No es solo cuestión de palabras: ¿recortes o privatizaciones?

No deja de ser llamativo el hecho de que la insistencia (por más crítica que pueda ser) en los recortes de servicios públicos que se están llevando a cabo desde hace un tiempo en nuestro país, con lo que comportan de desmantelamiento del Estado del Bienestar, se haya planteado sin apenas entrar en el signo de tales recortes. Nos referimos al hecho de que los mismos, en contra de lo que argumenta una cierta retorica neoliberal, que intenta justificarlos en base a su insostenibilidad presupuestaria, están significando una enorme transferencia de recursos de lo público a lo privado, en un proceso de privatizaciones masivas solo comprensible en última instancia por el alto grado de rentabilidad que, pinchada la burbuja inmobiliaria, determinados poderes económicos -grandes fondos de inversión, por ejemplo- están pudiendo encontrar en sectores como el de la sanidad.

Por ser concretos: hasta donde alcanza mi información, en los últimos dos años se ha producido en Cataluña (e imagino que cosas semejantes habrán ocurrido en diversos lugares de España) una compra masiva de centros privados por distintos grupos inversores internacionales. La última y más sonada operación especulativa la llevó a cabo el grupo Quirón, que compró, entre otras, la Clínica Teknon de Barcelona para, poco tiempo después, venderla a IDC, un grupo sanitario relacionado con CVC Capital Partners, un fondo de inversiones global con sedes en la City londinense y Luxemburgo.

El argumento de que si hay corruptos es porque, previamente, existen los corruptores no ha conseguido penetrar en el debate de ideas

La prioridad de una palabra ("recortes") sobre otra ("privatizaciones") no es solo una cuestión terminológica, sino que resulta i­ndicativa del peso adquirido por un determinado punto de vista. Dejar fuera de foco (o en sordina, o prestándole una atención menor, o dígase como se quiera) a los poderes que se han beneficiado de los recortes muestra con bastante nitidez el sentido que ha ido adoptando el debate político últimamente. Es el signo de un ensimismamiento, o una autoreferencialidad, que acaba sirviendo en la práctica para legitimar el olvido de la pretensión de intervenir en la esfera ­económica, convertida en el nuevo inefable/intocable del mundo actual.

Análogo razonamiento se podría plantear en relación con otro de los tópicos más recurrentes en el debate político desde hace unos años, el de la corrupción. Incluso el observador más distraído de la actualidad constatará que, en la práctica, de la única corrupción de la que se habla en la esfera pública es de la de los políticos. A pesar de haber sido señalado de manera reiterada por múltiples autores, el argumento de que si hay corruptos es porque, previamente, existen los corruptores (de ordinario instalados en el ámbito privado) no ha conseguido penetrar en el debate de ideas.

No se trata, claro está, de restar importancia a las malas prácticas de nuestros representantes, sino de llamar la atención sobre el hecho de que nos encontramos ante un descuido cargado de significado. Es cierto que en la agenda pública ha irrumpido con fuerza, especialmente en los últimos tiempos, la cuestión de las desigualdades, pero no lo es menos que, tras su constatación, no es el caso que se estén planteando las transformaciones estructurales que podrían, si no acabar con aquellas, al menos mitigarlas significativamente. En lugar de eso, con lo que nos encontramos de forma casi permanente en los debates que tienen lugar en la plaza pública es, en el mejor de los casos, con propuestas regeneracionistas para la esfera de la política.

Estamos ante las consecuencias de haber aceptado determinadas premisas, en sustancia, la de centrarse en exclusiva en la política como espectáculo

Se observará que la insistencia en que es esta esfera la que requiere regeneración, o en que es fundamentalmente en ella donde tiene lugar la corrupción, acaban por provocar que el ámbito de la política por completo aparezca, ante los ojos de los ciudadanos, como algo desechable (o como un espectáculo que sale caro y, por añadidura, en ocasiones incluso puede llegar a aburrir). Y se observará también que la generalización de esta perspectiva puede generar un efecto de considerable importancia, a saber, el de avalar ese específico sentido común liberal que considera como algo rigurosamente obvio su preferencia por un Estado mínimo (que funcione y que se componga de unos pocos servicios básicos fundamentales).

Estamos, en definitiva, ante las consecuencias últimas de haber aceptado, casi sin reservas, determinadas premisas -en sustancia, la de centrarse en exclusiva en la política como espectáculo enteramente superestructural, dejando al margen del escrutinio de la crítica la realidad social y económica como tal-. Sin esfuerzo podríamos añadir a las mencionadas consecuencias alguna otra más. Como, por ejemplo, la de que se haya convertido en algo absolutamente habitual el hecho de que políticos de izquierda presenten como una magnífica noticia que grandes empresarios estén de acuerdo con sus propuestas, como si no fuera con estos últimos la cuestión, recién mencionada, de las crecientes desigualdades, o nada hubieran tenido que ver con determinadas reformas laborales que han potenciado hasta extremos antes nunca vistos la precariedad, u otros desmanes análogos. Pero mejor no prolongar en exceso la lista de las malas noticias, que con lo dicho me parece que ya les he dado el fin de semana.