¿Puede gestionar la fractura quien la ha provocado?

Por increíble que parezca, sobre todo a la vista de la velocidad a la que se han acelerado los acontecimientos en Cataluña últimamente, hubo un tiempo, muy próximo desde un punto de vista objetivo (fíjense: todavía estábamos en la legislatura anterior), en el que los que hoy andan embarcados en una hoja de ruta que ya ha abandonado la idea del referendum y ha emprendido de manera directa la ruta de la desconexión, se referían a aquél como una mera consulta, "para saber lo que opina la ciudadanía de Cataluña" ("¿es que nos van a prohibir incluso hacer una encuesta?", llegó a afirmar el entonces portavoz Homs entre risitas, en una de aquellas impagables comparecencias semanales a las que nos tenía acostumbrados).

Fue por entonces cuando el gobierno de Mas y el resto de compañeros de viaje hicieron pública -con la foto coral de ordenanza- la pregunta que querían someter a votación el 9-N. Recuerdo que al día siguiente del anuncio fui invitado para comentar el asunto a una tertulia en una emisora de radio perteneciente a una cadena de ámbito estatal. Preguntado por mi opinión al respecto, argumenté que, si de consultar se trataba -esto es, simplemente de conocer la opinión de los ciudadanos de Cataluña, tal y como en aquel momento se nos repetía-, lo más adecuado hubiera sido someter a su consideración las tres opciones que estaban representadas en el Parlament de Catalunya, esto es, el autonomismo, el federalismo y el independentismo, opciones que, por lo que revelaban todas las encuestas, se repartían las preferencias del electorado en una proporción bastante igualada.

A mi lado tenía una de esas personas representativas de la deriva político-ideológica de un importante sector de la intelectualidad catalana. Era alguien que, viniendo de una izquierda supuestamente catalanista había pasado, sin dar mayores explicaciones de su mudanza (más allá del socorrido inmovilismo de Rajoy), a elogiar el independentismo como la única utopía disponible y que en los ultimísimos tiempos le ha dado por sostener que los catalanes estaban esperando a que España les seduzca con alguna propuesta... Pues bien, el personaje en cuestión saltó como un resorte cuando escuchó mi respuesta y, para invalidarla, afirmó algo que, a su pesar, proporcionaba una clave ciertamente reveladora: "Con una pregunta así, el resultado no se podría gestionar".

Era revelador, en primer lugar, porque el discurso oficialista no declaraba querer gestionar nada, sino simplemente tomarle el pulso a la ciudadanía, por lo que no hubiera debido plantearle el menor problema a nadie constatar la pluralidad de opciones presentes en la sociedad catalana. Pero para cualquier observador mínimamente atento de la situación catalana era evidente de lo que se trataba. El propósito, apenas ocultable, era el de que aquello que, antes de llevarse a cabo, era presentado casi como una inocua encuesta de opinión quedara convertido, según cual fuera el resultado, en un mandato democrático de obligado cumplimiento político.

Pero no es sobre ese doble lenguaje sobre lo que más interesa ahora llamar la atención: a fin de cuentas, se trataba de una de las muestras de astucia proverbiales en quien lideraba el proceso (y de las que, por cierto, tanto se ufanaba). Tal vez más importante que eso sea examinar desde la perspectiva del presente momento el argumento que descalificaba una propuesta como la que me permití presentar en aquella tertulia radiofónica. Porque, incluso aceptando que el resultado de la pregunta que yo sugería no hubiera sido de fácil gestión, vale la pena plantearse en estos días: ¿es de más fácil gestión un resultado que parta en dos a una sociedad, como ha ocurrido tras las últimas elecciones autonómicas?

El propósito era que aquello presentado como una inocua encuesta quedara convertido en mandato democrático de obligado cumplimiento político

Sin duda, no. Y a estos efectos, me importa resaltar que tanto da, a mi juicio, qué sector haya obtenido el 48% y cuál el 52%: desde el punto de vista de la quiebra que supone de la sociedad, nada cambiaría porque los papeles estuvieran invertidos. En realidad, a poco que se piense, hubiera resultado más fácil encontrar territorios de encuentro si hubiéramos partido de reconocer la existencia de la mencionada pluralidad de opciones en el seno de la sociedad catalana, que a base de potenciar una disyuntiva en última instancia desgarradora. Una y otra vez las encuestas nos informaban de la existencia de un amplio sector de ciudadanos que preferirían transitar por el camino de las reformas, sector que, por cierto, no ha hecho otra cosa que ir en aumento. ¿Les han ofrecido algo nuestros políticos a todos estos ciudadanos? Repasen las hemerotecas y encontrarán la respuesta: "no hay nada que hacer, lo hemos intentado todo y nos hemos estrellado siempre contra un muro", "estamos en otra pantalla", "tenemos prisa", etc. ¿Alguien se cree, de verdad, que con semejantes actitudes como premisas es posible alcanzar acuerdos?

De momento, hay motivos para casi cualquier cosa menos para el optimismo. De la misma forma que se comprende que haya muchos ciudadanos que no consigan creerse que ese nuevo país a salvo de corrupción en el que se va a convertir Cataluña si alcanza su independencia lo vayan a construir los corruptos acreditados, que la igualdad la vayan a implantar los que han propiciado las más feroces desigualdades, que el Estado del Bienestar lo vayan a reconstruir los pioneros en desmantelarlo y así sucesivamente, también se debe comprender el profundo escepticismo de tantos respecto a que vayan a solucionar este monumental embrollo en el que estamos metidos quienes más se han afanado, con ahínco digno de mejor causa, en provocarlo.