Hacia un menor deterioro de la economía española

Una vez más ha comparecido el Presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados a petición propia y a petición de varios Grupos Parlamentarios para

Una vez más ha comparecido el Presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados a petición propia y a petición de varios Grupos Parlamentarios para explicar la situación de la economía española. No puede sorprender a nadie que el Presidente haya explicado las medidas adoptadas hasta el presente para mitigar los efectos de la crisis y las propuestas para salir de ella cuanto antes y con más fortaleza. Tampoco sorprende cuando dice que “la situación evoluciona lentamente hacia un menor deterioro de la economía española, apuntando con claridad en la dirección de la recuperación”, porque datos en los que apoyarse no le faltan, aunque tampoco le sobran.

 

Las últimas cifras conocidas de crecimiento de la economía española en términos intertrimestrales reflejan un crecimiento de un -0,1%, frente al -3,6 % del 2009. Analizando estos datos -y otros muchos- se podría afirmar que la evolución de la crisis en nuestro país no difiere mucho de la del conjunto de la zona euro, salvo en la tasa de desempleo (un 18,8%, el doble de la europea) y en el déficit público (un 11,4% del PIB en 2009).

 

No puede sorprender tampoco que el Sr. Rajoy vuelva a cuestionar la capacidad del Gobierno para pilotar la nave económica pero no plantee alternativa alguna ni predisposición a alcanzar no ya un Pacto de Estado en materia económica sino acuerdos puntuales en los cuatro temas que el Gobierno considera de interés y que ofreció al conjunto de las fuerzas políticas. El Sr. Rajoy no presentó ni una sola propuesta para mejorar la economía y el empleo. Ni una sola idea. Sólo se atrevió a dar peculiares recetas, como que los diputados socialistas destituyeran a Zapatero y que éste aplicara las políticas que le dictara el PP.

 

El jefe de la oposición pidió al Gobierno que recortara el gasto el doble de lo previsto en el Plan de Austeridad, pero no llegó a decir de dónde debía recortarse; que disminuyera los ingresos del Estado, vía impuestos, justo cuando allí donde gobierna el PP están haciendo justo lo contrario; y que limitara por Ley el gasto y el endeudamiento de las Comunidades Autónomas, algo que, por cierto, no pide a las Comunidades gobernadas por el Partido Popular, a las que aplaude y respalda cuando exigen al gobierno de la Nación más financiación y más inversión. Oportunidades para pactar políticas en una situación de crisis las tuvo y las desaprovechó. Por ejemplo, llegar a un acuerdo en el cumplimiento del plan de consolidación fiscal para asegurar la reducción del déficit público por debajo del 3% en 2013 en cumplimiento de la normativa comunitaria.

 

Recorte generalizado del gasto

 

Con el objetivo de lograr un acuerdo en una situación de crisis económica como la actual a día de hoy hay en marcha tres procesos específicos relativos a las pensiones, la reforma laboral y el pacto de educación. Y se ofrece consenso para otras medidas, algunas de las cuales ya están ejecutándose. Por ejemplo las relacionadas con la reducción del déficit público. A ellas ya hizo referencia el Presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados el pasado mes de diciembre cuando presentó la Estrategia de Economía Sostenible. El Consejo de Ministros del pasado 29 de enero aprobó un programa de consolidación fiscal para reducir el déficit público al 3% en 2013 con un ajuste estructural del 5,7% del PIB en el conjunto de las Administraciones Públicas. El mayor esfuerzo corresponde al Estado con un ajuste del 5,2% del PIB –unos 50.000 millones de euros- articulado a través de un Plan de Acción Inmediata para 2010 –unos 5.000 millones de euros - y un Plan de Austeridad 2011-2013.

 

El ajuste de 5.000 millones de euros, que supone una reducción del gasto presupuestado para 2010 equivalente al 0,5% del PIB, ha afectado a todos los Ministerios. A esto hay que añadir que la Oferta de Empleo Público para 2010 se reducirá al 10% de la tasa de reposición de efectivos y que no se efectuará ninguna nueva contratación de personal interino. Mala noticia para los opositores que empezaban a confiar en el empleo público pensando encontrar en este sector su nicho de empleo. Y buena noticia para los que pensamos que el empleo público en las Administraciones y en el sector público se ha desbordado y parecía incontrolable.

 

El Plan hasta 2013 supondrá un recorte generalizado del gasto que afectará a todas las partidas con excepción de las prestaciones sociales, la I+D+i, los Fondos de la Economía sostenible y la cooperación para el desarrollo. Por el contrario, se reducirán gastos de personal. Los gastos de funcionamiento disminuirán, las transferencias e inversiones se recortarán y las inversiones menos urgentes se aplazarán. Con toda seguridad, estas medidas se cumplirán.

 

Pero las dificultades para sacar adelante este Plan pueden venir por la necesidad de que el ajuste afecte al conjunto de las Administraciones Públicas. Si el Acuerdo Marco con Comunidades Autónomas y Entes Locales se aprueba en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Comisión Nacional de Administración Local, el proceso de ajuste irá mejor. Hay que tener en cuenta que Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales representan el 50% del gasto del Estado y sin su compromiso será imposible cumplir el Plan de Austeridad para reducir el déficit público.

 

Además, parece que será la reducción del déficit público la que acabe con otros déficits, tanto estructurales como coyunturales, que aquejan a nuestro joven Estado descentralizado. Por ejemplo, en las distintas Administraciones Públicas y sus sectores públicos. ¿Seremos capaces de optimizar los recursos disponibles y racionalizar la administración?

 

El Presidente anunció que el 5 de marzo se aprobará el plan de lucha contra el fraude y la economía sumergida y el 31 de marzo se aprobará el plan de racionalización y reducción de la Administración General del Estado y del sector público empresarial. ¿Se aprovechará esta situación para reestructurar la administración y el sector público empresarial? ¿Se aprovechará esta oportunidad para racionalizar nuestro modelo de organización territorial o sólo para ajustarlo económicamente en situación de crisis? Si nuestro Estado de las Autonomías es, no en el nombre pero sí en la realidad, un Estado Federal, con las medidas anteriores y algunas más, por fin, ¿hemos decidido no caminar hacia una Confederación de Estados?

 

Fuera de Gobierno
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