¿Por qué una reforma del sistema de pensiones?

El pasado día 29 de febrero el Consejo de Ministros dio a conocer su propuesta sobre la reforma del sistema de pensiones, aprobando un documento con un conjunto de medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema a medio y a largo plazo.

La polémica originada ha sido importante y aún continúa. Se han pronunciado desde los diferentes partidos políticos y los sindicatos, pasando por las organizaciones empresariales, incluida la patronal europea, hasta las Comunidades Autónomas, organismos internacionales, ciudadanos y diputados. ¡Ya me hubiera gustado oír en boca del Gobierno, en otras ocasiones y con tanta claridad, que el debate suscitado es natural y razonable!

El Gobierno dice que tenemos el sistema de pensiones con la situación financiera más sólida de toda su historia. Entonces, ¿por qué se propone esta reforma ahora?          

Desde luego, guste más o guste menos, lo cierto es que la Seguridad Social ha estado -y está- en situación de superávit todos los años de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, es decir, desde 2004. Además, el Fondo de Pensiones cuenta con unas reservas de unos 60.000 M€ que el Gobierno actual ha ido provisionando año tras año. Hay que recordar que esto es más del triple de los 15.000 M€ que dejó el gobierno del PP en este Fondo en 2004. La diferencia es importante y demuestra que asegurar y mejorar las pensiones es una de las señas de identidad más inequívocas del gobierno socialista. Sólo basta con repasar las medidas adoptadas en los últimos años. Por poner sólo un ejemplo: se han subido más que nunca las pensiones mínimas e incluso en plena crisis económica han subido por encima del IPC.

La esperanza de vida

Entonces ¿por qué esta reforma en un momento en que las pensiones en España están más aseguradas que nunca y no tienen un horizonte de riesgo en el medio plazo? Pues, sencillamente, porque hay que garantizar que la situación presente, que es buena, continúe en el futuro. Y más si tenemos en cuenta la realidad actual en cuanto a la esperanza de vida de los españoles, creciente en los últimos decenios, hasta el punto que España ocupa el segundo lugar en el mundo, después de Japón, en cuanto a esperanza de vida más alta.

Y si analizamos la proyección de evolución de la población española para el período 2009-2049, publicada por el INE, en el año 2049 -si continúan las tendencias de crecimiento actuales- España tendrá 48 millones de habitantes -2,1 más que en 2009-. Sin embargo, el crecimiento demográfico será cada vez más decreciente llegando a ser del 0,1% al final del período. Esto supone, diferenciando por grupos de edad, que de los 48 millones de personas, casi el 32% de la población total española serán personas mayores de 64 años. Este dato producirá que el proceso de envejecimiento a largo plazo sea cada vez más acelerado, multiplicándose la tasa de dependencia por 2,5, pasando del 24,6 % actual al 60,6% en el año 2049. Al contrario que el grupo de personas mayores, la población entre 16 y 64 años disminuirá en 6 millones de personas. La esperanza de vida al nacer se incrementará para los hombres hasta los 84,3 años y para las mujeres hasta los 89,9 años –a comienzos del siglo XX no llegaba a los 40 años-.

Como consecuencia, cada vez habrá más pensionistas que vivirán más años y que percibirán su pensión durante más años.

Trabajar hasta los 67 años

Por tanto, las reformas que propone el Gobierno son adecuadas a la situación a día de hoy y a las previsiones para las próximas décadas. Las medidas son varias: prolongar la vida laboral desde los 65 a los 67 años, poner freno a la fórmula de jubilación anticipada, relativas al cálculo de la pensión, a las prestaciones por incapacidad, a las pensiones de viudedad y orfandad, a la disminución de los costes burocráticos y de gestión, etc. Todas estas medidas, que no afectarán a los actuales pensionistas y, sólo moderadamente, a los trabajadores más veteranos, se aplicarán a través de períodos transitorios suficientes para garantizar la adaptación.

Una de estas medidas, la ampliación paulatina de la edad legal de jubilación hasta los 67 años –por cierto, siguiendo el camino emprendido por otros países europeos- está siendo muy polémica. Pero no podemos cerrar los ojos a los datos sobre la evolución de la población española y la esperanza de vida mencionados anteriormente. Y esto no tiene nada que ver con la crisis económica actual. Nuestro sistema de Seguridad Social es sólido, equilibrado y viable más allá de los efectos coyunturales de una crisis económica como la que estamos viviendo. La cuestión es muy distinta: ¿qué es mejor, trabajar 2 años más o arriesgarnos a que, dentro de 30 años, no haya pensiones? ¿quién apuesta por esto último? A veces se polemiza mucho, de forma despectiva, sobre las medidas a corto plazo que se suelen adoptar en la política, pero cuando se pretende trabajar a largo plazo las críticas también arrecian. ¿A qué estamos jugando? ¿A hacer campaña electoral? ¿A alarmar a 8 millones de pensionistas afirmando que si no se hace algo de forma inmediata las pensiones están en peligro?

Por encima del interés partidista debe estar el interés de los pensionistas. Y, con toda seguridad, y teniendo en cuenta las pocas ocasiones en que esto sucede, estamos ante un acto de generosidad política difícilmente criticable. Y, como decía antes, prolongar la edad de jubilación es un debate abierto en todos los países desarrollados y que tienen un sistema público fuerte de pensiones.

En mi opinión, el Gobierno debe garantizar las pensiones del futuro para que dentro de 30 años estén tan seguras como lo están hoy. Y para ello debe plantear soluciones, como lo está haciendo, para que los ciudadanos no tengan un problema previsible dentro de tres décadas en algo tan importante como son las pensiones, que afectan al tronco mismo de la cohesión social.

Y si las reformas son adecuadas, no lo es menos el procedimiento que se pretende seguir, a pesar de las críticas que el mero anuncio de unas directrices aprobadas por Consejo de Ministros ha suscitado: la propuesta de reforma se verá en la mesa de Diálogo Social (empresarios y sindicatos) y en la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo (todos los grupos parlamentarios). ¿El objetivo? Obtener el máximo consenso político y social posible, analizándose y debatiéndose en sede parlamentaria por todos los grupos políticos y contando con el parecer de sindicatos y empresarios.

Y ésta es la única forma de actuar con visión de futuro y de forma responsable, ofreciendo diálogo y disposición al acuerdo. Y aceptando todo lo mejorable que pueda tener la propuesta, que lo tiene. Y explicando nuestras propias contradicciones, que las hay y muchas. Sólo así debemos sacar adelante una reforma del sistema de pensiones.