Preferentes

Desde el nombre, todo es un engaño. Algo “preferente” según la Real Academia Española de la Lengua es un adjetivo que indica “que tiene preferencia o superioridad sobre algo”. Si uno viaja en avión, y compra un billete de clase “preferente”, implica que su asiento es mejor que otros que no lo son. También cuesta mucho más dinero. Cuando se tiene preferencia, se está “antes”. En el lenguaje coloquial, preferente implica bueno y, por lo tanto, algo más seguro.

Si vamos al glosario de la página web del Banco de España, nos encontramos con que una “participación preferente” es: "Un instrumento financiero emitido por una sociedad – banco u empresa- que no otorga derechos políticos al inversor, que ofrece una retribución fija (condicionada a la obtención de beneficios), y cuya duración es perpetua, aunque el emisor suele reservarse el derecho a amortizarla a partir de los 5 años, previa autorización del supervisor" (el Banco de España en caso de los bancos). Los preferentistas son los últimos en cobrar en caso de quiebra de la entidad, sólo después de los accionistas.    

Esta definición, por supuesto, casi nunca ha sido ya no leída, sino explicada, a los miles de españoles que invirtieron su dinero en las famosas preferentes, tanto de entidades de crédito como de empresas. Venían malos tiempos: en el 2009 comenzó un estrangulamiento del crédito, producto de la crisis de deuda internacional y la propia, no visto en décadas. Tras una guerra inicial de los bancos por captar depósitos – con rentabilidades a un año insólitas-, el Banco de España decidió permitir la colocación masiva de las llamadas “preferentes” entre sus clientes. Clientes cuyo retrato robot son personas mayores, con poco o nada de conocimiento de los mercados, y que transformaban sus depósitos a largo plazo de toda la vida por inversiones en preferentes, normalmente guiados por los directores de las sucursales de las entidades financieras. Personas mayores que confiaban plenamente en esos directores de oficina y que, por lo tanto, gracias a esa confianza cambiaban sus depósitos por esos productos de alto riesgo sin saber lo que eran, normalmente sin estar informados, y en la gran mayoría de los casos – por lo que estamos viendo- engañados.

El verdadero responsable de aprobar y generalizar las preferentes fue el Banco de España, que viendo la incapacidad de los bancos de captar recursos y, creyendo erróneamente que la crisis era cosa de dos años, o de la fiebre de un niño, aprobó las emisiones sin mayor control.

La necesidad de captar capital y tener 'secuestrado' ese dinero por parte de los bancos y cajas era tal que llegaban a asegurar a los clientes que se trataba de otro tipo de depósito, igualmente líquido que los depósitos a un año. Resulta que hay preferentes emitidas cuyo año de vencimiento es el 3000. La venta masiva e indiscriminada de estos instrumentos se llevó a cabo entre el 2009 y el 2011. Se supone que cerca de un millón de familias suscribieron acciones preferentes sin conocer normalmente lo que eran, para que los bancos captaran – según datos de ADIAE- unos 30.000 millones de euros.  La banca española, según los últimos datos, estaría dispuesta a aportar hasta 2.000 millones de euros a través de una derrama para dotar al Fondo de Garantía de Depósitos, que será quien finalmente pague.

Desde la Unión Europea y el Eurogrupo, se le ha explicado a España que los tenedores de preferentes tienen obligatoriamente que pagar parte del pato del engaño. Exactamente igual que en Chipre con los depósitos, en España con las preferentes. Quitas para los accionistas que van desde el 40% hasta el 70% según la entidad.

Un escándalo que el Gobierno del PP y su ministro de Economía, Luis de Guindos, han intentado paliar con la creación de la figura del 'mediador', cuyo máximo responsable sería el presidente, en este caso presidenta, de la CNMV, Elvira Rodríguez. Como la CNMV no tiene atribuciones para ello, se anunció un decreto ley de urgencia que lo habilitaría para el trabajo de marras. El equipo, liderado supuestamente por Elvira Rodríguez (Comisión de Seguimiento de Participaciones Preferentes), tendría que ejercer de mediador en los arbitrajes.

El caso es que, a día de hoy, lo que sabemos es que la mayor parte de las personas que invirtieron en preferentes fueron engañadas, que no tienen capacidad de recuperar su dinero y que en muchos de los casos se reembolsará sólo una parte, otra en acciones ordinarias y, otra la perderán para siempre, salvo si acuden a un juzgado que les dé la razón.

Y la verdad es que las entidades financieras son responsables de emitir estas preferentes y colocarlas en sus redes de oficinas – algunos bancos han cambiado a los directores para que no se tuvieran que enfrentar a sus clientes engañados-, pero el verdadero responsable de aprobarlas y de su generalización fue el Banco de España, que viendo la incapacidad de los bancos de captar recursos y creyendo erróneamente que la crisis era cosa de dos años o de la fiebre de un niño, aprobó las emisiones sin mayor control.

Ahora el papelón es monumental: miles de afectados con ahorros de toda la vida, los bancos sin capacidad de hacer frente al desembolso – no tienen liquidez-, la UE, que obliga a que todo el mundo corra con parte del desastre. El enfado monumental –y con razón– está servido en las calles. ¿Ninguno de los que mandaban, regulaban, inspeccionaban, es responsable de nada?