Esquilmados e indefensos

Los pecheros de la crisis, que como siempre no son otros que los miembros de la clase trabajadora (más o menos pudiente), han de apechugar también con los muros infranqueables de la burocracia y con las estafas legales de las grandes compañías de servicios, que actúan como émulos de los antiguos corsarios. Ya lo dice la sabiduría popular: “A perro flaco, todo son pulgas”. Pero también lo sentenció Platón: “La extrema injusticia es que lo injusto sea tenido por justo”.

Manotean los políticos desbrujulados ante la crisis y los palos de su ceguera van a dar en las espaldas de los ciudadanos de a pie, que en la oscuridad del túnel se ven esquilmados e indefensos ante los abusos de los poderes, públicos y privados, sin tribunos que velen por resolver sus problemas cotidianos. Pequeños granos de arena que acaban levantando montañas. Dos granos de arena:

1.- El copago farmacéutico. El ciudadano X se quedó sin trabajo a comienzos de año y su único ingreso es la prestación por desempleo. Desde julio, cuando entró en vigor el copago farmacéutico, cada vez que compra un medicamento debe pagar el 50% de su precio. El porcentaje se establece en función de la información fiscal “consolidada” del Ministerio de Hacienda, que ahora corresponde al año 2010, cuando él tenía unos ingresos muy superiores a los actuales. Así, lo que sobre el papel parece justo (baremos de copago por nivel de renta) en la práctica se convierte en injusto para millones de ciudadanos.

El copago farmacéutico se aplica con datos desfasados del Ministerio de Hacienda

El ciudadano X, creyéndose víctima de una injusticia, acude a la Agencia Tributaria, donde una amable funcionaria le lee la circular en la que Hacienda se lava las manos y remite al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o a los consultorios médicos. En el INSS, otro amable funcionario le remite a la Consejería de Sanidad de su comunidad autónoma con el argumento de que las competencias sanitarias son de ámbito autonómico. En la Consejería, un no menos amable funcionario le comunica que carecen de instrucciones para atender las reclamaciones de actualización de los datos fiscales aplicados al copago farmacéutico y le aconseja que, salvo que quiera gastar lo poco que ingresa en papel, tinta, sellos y tiempo, desista de hacerlo por escrito ya que obtendrá la misma respuesta.

El peregrinaje concluye en su consultorio médico, donde una empleada que debía ocuparse de facilitar la atención a los enfermos consume su tiempo en tareas burocráticas. Le entrega un formulario oficial para la comunicación de “discrepancia de datos”, que -salvo cambio en la regulación- persistirá en 2013 porque la previsión de Hacienda es que la próxima actualización se hará, cuando se haga, con los datos “consolidados” de 2011.

De regreso a su casa, el ciudadano X compra unas aspirinas para combatir el dolor de cabeza que le ha provocado darse repetidamente con la cabeza contra el muro de la burocracia. Paga por las aspirinas el porcentaje fijado para una renta que no tiene, pero su dolor de cabeza se acentúa al pensar en que el desfase se mantendrá en 2013, aunque Hacienda dispone de todos los datos sobre su actual situación económica.

2.-  Fraudes de las telefónicas. El ciudadano Y, también sin empleo, intenta ajustar sus gastos cambiando a la operadora telefónica que mejores condiciones le ofrece. La oferta incluye un determinado servicio gratuito por un tiempo limitado, al término del cual deberá confirmar si desea mantenerlo mediante el pago correspondiente o no.

Antes de vencer la promoción, se pone en contacto con el Servicio de Atención al Cliente para comunicar que no desea mantener ese servicio. Un agente le informa de que no necesita hacer ninguna gestión puesto que, al ser un servicio asociado a una tarjeta de prepago, caduca si no se reactiva.

Una maraña de burocracia intenta que los ciudadanos desistan de reclamar sus derechos

Tiempo después, al revisar una factura, descubre que le están cobrando una cuota por el servicio que creía cancelado. Al reclamar su devolución, su petición sólo se acepta parcialmente al amparo de que no consta ninguna reclamación previa. El ciudadano se pregunta cómo puede reclamar por una facturación incorrecta antes de recibir esa facturación. La agente, que ya ha consumido más tiempo del que tiene fijado para atender a cada cliente, concluye la conversación malhumorada y sin aceptar la reclamación por un perjuicio ocasionado por la información inexacta que ha proporcionado la propia compañía.

Pero el ciudadano Y no se resigna. Reclama a través del servicio online. Le responden repitiendo la información de la que él ya dispone, pero sin atender a su reclamación, una cantidad menor que sumada a otras muchas cantidades menores va a engrosar la cuenta de resultados de la operadora. Ni siquiera puede cambiar de compañía porque le han hecho prisionero al obligarle a firmar un contrato de permanencia que a todas luces atenta contra la cacareada liberalización de los servicios.

Después de hablar con media docena de agentes en distintos números de Atención al Cliente y de enviar un sinfín de e-mails, el ciudadano Y se siente como una pelota de ping-pong y desiste de seguir reclamando.

Sepultada entre la marea de la amenaza secesionista de Cataluña, el avispero islamista que se revuelve contra Occidente y el endurecimiento del Código Penal impulsado por Alberto Ruiz-Gallardón, hace unos días pasaba casi desapercibida la noticia de que la Fiscalía pide una multa de 455 euros para los autores del hurto en un supermercado de mercancías valoradas en menos de 26 euros. Mientras las autoridades se aplican con denuedo a perseguir y castigar actos impulsados por estados de desesperación ante la imposibilidad de satisfacer necesidades de primer orden (el orden público es la nueva prioridad de los gobiernos), los ciudadanos desarbolados por la crisis se preguntan dónde están los fiscales del pueblo para perseguir los atracos legales que se perpetran contra ellos.