A vueltas con el Estado de las Autonomías

Desde hace tiempo, probablemente algunos años -o tal vez desde el inicio de la democracia en nuestro país- el Estado de las Autonomías ha sido el

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    Desde hace tiempo, probablemente algunos años -o tal vez desde el inicio de la democracia en nuestro país- el Estado de las Autonomías ha sido el campo de batalla de los partidos políticos, sobre todo del Partido Popular. Algo tiene que ver en esto la posición que los principales partidos mantuvieron ya en 1978 sobre el modelo territorial constitucional. El 18 de julio de 1978 el Congreso de los Diputados se pronunció sobre el voto particular, presentado por Alianza Popular -el actual PP- pidiendo la supresión del Título VIII de la Constitución española, que regula la organización territorial del Estado. Hay que recordar que el Congreso rechazó el voto particular de Alianza Popular por 284 votos en contra, 17 a favor y 2 abstenciones. Unos meses después, el 31 de octubre de 1978, el Parlamento español aprobó la Constitución española. El PSOE votó a favor, en bloque, y Alianza Popular no, dividiendo su voto.

    La Constitución española, en su art. 2, ha reconocido y garantizado “el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”, en el marco de la "indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. Y el Título VIII ha desarrollado la organización territorial del Estado español que, contrariamente a lo que pudiera parecer, está formado por municipios y provincias, además de por Comunidades Autónomas, como bien señala el art. 137 constitucional.

    Y tanto los municipios como las provincias -caso Diputaciones Provinciales- como las Comunidades Autónomas están hoy en el epicentro de la batalla política. Pero me voy a referir sólo a las Comunidades Autónomas, para señalar, en primer lugar, que la derecha de este país se ha opuesto siempre al Estado de las Autonomías. Ésa es la posición que ha mantenido desde 1978 hasta hoy.

    En 1978 lo hemos visto más arriba. Pero en los 8 años de Gobierno del PP, es constatable cómo el Sr. Aznar y su gobierno, del que formaba parte el Sr. Rajoy, alimentaron la confrontación autonómica. También desde 2004. La política autonómica del PP ha girado siempre sobre tres ejes: confrontación, incoherencia y alarmismo. Hay muchos datos que corroboran esta deplorable actuación de quienes han gobernado y pretenden gobernar.

    Por un lado, durante los 8 años de gobierno del PP la confrontación entre territorios y de estos con el Gobierno de España fue máxima. De ello da fe, por ejemplo, el aumento de litigios entre el Gobierno y las CCAA que llegaron al Tribunal Constitucional. Cifra, por cierto, reducida a su mínima expresión desde 2004, con el Gobierno del Sr. Zapatero. Y no olvidemos la campaña publicitaria del PP contra el Estatuto catalán, un hecho inédito en nuestra democracia, o cómo este partido animaba al boicot de los productos catalanes.

    Por otro, la incoherencia demostrada por el Partido Popular estos años ha sido muy llamativa. Voy a poner sólo ejemplos de los más conocidos. El primero de todos ellos: Mientras Rajoy reprochaba a Zapatero haber abierto el melón de las reformas estatutarias, rompiendo España y poniendo en peligro su unidad, las Comunidades del PP impulsaban las reformas de sus Estatutos. La primera, Valencia. Mientras Rajoy -50 diputados y 50 senadores, que son los legitimados- recurría ante el Tribunal Constitucional el Estatuto de Cataluña, el PP de la Comunidad de Valencia y el de Andalucía votaban favorablemente artículos idénticos a los catalanes en la reforma de los Estatutos de estas comunidades autónomas. Mientras Rajoy decía no en el Congreso al nuevo modelo de financiación autonómica, los Presidentes autonómicos del PP votaban sí el 15 de julio de 2009 en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Mientras Rajoy pide austeridad y control del gasto en las autonomías, las Comunidades del PP piden mayor gasto del Estado en su territorio. Mientras Rajoy pide medidas que racionalicen las autonomías, el Presidente gallego se despacha rompiendo España con un catálogo de medicamentos diferenciado del nacional.

    Un discurso alarmista

    El modelo autonómico español ha sido un éxito: ha acercado el Gobierno a los administrados y la gestión de los grandes servicios públicos a los ciudadanos; ha aproximado y nivelado la renta y la calidad de vida entre la ciudadanía

    Por último, el Sr. Rajoy ha generado un continuo alarmismo con ocasión de las reformas estatutarias, vertiendo opiniones interesadas respecto a que esas reformas eran innecesarias y acabarían rompiendo España. Con el Plan Ibarretxe, España se situaba al borde del abismo. Con el Estatuto catalán, España se rompía. Ha sucedido lo contrario: España y sus representantes le han dado al Sr. Rajoy una lección de democracia y de fortaleza institucional. El Plan Ibarretxe fue rechazado por el Congreso de los Diputados y las reformas estatutarias han salido adelante. Algunas sometidas al juicio del Tribunal Constitucional. Como no podía ser de otra manera. Ese proceso no ha tenido el perfil peligroso que algunos aventuraban hace unos años. Nada de lo previsto ha sucedido. Lejos de desvertebrar España, se ha hecho más fuerte. Y ello sin dificultad alguna para aceptar la España diversa y plural de sus pueblos y culturas como la España real.

    Un ejercicio responsable en política pasa por reconocer que el Estado de las Autonomías -en el que tan importante es el todo como las partes- ha proporcionado a nuestro país no solamente estabilidad, progreso económico y bienestar social, sino también una nueva identidad nacional, produciendo una descentralización política jamás conocida hasta ahora en la historia de España. El modelo autonómico español ha sido un éxito: ha acercado el Gobierno a los administrados y la gestión de los grandes servicios públicos a los ciudadanos; ha aproximado y nivelado la renta y la calidad de vida entre la ciudadanía española, independientemente del lugar donde viven; y ha favorecido el impulso y el crecimiento de algunas regiones españolas tradicionalmente marginadas por el centralismo de épocas anteriores. Hemos crecido mucho y hemos construido una sociedad más justa y más equitativa. Desde hace 32 años España vive la mejor etapa de su historia en términos políticos, económicos y sociales.

    En estos años se han dado pasos significativos en una ruta en la que el Partido Socialista, y también el presidente del Gobierno, han jugado un gran papel. En estos años, Zapatero ha recuperado el diálogo y la normalidad institucional con todas las Comunidades Autónomas desde una concepción plural e integradora; propuso y desarrolló una nueva agenda territorial que aceptaron todos los Presidentes autonómicos; ha facilitado la reforma de 7 Estatutos de Autonomía; ha creado la Conferencia de Presidentes autonómicos; convirtió en realidad la aspiración de las Comunidades de sentarse y participar en las reuniones de la UE; reactivó lo mecanismos de cooperación con las Comunidades Autónomas y ha aprobado un nuevo modelo de financiación autonómica sin ningún voto en contra de ninguna Comunidad Autónoma. El Gobierno de Zapatero ha subsanado en parte, con las reformas estatutarias, las lagunas y necesidades de adaptación a nuevos tiempos y nuevas realidades que se han observado en tres décadas.

    Un paso adelante

    Ahora bien, ¿es nuestro modelo autonómico perfecto y no hay nada que cambiar? Parece que no. Ahora hay que dar un paso más. Es evidente que hay fallos en el funcionamiento ordinario del Estado de las Autonomías. Y no sólo por razones económicas y de coordinación y cooperación con las Comunidades Autónomas. En mi opinión, estas razones, y otras muchas, deben imperar en cualquier momento y en cualquier ámbito. La austeridad, el control, la transparencia, la participación y la colaboración deben estar en el frontispicio de cualquier organización. Pues claro que las Comunidades Autónomas tienen que cumplir los objetivos de déficit, como los está cumpliendo el Gobierno de España. Y claro que las Comunidades Autónomas tienen que llevar a cabo “actuaciones concertadas” evitando duplicidades y mejorando en eficacia y productividad. Faltaría más. Y menos Universidades, menos Centros Tecnológicos, menos infraestructuras, menos viviendas, menos leyes, decretos y reglamentos, menos de todo… si me apuran. Menos es más (el less is more, de Mies van der Rohe) también en nuestro país y en el Estado de las Autonomías.

    Me refiero a otra cosa: no se puede mantener permanentemente abierto el modelo territorial español, cuando por abierto se entiende transferir/reinterpretar las competencias estatales con las herramientas que nos proporciona la Constitución –en el mejor de los casos- para poder gobernar. Necesariamente, hay que repensar el Estado de las Autonomías. Ideas no faltan en los últimos meses: desde las descabelladas y no concretadas del Sr. Aznar hasta los sesudos análisis universitarios, pasando por los diversos informes de parte y los programas electorales para las próximas elecciones autonómicas. Los veremos.

    María Antonia Trujillo, ex ministra y diputada socialista
    Fuera de Gobierno
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