El año del apagón

El primer año del mandato de Mariano Rajoy, que el viernes pasado cumplió el aniversario de su toma de posesión como presidente del Gobierno, podría resumirse de esta forma: 365 días de austericidio, y lo peor aún está por llegar. Ha sido el año del apagón.

Tanto o más que la frenética actividad de la segadora gubernamental, en la gestión de Rajoy sobresale la ausencia de cualquier indicio de que el Gobierno tenga un plan para la reforma del modelo productivo y la recuperación del crecimiento. Y, junto a ello, la ausencia de cualquier señal de disposición sincera a buscar grandes acuerdos para salir de la crisis. El margen que ha dejado para el consenso es casi inexistente, pero, aunque escaso, todavía lo hay. Y está, precisamente, en esas políticas, en la posición dentro de la Unión Europea y en una reforma que devuelva la estabilidad a la articulación territorial del Estado.

Convendría a Rajoy, aunque sólo fuera en beneficio del juicio que de él hará la posteridad, tener en cuenta algunas de las consideraciones que a propósito del consenso escribió Sheldon S. Wolin en Política y perspectiva: “Una zona de acuerdo sirve de base al arte de gobernar; permite a la autoridad política encarar las zonas de divergencia con la seguridad de que algunos problemas han sido temporalmente resueltos. (…) Una sociedad que concuerda con respecto a ciertas cuestiones es más propensa a aceptar medidas políticas referentes a problemas más controvertidos. De esta manera, deja al gobierno algún espacio para maniobrar. Cuando existe cierta unidad, el gobierno puede dedicarse al arte sutil de asimilar las continuas arremetidas de los grupos, y emprender una ardua exploración de las zonas en que se puede lograr que la comunidad ceda sin quebrarse”.

La fractura social

Tanto o más que la frenética actividad de la segadora gubernamental, en la gestión de Rajoy sobresale la ausencia de cualquier indicio de que el Gobierno tenga un plan para la reforma del modelo productivo. Y, junto a ello, la ausencia de cualquier señal de disposición sincera a buscar grandes acuerdos para salir de la crisisMientras que el Gobierno inocula ideología neoliberal y métodos privatizadores en cada recorte, sin acompañar la poda con abono para repoblar el terreno devastado, y con la clase media ya arrasada por la crisis, la sociedad española se fractura de forma cada vez más manifiesta entre quienes todavía pueden costearse viejos derechos convertidos en nuevas mercancías y los que ya no pueden o están en camino de no poder. La situación es merecedora de la máxima alerta porque, como señala Zygmunt Bauman (Vida de consumo): “Así como la resistencia de un puente no se mide por la fuerza promedio de sus pilares sino por la del pilar más débil, y la resistencia total crece a medida que aumenta la de este último, la confianza y los recursos de una sociedad se miden en función de la seguridad, los recursos y la confianza de sus sectores más débiles”.

En 2012, la crisis se ha generalizado en España a todas las capas sociales, como así lo prueba el hecho de que ya no salen a protestar sólo los parados y los sindicalistas, sino que proliferan las manifestaciones de cuello blanco. A este ánimo de rebeldía social, que desmiente la presunción de apatía resignada de los españoles, no es ajeno el que se vaya consolidando la impresión de que todos los recortes, desde la subida de impuestos al copago farmacéutico pasando por el impago de la subida del IPC a los pensionistas, llevan camino de convertirse en “provisionalmente definitivos”.

“Muchos éramos del PP”, rezaba la pancarta que, el 5 de diciembre, portaba una mujer entre la multitud de madrileños que se manifestó ante la Asamblea regional en protesta contra el proceso de privatización de la Sanidad que ha puesto en marcha el Gobierno autonómico de Ignacio González. Más que una anécdota, esa pancarta es un aviso en toda regla para el PP, porque los estudios demoscópicos reflejan que está sufriendo una acelerada sangría en la fidelidad de voto de quienes le dieron su apoyo hace tan sólo un año.

Lo de menos, para lo que viene al caso, es que este desafecto no lo capitalice el PSOE. Lo relevante es que ese distanciamiento entre el partido del Gobierno y su electorado, que se ubica en posiciones más centristas que las que se plasman en las políticas gubernamentales, constituye una seria advertencia de que pueden acrecentarse los conflictos sociales y la marea del malestar puede desbordar las instituciones, porque lo peor de los recortes es que están arramblando con todos los fundamentos de la cohesión social. Y, como advierte David Riesman (La muchedumbre solitaria), “si en algún momento los indignados se unieran a los indiferentes, los primeros podrían tornarse muy poderosos”.

Administradores de la crisis

Una de las grandes lecciones de los comicios autonómicos de noviembre en Cataluña fue que los grandes partidos pierden cuando abandonan el espacio de la centralidad. Esperanza Aguirre escribió pocos días después en ABC que aquellas elecciones fueron “un castigo para quienes no son claros”, pero los electores castigan también a quienes hacen lo contrario de aquello que se espera de ellos, como pudo comprobar el PSOE con Zapatero. Y Rajoy ha cruzado todas las líneas rojas que él mismo había trazado, no sólo en su programa electoral, sino también en compromisos asumidos como presidente, en una exhibición de ejercicio autoritario del poder.

La excusa de la herencia recibida todavía funciona como parapeto, pero llegará un momento, más pronto que tarde, en que deje de hacerlo. Y, cuando eso ocurra, Rajoy va a necesitar algo más que un Gobierno de administradores de la crisis que van dando tumbos de una medida de emergencia a otra, sin demostrar ambición alguna con visión de futuro ni proyecto de resolución para los problemas recurrentes de España. Si no rectifica, Rajoy puede acabar convertido en un prisionero de la Moncloa, acorralado por las protestas. Y, lo que es peor, puede que el país no sobreviva a su cuatrienio.