en cada comunidad autónoma para una misma empresa. Es un coste adicional para las pymes, ahogadas ya por la subida de impuestos, los costes de producción y el desplome del consumo.

Y, en último lugar, la reforma que nos ocupa tiene que impulsar la competencia, una competencia real. Es imposible que el hecho de que el lunes sea el día de la semana en que la gasolina es más barata, como asegura el blog Nada es gratis, de Fedea, sea por casualidad. Sencillamente no es posible, salvo que alguien lo haga posible. A ver si es verdad que la gran reforma que prepara el Gobierno para la primera mitad del año llega hasta el final. Por el bien de todos. 

El hecho de que algún Pujol tenga un doble que es Pujol pero no de los Pujol/Pujol, no es ninguna novedad en España. Lo de menos es el dinero, de dónde viene el dinero, porque al final en la nomenclatura cabe todo. La duplicación de Administraciones, empresas, burocracias… es el pan de cada día en nuestro país. Es más, el hecho de tener una administración duplicada o triplicada con las mismas características que la original, es el origen -en teoría- de la próxima gran reforma del Gobierno: la de las Administraciones Públicas.