Un acto de normalidad democrática

Así es como hay que interpretar la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, de la que, por el momento, sólo se

Así es como hay que interpretar la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, de la que, por el momento, sólo se conoce el fallo y no los fundamentos jurídicos. Pero es suficiente.

 

Han pasado varios años desde que el Partido Socialista se presentó a las elecciones generales de 2004 con un programa prudente de impulso autonómico para la España plural. Aun reconociendo, en aquellos momentos, que la España real era una España respetuosa con su pluralidad y con su diversidad, y sabiendo que el Partido Popular, en su etapa de gobierno, no había respetado el prestigio que las instituciones se merecen y había hecho del Estado de las Autonomías una confrontación entre ciudadanos y territorios, los socialistas, una vez ganadas las elecciones, decidieron poner en marcha una nueva etapa en la consolidación de nuestro modelo constitucional y autonómico.

 

Es verdad que el Estado autonómico funcionaba bien, razonablemente bien, pero también era verdad que el Estado español, con sus distintos territorios, había evolucionado en los últimos 30 años, produciéndose cambios significativos que llevaban a replantear el modelo, eso sí, respetando los mecanismos y procedimientos previstos en la Constitución española y buscando el consenso en el territorio y la voluntad concordante de las instituciones autonómicas y de las Cortes Generales. Pero, además, algunos Estatutos de Autonomía no se habían reformado nunca desde que se aprobaron los primeros, en 1979, y, otros, adolecían de déficits institucionales, de autogobierno e, incluso, procedimentales. En definitiva, de ineficiencias, distorsiones y desigualdades. Por tanto, impulsar las reformas estatutarias también era un acto de normalidad jurídico-constitucional que no rompía España ni enfrentaba a los españoles. Al menos, se esperaba en aquel momento que la clase política española no iba a utilizar las reformas estatutarias con fines partidarios y electoralistas.

 

Cohesión social

 

De acuerdo con esto, el Presidente Rodríguez Zapatero, en su debate de investidura, y reconociendo que ya existían iniciativas de reformas estatutarias, decidió apoyar las propuestas de reforma en marcha o las que se plantearan en el futuro. Eso sí, el Presidente puso dos condiciones: el respeto a la Constitución y su aprobación mediante mayorías que supusieran un amplio consenso político y social. Se trataba de sumar y no restar. Si las reformas suponían incrementar la cohesión social, adelante. Si se utilizaban como un elemento de fractura, de confrontación, de división o enfrentamiento dentro de una Comunidad Autónoma o entre territorios, no saldrían adelante.

 

La respuesta del Partido Popular no se hizo esperar. En este mismo debate, el Sr. Rajoy, planteó las reformas estatutarias en clave de crispación y ruptura de España. Ya anunció que se opondría “a cualquier modificación que disminuya la solidaridad entre españoles y que no cuente con el mismo apoyo que tuvo el acuerdo anterior”. Poco se podía esperar de esta postura. Y así se percibió en los meses siguientes.

 

Distinto éxito

 

Las propuestas de reformas estatutarias que, desde entonces, llegaron al Congreso de los Diputados, corrieron distinto éxito. En un ácido debate en esta Cámara el 1 de febrero de 2005, la propuesta de reforma del Estatuto vasco fue rechazada y considerada como una iniciativa inviable por su carácter unilateral y contrario a la Constitución española,“una propuesta que no es de todos ni para todos”. En segundo lugar, el Estatuto valenciano, norma institucional básica de una Comunidad Autónoma gobernada por el Partido Popular, superó el trámite parlamentario, no sin polémica, al incorporar la conocida como cláusula Camps y un “derecho al agua” que fue recurrido por la Comunidad Autónoma de Aragón y sobre el que desde finales del 2007 hay sentencia del TC.

Lo que ha heco el TC ha sido mantener la constitucionalidad de los aspectos fundamentales del Estatuto, declarando inconstitucional lo que procedía de acuerdo con el recurso planteado

 

En tercer lugar, el debate durante la tramitación del Estatuto catalán sirvió para rellenar páginas y páginas en los medios de comunicación, que hoy volvemos a recordar tras el fallo del Tribunal Constitucional y una vez ilustrados por la experiencia aportada por el ex ministro Jordi Sevilla en su libro Vertebrando España: el Estado autonómico. Votado en el Parlamento catalán y en el Congreso de los Diputados con el voto en contra del Partido Popular, fue sometido a 7 recursos de inconstitucionalidad, de los cuales, a día de hoy, se ha fallado uno, el planteado por el Partido Popular.

 

La reforma del Estatuto de Andalucía superó la barrera parlamentaria y partidaria, contando esta Comunidad desde marzo de 2007 con un nuevo Estatuto que sustituyó al de 1981. Baleares y Aragón, que ya habían reformado sus Estatutos en varias ocasiones, consiguieron aprobar una nueva reforma. Canarias corrió peor suerte: su Parlamento retiró la propuesta de reforma y el Partido Popular al frente otra vez. Castilla y León, gobernada por el Partido Popular y con el apoyo de la oposición allí y del grupo socialista aquí, tiene nuevo Estatuto de Autonomía. Distinta suerte ha corrido la otra Castilla, Castilla- La Mancha. La cuestión del agua provocó que las Cortes de esta Comunidad Autónoma retiraran la propuesta de reforma del Estatuto. Una vez más, mucho o casi todo tuvo que ver el Partido Popular. En fin, la última propuesta de reforma estatutaria, el estatuto extremeño, continúa su tramitación.

 

Es curioso que haya sido el Partido Popular -que acusaba a Rodríguez Zapatero de romper el país y enfrentar a los territorios- el que realmente haya crispado el debate territorial en nuestro país. Primero, lo ha crispado en el debate parlamentario y en la calle, vendiendo la aniquilación de la nación española y de la arquitectura constitucional y el privilegio de unos ciudadanos frente a otros. Y, segundo, lo ha utilizado partidaria y electoralmente ante las instituciones, como el Tribunal Constitucional, por un puñado de votos. Porque, ¿cómo se puede denominar la incoherencia de la estrategia jurídica del Partido Popular ante el máximo intérprete de la Constitución española? ¿Por qué recurro unos Estatutos y no otros si los artículos son similares?

 

Normalidad democrática

 

En fin, toda una carrera de obstáculos con muchos participantes para criticar al único órgano, el Tribunal Constitucional, que lo ha hecho bien, o, al menos, el que mejor lo ha hecho. Primero, porque el TC es el intérprete supremo de la Constitución, único en su orden y con jurisdicción en todo el territorio nacional. Segundo, porque los Magistrados del TC tienen su mandato prorrogado hasta que los que les sustituyan tomen posesión. Tercero, porque el TC conoce de los recursos de inconstitucionalidad contra los Estatutos de Autonomía, es decir, una vez que se han refrendado, si procede, y se han publicado en el BOE. Cuarto, porque el TC no se ha retrasado al dictar esta sentencia. Todo lo más, ha tardado en votarla. Sólo hay que ver las estadísticas del TC en su web para saber, por un lado, que la media de recursos de inconstitucionalidad sentenciados por el TC cada año es de unos 10 y que durante 2008 y 2009 sólo han dictado 3 y 2 sentencias, respectivamente.

 

¿Ha dedicado el TC mucho tiempo al Estatuto catalán y ha desatendido otros recursos? Por otro, si la media para dictar una sentencia en un recurso de inconstitucionalidad es de 5 a 7 años, y el Estatuto catalán, se ha fallado en menos de 4, ¿podemos hablar de retraso? A día de hoy el TC debe tener unos 200 recursos sin sentencia. ¿Serán estas leyes, todavía sin sentencia, más o menos importantes que el Estatuto catalán? Y, en último lugar, porque a la hora de interpretar los Estatutos de Autonomía y el bloque de la constitucionalidad, el TC no es un órgano nuevo en estas lides.

 

En relación con el modelo territorial existe una amplia doctrina constitucional en nuestro país que, en muy pocas ocasiones, nos deja espacio para la duda. Ni siquiera en las sentencias interpretativas. Si en el Derecho Penal rige el principio de intervención mínima, en este otro ámbito rige el de conservación de las normas jurídicas. Y si interpretándolas de una determinada forma o no interpretándolas de otra se evita expulsarlas del ordenamiento jurídico, mejor para todos, para las instituciones y para los terceros ciudadanos.

 

Y esto es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional en el caso del Estatuto de Cataluña: mantener la constitucionalidad de los aspectos fundamentales del Estatuto, integrándolo en la Constitución y en nuestro modelo territorial, declarando inconstitucional lo que procedía de acuerdo con el recurso planteado e interpretando el resto en términos que a día de hoy desconocemos.

 

Eso es todo. Un acto más de normalidad democrática, aunque le pese al Partido Popular y no lo quieran entender algunas instituciones catalanas.

 

Fuera de Gobierno
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