“¡No es esto, no es esto!”

El gran Ortega y Gasset resumía en esta frase el descontento-desconcierto de los españoles respecto al radicalismo de la Segunda República. Hacía una reflexión el magistral
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    El gran Ortega y Gasset resumía en esta frase el descontento-desconcierto de los españoles respecto al radicalismo de la Segunda República. Hacía una reflexión el magistral intelectual español sobre el devenir de los actos “revolucionarios” y el abuso de la palabra “revolución” sin contenido, más allá de la toma de represalias (políticas) cualesquiera que fueran. No se equivocaba Ortega y Gasset en su predicción histórica de lo que vino poco después de la fallida II República: la Guerra Civil.

    Sin ánimo (alguno) de comparar situaciones históricas, que nada tienen que ver, es evidente que en España vivimos un 'fin de ciclo'. Fin de ciclo social, institucional y de valores. Un fin de ciclo, al fin, que puede desembocar en “algo bueno o en algo terrible”. Y como muestra, un botón. La tendencia justiciera, tan arraigada en nuestra cultura, se está mostrando en toda su intensidad con el encarcelamiento del que fuera presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa.

    La combinación de una crisis económica sin precedentes para las generaciones actuales, la falta de valores morales y de discernimiento, la ausencia de decisiones contundentes a lo largo de las últimas décadas sobre abusos de poder manifiestos y delitos encubiertos, cuando no permitidos y asumidos por la sociedad en su conjunto, ha derivado en un proceso de 'justicia civil-mediática' sin precedentes. A ello han contribuido las instituciones, todas, y, en especial, la Justicia, cuya politización creciente a lo largo de las últimas décadas ha devenido en algunos casos sólo, pero no menores, en jueces estrella, jueces justicieros y jueces injustos, aplaudidos, eso sí, por una ciudadanía harta -y con razón- de abusos constantes nunca penados.

    El segundo auto del juez Silva, de encarcelamiento sin fianza de Miguel Blesa, es la máxima expresión de todo lo anterior. El auto que envía a prisión incondicional a un hombre del que no se conoce, hasta el momento, más delito que realizar una mala operación financiera, ratificada por el consejo de administración de la Caja de Ahorros que presidía (Caja Madrid), por la autoridad competente (la Comunidad de Madrid), tarde y mal pero aprobada, y la autoridad regulatoria (el Banco de España) es de una gravedad infinita.

    Y es de una gravedad infinita que atenta en primer lugar contra el sentido común. Miguel Blesa fue encarcelado en primera instancia bajo fianza de 2,5 millones de euros por un supuesto “peligro de fuga y destrucción de pruebas” fundamentales para la investigación de la compra en 2008 del City National Bank de Florida. Más de 17 horas después de su ingreso en prisión, Blesa quedaba libre tras satisfacer la fianza. ¿Acaso no podía en ese momento destruir pruebas o reunirse con otros imputados en la investigación? El primer auto calificaba el ingreso en prisión de Blesa -tras copiar un párrafo de Wikipedia- como una “operación aberrante”, a juicio del juez Silva.

    ‘Ajusticiar’ antes de juzgar a las personas creando la sensación de que “el rico va al trullo”, independientemente de si es culpable o no, para satisfacer las ansias de justicia del pueblo es la más inmensa de las injusticiasUn magistrado recusado por el encausado, con la Fiscalía en contra, y a punto de la inhabilitación por un proceso paralelo al de Caja Madrid. El auto de ingreso en prisión incondicional dictado el pasado miércoles se sustenta en que “el juez no se cree la versión del acusado” y en unos correos electrónicos en los que Blesa y uno de los directores generales de la entidad en 2008 hablaban de un “derivado colateral de 100 millones de euros como cobertura de posibles pérdidas tras la compra, o como colchón para operaciones futuras”. Esta práctica es la habitual en la compra de entidades financieras. Salvo que esos 100 millones de euros no fueran lo que dice el juez en su auto que son, sino una comisión ilegal, la entrada en prisión de Blesa no tiene explicación razonable.

    Y este extremo es fácilmente comprobable; en la contabilidad de la entidad financiera -ahora mismo bajo el control de Goirigolzarri, el FROB y el Banco de España- debería de existir el documento que pruebe la existencia de ese derivado. En el auto de prisión incondicional no se explica si existe o no ese papel, o si se ha solicitado a la entidad. De hecho, sabemos por el diario El Mundo que fuentes de Bankia confirman que el derivado existe, asciende a los 100 millones de euros, pero el juez no ha pedido ningún documento a la entidad. ¿Es esto de recibo? El auto sí dice que encarcela a Blesa para que “no destruya pruebas o se reúna con posibles imputados”, algo que, de ser así, habría podido hacer en las semanas que pasaron entre el primer encarcelamiento y el segundo ingreso en prisión.

    En segundo lugar, nos encontramos ante un auto que describe “impresiones” del juez sobre lo que él considera, o no, “posibles delitos”, y no aparecen pruebas de esos “delitos”, más allá que las impresiones del instructor de la causa. Y claro, un magistrado no envía a la cárcel a una persona por “impresiones”, sino porque tiene pruebas de delitos efectivos. A la cárcel sin fianza van, habitualmente, los terroristas, narcotraficantes, asesinos, violadores, defraudadores en tramas de blanqueo de dinero… pero todos ellos con el común denominador de tener el delito cometido descrito y probado. No es el caso de Blesa, hasta donde sabemos. Y este extremo debilita enormemente a la Justicia, porque esta se basa en hechos, no en impresiones. Se juzgan delitos, no suposiciones de delitos. Es más, de ser culpable Blesa de algún delito, esta instrucción absolutamente endeble podría anular el proceso. De hecho, si Blesa es un delincuente, podría no ser juzgado por ello después de esta instrucción. Y aplauden al juez. Pasmoso.

    En tercer lugar, se envía un mensaje erróneo a la sociedad. En un momento de desesperación social y de ganas de justicia ante los abusos que se han producido -fundamentalmente por parte de la banca, pero no sólo ella-, el ajusticiar antes de juzgar a las personas creando la sensación de que “el rico va al trullo”, independientemente de si es culpable o no, para satisfacer las ansias de justicia del pueblo es la más inmensa de las injusticias.

    Si el criterio general aplicable es que todos los empresarios o responsables de entidades financieras que hayan cometido errores a lo largo de la crisis tienen que ir a la cárcel de manera incondicional, no habrá suficientes prisiones en España

    En el caso de Blesa, hasta el momento, sabemos que se le investiga por la compra de un banco en Florida, el City National Bank, en 2008, cuando el presidente del Gobierno de España por aquel entonces, Zapatero, y su vicepresidente económico, Pedro Solbes, ganaban en las urnas gracias a la promesa del pleno empleo y negando la crisis. La misma posición que mantenía el entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

    Una mala decisión empresarial, si no hay robo, cobro de comisiones ilícitas de por medio, cohecho, etcétera, puede suponer la inhabilitación del conjunto de los responsables de la compañía, incluso penas económicas, pero no parece razonable la “prisión incondicional”. Si, a partir de ahora, el criterio jurídico general aplicable es que todos aquellos empresarios o responsables de entidades financieras que hayan cometido errores empresariales a lo largo de la crisis económica actual tienen que ir a la cárcel de manera incondicional, no habrá suficientes prisiones en España. Sin embargo, la justicia que demandamos la ciudadanía, como diría Ortega, “¡no es esto, no es esto!”.

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