Pura demagogia: la rehabilitación de viviendas (II)

Comentaba en mi artículo anterior sobre rehabilitación de viviendas que, si en este país se piensa que se puede reactivar el sector de la vivienda a través de las mejoras fiscales propuestas en la rehabilitación (IRPF e IVA), tardaremos mucho tiempo en ver resultados, si los vemos.

Las críticas no se han hecho esperar. Hace unos días, David Taguas, Presidente de SEOPAN y ex Director de la Oficina Económica de la Moncloa, valorando el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo surgido de la Comisión Zurbano, calificó la deducción del 10% del IRPF para incentivar la rehabilitación de viviendas de “pura demagogia”, porque deja fuera a los contribuyentes con rentas superiores a 53.000 euros en un momento en que “acceder al crédito es difícil”. Calificó de “buena apuesta” la aplicación del IVA reducido a la rehabilitación porque contribuye a fomentar la actividad en el sector inmobiliario, aunque “no tendrá un impacto significativo en la economía”. Demoledora su valoración teniendo en cuenta que la Ministra Elena Salgado cifró el pasado mes de marzo en 350.000 los empleos que se crearán en los dos próximos años en la rehabilitación de viviendas y edificios.

Pero recordemos el proceso seguido hasta la aprobación de este Real Decreto-ley. El 17 de febrero el Presidente Zapatero ofreció y pidió a todos los partidos políticos del arco parlamentario sentarse a trabajar juntos para acordar medidas que ayudasen a la recuperación de la economía y el empleo fijando un plazo de dos meses para conseguirlo. El 25 de marzo el Gobierno trasladó a todos los partidos una Propuesta de Acuerdo sobre 54 medidas concretas, fruto de las aportaciones de todas las reuniones mantenidas. Y a principios de abril, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley citado antes, convalidado días después por el Pleno del Congreso de los Diputados. El Real Decreto-ley incluye 26 medidas -25 de ellas procedentes de las acordadas en el documento de la Comisión Zurbano- estructuradas en varios ejes de actuación.

Entre estas medidas de choque –que forman parte de la Estrategia para una Economía Sostenible- destacan las medidas en materia de rehabilitación de viviendas, con las que el Gobierno pretende recuperar la actividad en el sector de la construcción por la vía, principalmente, del impulso fiscal a la rehabilitación de viviendas, contribuyendo además a la eficiencia y ahorro energético y propiciando incrementos en los niveles de empleo y actividad en el sector inmobiliario.

Por un lado, se crea una nueva deducción extraordinaria en el IRPF por las obras de mejora de la vivienda habitual que se realicen hasta el 31 de diciembre de 2012, siempre que tengan por objeto, entre otros, “la mejora de la eficiencia energética, la higiene, salud y protección del medio ambiente, la utilización de energías renovables, la seguridad y la estanqueidad, y, en particular la sustitución de las instalaciones de electricidad, agua, gas u otros suministros o favorezcan la accesibilidad al edificio o las viviendas … así como por las obras de instalación de infraestructuras de telecomunicación … que permitan el acceso a internet y a servicios de televisión digital en la vivienda habitual del contribuyente”. Esta medida permitirá deducirse el 10 por 100 de las cantidades invertidas, con un límite máximo anual de 4.000 euros, a los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 33.007 euros, y se reducirá progresivamente hasta los 53.007,20 euros de base imponible. El límite durante todos los años de vigencia de la norma es de 12.000 euros por vivienda. Pero, eso sí, las cantidades satisfechas mediante entregas de dinero de curso legal no darán derecho a la deducción. Para desgravar hay que pagar “mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crédito”. Si no fuera porque parece demasiado simplista, se podría pensar que se pretende atajar el ¿con IVA o sin IVA? de la economía sumergida con este método. Sensu contrario se podría pensar que pagar, por ejemplo, con billetes de 500 euros, sólo está pensado para las grandes operaciones como la compra de trajes, de inmuebles … algunas de las cuales no están sujetas a deducción.

Y, por otro lado, se prevé un tipo reducido de IVA para todo tipo de obras de renovación y reparación de vivienda realizadas hasta el 31 de diciembre de 2012. También se amplía el concepto de rehabilitación estructural, tanto en el IVA, como en el Impuesto General Indirecto Canario, a través de la definición de obras análogas y conexas a las estructurales, lo que permitirá reducir los costes fiscales de esta actividad. Un paso positivo en relación con las ejecuciones de obras que tengan por objeto la construcción o rehabilitación de una edificación, pero no suficiente, en mi opinión.

Ese Consejo de Ministros también aprobó otras medidas relacionadas con el sector inmobiliario que no requerían la forma de Real Decreto-ley. Entre ellas destaca, de una parte, la instrucción al ICO para ampliar el apoyo financiero a promotores de VPO destinadas a la venta. Como es difícil encontrar financiación para promover viviendas, el ICO concederá financiación directa para la construcción de las viviendas protegidas destinadas a la venta, y no sólo al alquiler, como ocurría hasta ahora.

De otra parte, pero no menos importante, es la inclusión, entre las medidas para favorecer la protección de los ciudadanos, la ampliación de la protección frente a embargos de vivienda por impago de hipoteca. En este sentido se modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil incrementando la cantidad inembargable para el supuesto de que el precio obtenido por la venta de la vivienda habitual hipotecada fuera insuficiente para cubrir el crédito garantizado. Ya era hora de que se fuera reconociendo la morosidad de las familias en el impago de las cuotas hipotecarias por compra de su vivienda habitual. Para las viviendas sucesivas no se prevé medida similar.

Y, finalmente, como medidas para favorecer la actividad empresarial, aunque han pasado desapercibidas, el Real Decreto-ley ha modificado la Ley de Suelo, por un lado, ampliando la prórroga existente en relación con los criterios de valoración de suelo, y, por otro, corrigiendo las reglas previstas para la capitalización de rentas en suelo rural. En otro momento estas medidas habrían tenido mucha importancia. Hoy, escasamente, a efectos de valoración de suelo ya que el mercado de suelo no existe, no tiene precio o tiene precio cero.

En fin, de todo ello podría deducirse que los objetivos perseguidos por el Gobierno con la aprobación de estas medidas son los adecuados en una situación de crisis para seguir avanzando en la recuperación económica, y, concretamente, para reorientar el sector inmobiliario e impulsar la rehabilitación de viviendas. De hecho, la Vicepresidenta económica considera que estas medidas no suponen una vuelta al ladrillo en tanto en cuanto en España han perdido su empleo un millón de trabajadores de la construcción, que no se pueden emplear en otras actividades –a diferencia de lo que se pensaba hace dos años con el reciclaje de los obreros de la construcción- y tenemos un parque de viviendas con más de 30 años de antigüedad donde se necesitan muchas obras de carácter estructural y ayudas para arreglar las casas.

Pero han surgido críticas. La última, la del Sr. Taguas. Pero también se ha pronunciado la APCE. Los promotores y constructores valoran las medidas como cortoplacistas sugiriendo cambios normativos de más calado y soluciones a medio y largo plazo. UGT pidió triplicar hasta 200.000 las actuaciones de rehabilitación financiadas por el Gobierno central, porque ello generaría “centenares de miles de puestos de trabajo anuales, ahorro en el pago de prestaciones por desempleo, más recaudación e incentivaría el consumo”, además, de permitir el reciclaje de los profesionales de la construcción en nuevos campos como la climatización, el aislamiento o las energías renovables.

En fin, esperemos los resultados de las nuevas medidas fiscales, porque la rehabilitación energética en las viviendas ya estaba prevista en nuestro país con el objeto de crear empleo y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.