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En urbanismo, lo segundo, no reinventar la rueda (II)
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María Antonia Trujillo

Fuera de Gobierno

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En urbanismo, lo segundo, no reinventar la rueda (II)

Por fin, el viernes 13 de noviembre, en la habitual rueda de prensa tras la reunión semanal del Consejo de Ministros, la Vicepresidenta Primera del Gobierno,

Por fin, el viernes 13 de noviembre, en la habitual rueda de prensa tras la reunión semanal del Consejo de Ministros, la Vicepresidenta Primera del Gobierno, Fernández de la Vega, informó sobre la remisión al Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Más allá de unas palabras de la Vicepresidenta Primera del Gobierno, o de las del Ministro de Justicia, Sr. Caamaño, sobre los tipos penales relativos a la ordenación del territorio y del urbanismo, la rueda de prensa pasó sin pena ni gloria en relación con estas cuestiones, eclipsada, otra vez más, por el caso Alakrana.

 

Aún así, lo importante es que el Gobierno ha cumplido sus compromisos y en unos días aparecerá publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el Proyecto de Ley de reforma del Código Penal, en el cual aparecen nuevos delitos como el cohecho entre particulares y el acoso inmobiliario o algunas modificaciones de tipos ya regulados, como por ejemplo, un especial endurecimiento de las penas en los delitos por corrupción, cohecho, delito fiscal, urbanístico y contra el medio ambiente.

 

En relación con los delitos urbanísticos la reforma del Código Penal aumentará las penas a los delincuentes urbanísticos e impedirá que sean delitos rentables privándoles de las ganancias. Se castigarán también las obras de urbanización ilegales y se regulará de forma más precisa la prevaricación urbanística. Además, los jueces deberán imponer multas de hasta el triple de la cuantía del beneficio cuando la multa ordinaria no supere el importe de éste y las ganancias obtenidas por el delincuente se decomisarán siempre. Hay que destacar que, por primera vez, se castigará penalmente a las autoridades y funcionarios que amparen las obras ilegales incumpliendo intencionadamente sus obligaciones (el silencio cómplice del caso Andratx). Y se aumentarán las penas de prisión, que podrán ser de hasta cuatro años por cada obra ilegal.

El Govern, en materia urbanística, propone medidas para hacer más transparentes los procesos de recalificación de terrenos y que los ayuntamientos se beneficien de las plusvalías generadas

Por fin, el viernes 13 de noviembre, en la habitual rueda de prensa tras la reunión semanal del Consejo de Ministros, la Vicepresidenta Primera del Gobierno, Fernández de la Vega, informó sobre la remisión al Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Más allá de unas palabras de la Vicepresidenta Primera del Gobierno, o de las del Ministro de Justicia, Sr. Caamaño, sobre los tipos penales relativos a la ordenación del territorio y del urbanismo, la rueda de prensa pasó sin pena ni gloria en relación con estas cuestiones, eclipsada, otra vez más, por el caso Alakrana.

 

Aún así, lo importante es que el Gobierno ha cumplido sus compromisos y en unos días aparecerá publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el Proyecto de Ley de reforma del Código Penal, en el cual aparecen nuevos delitos como el cohecho entre particulares y el acoso inmobiliario o algunas modificaciones de tipos ya regulados, como por ejemplo, un especial endurecimiento de las penas en los delitos por corrupción, cohecho, delito fiscal, urbanístico y contra el medio ambiente.

 

En relación con los delitos urbanísticos la reforma del Código Penal aumentará las penas a los delincuentes urbanísticos e impedirá que sean delitos rentables privándoles de las ganancias. Se castigarán también las obras de urbanización ilegales y se regulará de forma más precisa la prevaricación urbanística. Además, los jueces deberán imponer multas de hasta el triple de la cuantía del beneficio cuando la multa ordinaria no supere el importe de éste y las ganancias obtenidas por el delincuente se decomisarán siempre. Hay que destacar que, por primera vez, se castigará penalmente a las autoridades y funcionarios que amparen las obras ilegales incumpliendo intencionadamente sus obligaciones (el silencio cómplice del caso Andratx). Y se aumentarán las penas de prisión, que podrán ser de hasta cuatro años por cada obra ilegal.

El Govern, en materia urbanística, propone medidas para hacer más transparentes los procesos de recalificación de terrenos y que los ayuntamientos se beneficien de las plusvalías generadas