¿Y si Rajoy tiene razón y es mejor retrasar el nombre de los candidatos?

En varias ocasiones hemos hablado en Intención de Voto de cómo el sistema electoral español no deja de ser la introducción en las urnas de listas con nombres que han sido seleccionados por el órgano directivo de cada partido. Todas las formaciones políticas españolas –PP, PSOE, IU, UPyD, C’s, incluso Podemos–, para elaborar sus listas se rigen por el mismo criterio, que es la Ley de Hierro de la Oligarquía, ley que fue magistralmente descrita por el sociólogo socialista Robert Michels en su clásico libro de 1910 Los partidos políticos.

Michels sostiene que toda formación precisa de una minoría que la gobierne; y cuanto más grande sea dicha formación, mayor organización y especialización necesita para ejercer de manera efectiva el mando. Michels señala que el precio a pagar para que la organización funcione es la concentración del poder. Pero la concentración de poder con facilidad puede degenerar en burocratización, arbitrariedad y cierre de la élite en torno a sí misma, que así ya no velaría tanto por los intereses del partido como por los suyos propios. De producirse este descenso ético, los casos de corrupción, como es lógico, no tardan en aparecer.

Tras esbozar rápidamente el funcionamiento de Ley de Hierro de la Oligarquía, regresemos ahora al escenario político español. Aunque tenemos 52 listas electorales, una por provincia, cada formación siempre tiene un líder cabeza de cartel, que en el caso de los grandes partidos con vocación de gobierno suele ser el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición.

El recorrido de estos grandes candidatos es variopinto: Mariano Rajoy, por ejemplo, es gallego de Santiago de Compostela con puesto de registrador de la Propiedad por Alicante que comenzó siendo diputado en Pontevedra y ahora lo es por Madrid. José Luis Rodríguez Zapatero entró en política como diputado por León y, ya como cabeza de cartel, luego lo hizo por Madrid. Alfredo Pérez Rubalcaba ha sido diputado por Cantabria, Cádiz y Madrid.

Entendemos que el liderazgo de los políticos de primer nivel goce de cierta extraterritorialidad a la hora de ejercer y diseñar su mandato. Más difíciles de atisbar son los criterios empleados para designar a todos y cada uno de los políticos que irán en las próximas listas de las 52 provincias electorales. Estos criterios pueden ir desde el amiguismo con la dirección del partido, que le buscaría al candidato en cuestión un cómodo puesto en aquella circunscripción donde estaría garantizada su elección, al interés del órgano directivo en que un candidato X concurra por la provincia Y para que luego allí gane las elecciones… o las pierda.

Rajoy y Garzón, los únicos designados

En cualquier caso, las listas casi siempre se diseñan pensando en aminorar al máximo los riesgos electorales porque, al final, el destino de todo partido político acaba estando en las siempre inciertas manos de los electores. Y, a día de hoy, si fijamos la vista en las próximas elecciones generales de 2015, las casillas con los nombres de los candidatos nombrados están bastante desiertas. Mariano Rajoy y Alberto Garzón son los únicos que por el momento han sido oficialmente designados.

El PSOE continúa en sus luchas internas, en las que unos actúan y otros aguardan su momento. UPyD, tras el frustrado intento de entendimiento con Ciudadanos, posiblemente no tarde mucho en nombrar a Rosa Díez de nuevo candidata. Ciudadanos tampoco ha nombrado candidato y, por el momento, de manera oficial su única cabeza reconocible es Albert Rivera, que sigue centrado en su trabajo en el Parlament catalán. Podemos tiene una clara cabeza visible con Pablo Iglesias, que presumiblemente liderará la lista de su partido en la carrera hacia la Moncloa. Así pues, todos los partidos –salvo el PSOE–, pese a que todavía no han nombrado candidatos, al menos sí disponen de unos claros cabezas de cartel.

Este es el escenario que nos encontramos a un año de las elecciones generales. ¿Es importante designar un candidato con tiempo? El funcionamiento de democracia española desde 1978 nos hace pensar que sí. Felipe González era líder del PSOE en 1974 y llegó a la Presidencia del Gobierno ocho años más tarde. Aznar, que entró en la Moncloa en 1996, llevaba desde 1990 como presidente del PP, mientras que Rajoy llegó a la Presidencia del Gobierno al tercer intento. Zapatero, en cambio, entró en la Moncloa a la primera, pero lo hizo después de unos años de fuerte presencia en la escena nacional.

¿Perseverancia? ¿Familiaridad con los centros de poder? ¿Talento? ¿Suerte? Todos estos factores, en mayor o menor medida, han influido no poco en la biografía política de los presidentes españoles, pero la historia reciente de las elecciones generales nos permite afirmar que para llegar al Gobierno acaba teniendo más relevancia ser conocido por tener a las espaldas un sólido recorrido que por resultar ser el tipo más guapo o carismático del barrio. Fijémonos en el ejemplo del siguiente gráfico:

Tras la derrota de 2004, Rajoy volvió en 2008 a concurrir frente a Zapatero. El gallego tenía la peor percepción en confianza para el 40% de los encuestados. Este también era el porcentaje que valoraba al leonés con alguna o mucha confianza. En la preelectoral del CIS no había ninguna duda de que cuatro años de políticas sociales, de extensión de derechos y de crecimiento económico propiciaron la reelección del líder socialista.

Tres años más tarde (2011), los números de Mariano Rajoy, en la correspondiente preelectoral del CIS no mejoraron. Es más, en la categoría “ninguna confianza” repetía con el 40 %, pero Zapatero se hundía y Rubalcaba, como todo mérito, lograba empatar con Rajoy. Los españoles, en las elecciones generales de 2011, tenían la percepción subjetiva de tener que decantarse por el menor de dos males:

En el adelanto del barómetro de enero del CIS, publicado la semana pasada, Mariano Rajoy puntúa en “Ninguna confianza” por encima del 60%. Podríamos argumentar que las tendencias en las encuestas del CIS, a consecuencia de su metodología, están orientadas hacia la izquierda, algo que ya mostramos en IdV. El propio CIS lo reconoce cuando modula la intención de voto para proporcionar escenarios que consideran más realistas.

Ahora pasamos a introducir un concepto nuevo en el blog; nos referimos al término de Coeficiente Neto de Favorabilidad (CFN). Esta larga denominación sirve para referirse a una resta de porcentajes entre los votantes que son favorables a un candidato menos aquellos otros que no lo son en absoluto. En la encuesta del pasado domingo de Metroscopia para El País vemos una comparativa que incluye este ratio. El presidente del Gobierno, de nuevo, vuelve a no salir bien parado: es el más conocido del conjunto pero el peor valorado:

También vemos que Albert Rivera es el mejor valorado aunque puede que juegue a su favor ser el menos conocido. Pero es un hecho que es el único con saldo positivo de CNF y eso que aún no sabemos si va a saltar a nivel nacional.

Otro dato digno de destacar. Metroscopia da como partido más votado a Podemos, pero Pablo Iglesias presenta 20 puntos negativos en el CNF ya que más de la mitad de los encuestados le suspende como personaje político, dejándole en la segunda mitad de la tabla. Resulta por tanto evidente que Iglesias no es el que mejor cae entre el conjunto de la ciudadanía -ya hemos visto que esto tampoco es necesario- pero, en cambio, es el segundo político más reconocido, y ello pese a que carece de un largo recorrido en el escenario de la política española. Una cosa está clara: Podemos ha dejado en evidencia a todos los partidos al despegar con la fuerza que lo ha hecho en cuestión de apenas unos meses. Ahora bien, ¿a qué votantes ha atraído Podemos para lograr este espectacular despegue inicial?

Podemos, por ahora y según datos que hemos ido acumulando de CIS y Metroscopia, atrae a votantes del PSOE (25 % de su total), de IU (45 %) y del abstencionismo profundo (16 %) o nuevos votantes. Hasta aquí, nada inesperado. El PP, dicho sea de paso, es el partido con mayor fidelidad entre sus votantes, y aun así pierde uno de cada tres votos: su gran fuga –dejando aparte el fenómeno Ciudadanos, del que esperamos hablar en breve– estaría siendo hacia la abstención. Detengámonos por un segundo y fijemos la atención en los datos que acabos de proporcionar en este párrafo: suponen la confirmación de la clásica tesis de que una alta abstención favorece a los populares, mientras que su gran riesgo es que las bases del PP se les queden en casa.

Pero volvamos a la línea principal de nuestra argumentación. ¿Cuál es el perfil de los votantes de Podemos? Son jóvenes, mayoritariamente varones, de formación altamente especializada –habitualmente con título universitario–, con dificultades de empleabilidad, frecuentes usuarios de la tecnología –suelen informase vía internet aunque también ven con asiduidad laSexta– y aficionados en general a las nuevas tendencias. Están interesados en la política pero son contrarios a los políticos del establishment. Este perfil de joven activo es el mayoritario entre los votantes de Pablo Iglesias, y es el que luego arrastra a otros perfiles socialmente más rezagados pero que también esperan una alternativa de Podemos. Ahora bien, tal y como comprobamos en la reciente manifestación de Madrid, la variedad en la autoubicación ideológica de sus votantes –desde progresistas liberales a socialistas, pasando por comunistas o ecologistas– en cualquier caso no deja de situarles claramente a la izquierda si tomamos con referencia el conjunto de la sociedad española.

En función al perfil de sus propios votantes, el candidato idóneo de Podemos claramente es un outsider de la política, pero ¿por cuánto tiempo detentará Pablo Iglesias dicho rol? ¿Lo dejará de ser cuando finalmente consiga su acta de diputado nacional? Mención aparte merecen los presuntos casos de corrupción que afectan a la cúpula de Podemos o a gente muy próxima a la misma, así como la férrea defensa que Iglesias está haciendo de estas personas. De confirmarse estas sospechas por vía judicial, se vería muy mermado uno de los principales atractivos que Podemos tiene para sus votantes, que es posicionarse en el adanismo político para desde ahí llamar ‘casta’ al conjunto de la élite política.

Como ven, la ley sobre las oligarquías de los partidos políticos expuesta por Robert Michels en 1910, para bien o para mal, acaba siempre por hacer acto de presencia. No por casualidad, cuando le buscó un nombre a dicha ley, el sociólogo alemán la calificó como “de hierro”.

* José Barros (@barrospress) es periodista y consultor de comunicación. Enrique Cocero (@EnriqueCocero) es fundador de la consultora de análisis 7.50 y miembro del consejo asesor de GovernmentConsultingGroup.