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El mercado de alquiler en España: ¿vivienda protegida en propiedad o en alquiler?
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María Antonia Trujillo

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El mercado de alquiler en España: ¿vivienda protegida en propiedad o en alquiler?

Los Planes Estatales de Vivienda -además de otras medidas complementarias- han sido la herramienta principal que el Gobierno actual ha utilizado para ejecutar la política pública

Los Planes Estatales de Vivienda -además de otras medidas complementarias- han sido la herramienta principal que el Gobierno actual ha utilizado para ejecutar la política pública de vivienda con el objetivo de que todos los ciudadanos puedan acceder y disfrutar de su primera vivienda y, especialmente, los jóvenes y las familias con menores rentas. Los jóvenes, porque el 80% de los ciudadanos que se benefician del Plan de Vivienda son jóvenes menores de 35 años que aún están sin emancipar. Prácticamente la totalidad de los jóvenes acceden por primera vez a una vivienda en propiedad a través del Plan. Los jóvenes españoles son los que más tardan en emanciparse de toda la Unión Europea y el obstáculo es económico. Igual que sucede con las familias que perciben menos ingresos.

Ahora bien, si el obstáculo para que los ciudadanos puedan acceder a una vivienda es económico, ¿debe el Gobierno impulsar la vivienda protegida en alquiler o en compra? Los argumentos demagógicos en que se puede incurrir son peligrosos. Un dirigente territorial de izquierda llegó a afirmar que la vivienda protegida debía ser en propiedad y venderse como libre “porque si especula el rico que especule el pobre”.

En mi opinión, la vivienda protegida sólo debe ser de alquiler. Y de ahí todos los esfuerzos de los últimos años para fomentar el alquiler y controlar y prevenir el fraude en la compraventa de vivienda protegida con la creación de los Registros de Demandantes y de las limitaciones a la descalificación de la VPO. Pero en el 2004 nos encontramos con un gobierno que no sólo había “calentado” el mercado inmobiliario con la vivienda libre sino que también utilizó la política pública de vivienda para “enganchar” con la compra de una vivienda protegida a muchas familias y jóvenes. La política pública de vivienda había desaparecido prácticamente y lo poco que quedaba fomentaba la compra de vivienda protegida.

Por ello, había que adoptar medidas urgentes que fomentaran el alquiler y a la vez proporcionaran seguridad al sector inmobiliario sin cambios radicales.

De esta forma, la primera medida del Gobierno socialista fue la aprobación en los primeros cien días, en julio de 2004, de un Plan de Choque que, por primera vez, preveía ayudas directas al alquiler a los jóvenes menores de 35 años de hasta 2.880 euros anuales durante 24 meses. También se fomentaba la incorporación al mercado de alquiler de las viviendas desocupadas financiando ayudas de hasta 6.000 euros para la rehabilitación de las viviendas que fueran puestas en alquiler.

Este compromiso con el alquiler se llevó al nuevo Plan Estatal de Vivienda 2005-2008, aprobado un año después, en julio de 2005. Se produjo un incremento presupuestario de las ayudas al alquiler sin igual, multiplicando por once los recursos económicos con respecto al Plan de Vivienda anterior y destinando 3.193 millones de euros, un 53% de la dotación económica, a promocionar el alquiler. Este incremento suponía que 234.600 familias se podrían beneficiar de esas ayudas frente a las 21.969 del Plan 2002-2005 del Gobierno del Partido Popular.

El Plan de 2005 creó un tipo de vivienda en alquiler específica para los más jóvenes, para que se emanciparan antes, con rentas por debajo de las del mercado. Una vivienda en arrendamiento, y por tanto de carácter transitorio, con una superficie de entre 30 y 45 metros cuadrados útiles y con un alquiler máximo de entre 195 y 489 euros.

Pero también el Plan fomentaba el alquiler, tanto incrementando la nueva construcción como utilizando las viviendas existentes para el alquiler. Ello se tradujo en más viviendas en alquiler, con rentas más bajas. Se continuó con las ayudas hasta 6.000 euros a los propietarios que rehabilitaran sus viviendas para alquilarlas y con las ayudas directas a los jóvenes inquilinos de 2.280 euros anuales para que accedieran a una vivienda en alquiler.

Otras ayudas al alquiler llegaron en enero de 2008, beneficiando a todos los ciudadanos que ya vivieran en alquiler o fueran a hacerlo y que tuvieran ingresos netos de hasta 24.000 euros anuales. A partir de esa fecha, el dinero destinado a pagar el alquiler de la vivienda desgravaría para esas personas. No de la misma forma que el dinero destinado a la compra de la vivienda, pero fue un paso adelante. Una segunda medida, que entró igualmente en vigor en esa fecha, beneficiaba a todos los jóvenes ocupados a partir de los 22 años y hasta cumplir los 30 con otra ayuda directa de 210 euros mensuales para alquilar una primera vivienda durante un máximo de 48 meses. Era la denominada renta básica de emancipación. La condición, además de la edad, era que los jóvenes estuvieran ocupados, residieran legalmente en España desde hacía cuatro años y sus ingresos no superaran los 22.000 euros al año. Sí había una novedad en esta ayuda directa respecto a la del Plan 2005-2008: los jóvenes que cumplieran los requisitos y lo solicitaran recibirían un préstamo de 600 euros para el pago de la fianza que debían aportar al alquilar su vivienda y recibirían también un aval por seis meses de alquiler para respaldarles ante los propietarios. En resumen, una pseudo desgravación fiscal del alquiler para todos los ciudadanos de menor renta sin distinción de edad y otra ayuda directa a los jóvenes para acceder en alquiler a su primera vivienda.

Similares medidas han continuado en el Plan Estatal de vivienda 2009-2012, previendo otra vez sólo un 40% de las nuevas viviendas protegidas destinadas al alquiler.

Éstas sólo son las medidas previstas en los Planes Estatales de Vivienda e instrumentos complementarios para fomentar el mercado de alquiler de vivienda protegida. Por tanto, no son todas las medidas que se han aprobado para fomentar el alquiler. Otras, como la creación de la Sociedad Pública de Alquiler, la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos en trámite parlamentario, o las SOCIMI, por ejemplo, persiguen incrementar la seguridad y las garantías para los arrendadores, fomentar la salida al mercado del alquiler de las viviendas vacías y promover la construcción de vivienda en alquiler privada. Las medidas aprobadas por el ICO como líneas de financiación para convertir el stock de vivienda nueva en alquiler también persiguen objetivos similares.

 

España se encuentra entre los países con menor porcentaje de vivienda en alquiler y es bueno que, además de un sector de vivienda libre en propiedad, haya un amplio mercado de alquiler libre. Por tanto, sí al equilibrio entre el alquiler y la propiedad, pero en el mercado de vivienda libre. El mercado de vivienda pública sólo debe ser en alquiler. ¿Para cuándo el paso definitivo?

Los Planes Estatales de Vivienda -además de otras medidas complementarias- han sido la herramienta principal que el Gobierno actual ha utilizado para ejecutar la política pública de vivienda con el objetivo de que todos los ciudadanos puedan acceder y disfrutar de su primera vivienda y, especialmente, los jóvenes y las familias con menores rentas. Los jóvenes, porque el 80% de los ciudadanos que se benefician del Plan de Vivienda son jóvenes menores de 35 años que aún están sin emancipar. Prácticamente la totalidad de los jóvenes acceden por primera vez a una vivienda en propiedad a través del Plan. Los jóvenes españoles son los que más tardan en emanciparse de toda la Unión Europea y el obstáculo es económico. Igual que sucede con las familias que perciben menos ingresos.

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